(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
El sábado 4 de mayo, hombres armados desconocidos abrieron fuego y lanzaron una granada a un prominente grupo de líderes afrocolombianos en la ciudad de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca suroeste. El ataque es emblemático del deterioro de la situación de seguridad que afrontan los dirigentes de derechos humanos en las comunidades étnicas, así como la incapacidad del gobierno colombiano de proporcionarles medidas básicas de protección y justicia.
Varias de las organizaciones que estuvieron bajo ataque—incluyendo el proceso de comunidades negras, la Asociación de Consejos Comunitarios Afrocolombianos (ACONC), y la Asociación de Afro-descendientes de la Comunidad de las Mujeres del Norte del Cauca (ASOM) han desempeñado un papel muy importante con respecto al histórico acuerdo de paz de Colombia 2016, así como otros movimientos nacionales para salvaguardar los derechos ancestrales de la tierra y para protestar contra la violencia.
Otros presentes en la reunión incluyen a activistas de derechos humanos y a los antiguos colegas de WOLA, Carlos Rosero, Francia Márquez, Clemencia Carabali, Victor Hugo Mina y Sofia Garzón, y otras 20 personas, incluyendo acompañantes internacionales y dos niños. Dos guardaespaldas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia que respondieron valientemente al ataque resultaron heridos.
El 6 de mayo, varios líderes que asistieron a la reunión, recibieron una amenaza de muerte por texto amenazante, alertando que “lo que sucedió el sábado fue sólo el comienzo del exterminio de todos”.
Desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno colombiano se ha estancado en la implementación de aspectos clave del acuerdo, lo que lleva a la violencia continua en las antiguas zonas de conflicto como el departamento del Cauca. Aquellos que luchan por defender los derechos humanos y la consolidación de la paz en estas zonas continúan enfrentando amenazas y asesinatos, con comunidades indígenas y afrodescendientes particularmente afectadas.
Desde la firma del acuerdo de paz, más de 430 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, con 106 muertos solo en el Cauca, según grupos locales de derechos humanos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) ha contabilizado al menos 47 líderes sociales o miembros de comunidades étnicas vulnerables en lo que va del año. Muchos incidentes se han concentrado en los antiguos centros del conflicto, entre ellos el departamento del Cauca y el Chocó.
En particular, las organizaciones de derechos afrocolombianos que fueron atacadas formaron parte de una coalición, la Comisión Étnica, que ayudó a asegurar la inclusión histórica de un Capítulo Étnico en el acuerdo de paz de 2016. Este Capítulo salvaguarda los derechos de las minorías étnicas en la implementación de la paz en Colombia, mientras que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto de 53 años de Colombia en los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Estas organizaciones también formaron parte del pilar de la Marcha de Mujeres Negras 2014, en la que mujeres afrocolombianas, encabezadas por Francia Márquez, caminaron desde Cauca hacia Bogotá para instar al gobierno colombiano a garantizar sus derechos a sus tierras ancestrales y proteger a la comunidad de la violencia y la minería ilegal que está devastando a las personas y al medio ambiente. La recurrente resistencia pacífica también ha sido documentada en la serie documental de PBS del año 2011.
Como la figura pública más prominente de esta lucha colectiva, Francia Márquez fue galardonada con el Premio Nacional de derechos humanos de Colombia en 2015 y el Premio Medioambiental Goldman en 2018. A sus espaldas hay miles de afrocolombianos que sufren la violencia, desplazamiento, y abuso a manos de los grupos armados ilegales e intereses de negocio.
Durante años, WOLA se ha unido a sus compañeros para instar a las autoridades colombianas y estadounidenses a actuar en el deterioro de la crisis de seguridad que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos, una crisis que afecta desproporcionadamente a comunidades afrocolombianas e indígenas.
Sin embargo, a medida que la violencia continúa, y como lo ilustra este último ataque flagrante, no ha habido ningún esfuerzo real por parte del gobierno colombiano. Si bien puede haber algunos reordenamientos institucionales, eventos públicos y ocasionales tweets, poco se ha puesto en práctica para evitar que se cometan más asesinatos.
La falta de preocupación del gobierno colombiano con respecto a los intereses y las amenazas a las minorías étnicas se hizo evidente anteriormente en la reacción agresiva de las autoridades hacia un movimiento de protesta nacional conocido como “minga”. De hecho, desde que el gobierno de Duque asumió el poder, ha habido un retroceso significativo en el apoyo a los derechos de las minorías étnicas y la proporción de una protección adecuada.
¿Qué pasa ahora?
Con el fin de detener estos asesinatos, la administración de Duque debe adoptar un enfoque multidimensional de la crisis de seguridad.
El primer paso es avanzar y aplicar con valentía el acuerdo de paz, como se finalizó en 2016, priorizando el capítulo étnico. El acuerdo de paz contiene mecanismos para garantizar el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y la aplicación efectiva de medidas de protección colectiva específicas para las minorías étnicas, tal como han sido diseñadas por estas mismas comunidades.
Segundo, las investigaciones sobre los ataques y asesinatos de líderes sociales deben dar lugar a que los conspiradores intelectuales y materiales sean sancionados y encarcelados. Con demasiada frecuencia, Colombia se sale con la suya diciendo que sus situaciones críticas de derechos humanos están “bajo investigación.” Entonces, una vez que la presión internacional desaparece, no hay más avances en el caso y los perpetradores quedan libres.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que todo lo anterior se lleva a cabo debido a la legislación estadounidense que incluye las condiciones de derechos humanos vinculadas a la asistencia militar de los Estados Unidos. Es fundamental que el gobierno estadounidense le pregunte a Colombia por qué los perpetradores del ataque del sábado pudieron pasar a través de los puntos de control de las fuerzas de seguridad sin ningún problema.
Además, el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar de inmediato la Resolución 713 de la Cámara de Representantes Hank Johnson (D-GA) para solicitar el apoyo del Congreso al Decenio Internacional de Afrodescendientes de la ONU. Esto ayudará a abordar el racismo y otros problemas estructurales que subyacen a la crisis de seguridad que enfrentan los afrocolombianos.