(AP Photo/Marco Ugarte, File)
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El 18 de julio de 2019 se venció el plazo para que el actual fiscal general de la República de México, Alejandro Gertz Manero, designe a la primera persona que servirá como fiscal especializado en derechos humanos en el país. Desde las discusiones iniciales sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018, nuestras organizaciones han apoyado la creación de este órgano especializado, debido a la urgencia y necesidad de una respuesta institucional frente a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, y a la impunidad que persiste en la mayoría de estos casos, que ha sido documentada por la mayoría de organismos y procedimientos de protección de los derechos humanos a nivel internacional y regional.
En este momento crítico para México, expresamos nuestra preocupación por el retraso en este crucial nombramiento, de importancia fundamental para garantizar la justicia para miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país, y exhortamos al fiscal general a llevarlo a cabo respetando los mecanismos de transparencia, meritocracia y participación ciudadana establecidos en la ley.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la FGR, en su Artículo 22, antes de realizar este nombramiento, el fiscal general debe elaborar y publicar el perfil de la persona que ocupará este puesto. Esta persona debe ser alguien cuya trayectoria profesional le permita enfrentar estratégicamente el gran número de violaciones a los derechos humanos, y con las capacidades para dirigir investigaciones altamente complejas. Asimismo, debe tener una fuerte capacidad de trabajar con las víctimas de estos delitos y sus familiares, como es el caso para las más de 40,000 personas desaparecidas en el país.
Asimismo, la legislación orgánica garantiza los principios de máxima transparencia y publicidad, que exigen expresamente que el fiscal general haga pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba, solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad.
El procedimiento debe incorporar también, los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley, por lo que debe emitirse una convocatoria abierta para seleccionar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que incluya la posibilidad de aportar información relevante sobre los aspirantes así como de asistir y proponer preguntas durante las comparecencias. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias deben tener un rol fundamental en este proceso.
La obtención de justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ha sido posible, en muchos países de la región, gracias a la creación de dependencias o unidades especializadas para la investigación de los hechos y la persecución de los responsables. Estos organismos han permitido identificar patrones delictivos y comprender la complejidad y amplitud de los fenómenos criminales y de los contextos que facilitan estas violaciones, además de perseguir a los perpetradores de estos delitos, que muchas veces han involucrado a altos mandos de los cuerpos de seguridad estatales.
Por demasiado tiempo los perpetradores de violaciones a los derechos humanos en México no han sido ni investigados ni sancionados, dejando a las víctimas sin un acceso verdadero a la justicia y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de derecho en el país. Esta situación es especialmente grave, en un país que mantiene tasas de impunidad casi total. La creación de una Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos es una oportunidad histórica en México para tomar pasos firmes para garantizar la justicia para las víctimas y para mostrar el compromiso institucional de la nueva Fiscalía General autónoma, con la protección de los derechos humanos en el país.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes urgimos que el primer fiscal especializado en derechos humanos sea idóneo para el cargo, y que el procedimiento de selección sea transparente y participativo, al considerarlo esencial para poner fin a la crisis de derechos humanos en México y para garantizar la justicia para las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias.
Organizaciones firmantes:
Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT-France)
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
