21 Nov 2019 | Pronunciamiento de WOLA

El gobierno mexicano necesita investigar el asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano

La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo subraya la crisis de seguridad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos mexicanas.

Washington, DC—Ayer, el cuerpo del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano fue hallado en una fosa clandestina en una zona de Tlapa, Guerrero. Arnulfo se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre de este año. Su desaparición y asesinato subrayan la precaria situación de seguridad que viven muchas personas defensoras de derechos humanos en México actualmente. Por lo menos 24 defensores han sido asesinados desde el inicio del gobierno de López Obrador, y aún no ha habido respuesta contundente por parte del gobierno mexicano para garantizar su seguridad, investigar los delitos contra estos activistas y llevar a los responsables ante la justicia.

Arnulfo Cerón Soriano fue activista y defensor de derechos humanos integrante del Frente Popular de la Montaña. Antes de su desaparición, había recibido varias amenazas por su labor de defensa de derechos humanos, tanto de particulares, así como una campaña de deslegitimización por parte de medios locales en la que incluso participaron autoridades locales. Después de su desaparición el 11 de octubre, WOLA se unió a los esfuerzos de muchas organizaciones mexicanas e internacionales para exigir al gobierno mexicano dar con su paradero.

El 19 de noviembre, el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan iniciaron una segunda jornada de búsqueda para Arnulfo Cerón que contó con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado. Entendemos que fue en el contexto de esta jornada que encontraron los restos de Arnulfo Cerón.

Frente al asesinato del compañero Arnulfo, el gobierno mexicano debe llevar a cabo una investigación immediata y de fondo sobre su desaparición y homicidio. Dicha investigación tiene que terminar en la sanción de los responsables, incluyendo los autores intelectuales de estos delitos. Al mismo tiempo, el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Arnulfo Cerón y las y los integrantes del Frente Popular y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, sobre todo por las condiciones de inseguridad en Tlapa donde se ha denunciado una colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado.

Por último, el gobierno de López Obrador está obligado a implementar acciones que garanticen la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos mexicanas, cómo sería el funcionamiento eficaz del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, y así prevenir más asesinatos trágicos como el de Arnulfo Cerón Soriano o de los otros 23 defensores asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia.