(AP Photo/Arnulfo Franco)
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El 1 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos organizó una audiencia virtual acerca de las desapariciones forzadas en América Latina. El comité escuchó a cuatros testigos sobre diferentes respuestas a las desapariciones forzadas en México, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Grace Fernández, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México (BUSCAME) y del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, habló como representante de las familias de los desaparecidos en México. Su hermano, Dan Jeremeel, desapareció forzosamente en el estado de Coahuila en el 2008 y, a pesar de los esfuerzos de su familia, todavía se desconoce su paradero.
Como destaca Fernández en su testimonio, las autoridades le dieron muchas explicaciones sobre su desaparición, “cualquier [explicación] menos que algo malo le pudo haber pasado”. El caso de su familia es un trágico ejemplo de cómo la negligencia del gobierno ha llevado a las familias de las víctimas a liderar la respuesta a la crisis de las desapariciones en México. Su trabajo ha llevado al gobierno a aprobar una Ley General de Desapariciones, que creó una fundación para la respuesta del gobierno. Las familias también presionaron al gobierno para que implemente un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, para atender los cientos de miles de restos y fragmentos óseos en manos de las autoridades que aún no han sido identificados.
Como señaló Fernández, los esfuerzos de las familias han resultado en la implementación de políticas muy necesarias; sin embargo, “la corrupción y la impunidad hacen posible las desapariciones”. De hecho, la corrupción endémica, la falta de acción de los fiscales, y los recursos insuficientes se interponen actualmente en el derecho de las familias para conocer la verdad sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. Mientras tanto, las desapariciones en el país siguen aumentando.
Fernández cierra su testimonio señalando cómo la comunidad internacional, especialmente en los Estados Unidos, puede jugar un papel importante para alentar al gobierno mexicano a tomar medidas, afirmando que cuando los legisladores estadounidenses “muestran interés en México, [el gobierno] se preocupa por cómo lucir lo mejor posible”. La financiación de USAID, los recursos adicionales para abordar los desafíos forenses de México, la cooperación con los fiscales estadounidenses y la participación empresarial en los derechos humanos como una extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentran entre sus recomendaciones para los Estados Unidos en su apoyo a México en sus esfuerzos para combatir las desapariciones forzadas.
Lee su testimonio aquí.
Los otros testigos de la audiencia son:
