17 May 2021 | Noticias

55 congresistas estadounidenses instan al Departamento de Estado a denunciar de manera contundente e inequívoca la brutalidad policial en Colombia

El 14 de mayo, los congresistas estadounidenses James P. McGovern (MA-02), copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, Mark Pocan (WI-02), Jan Schakowsky (IL-09) y Raúl M. Grijalva (AZ-03) encabezaron a 55 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU en una carta dirigida al Secretario de Estado Antony Blinken en la que se insta al Departamento de Estado a denunciar con mayor contundencia la brutalidad policial en Colombia, a congelar la ayuda policial y la venta de material antidisturbios, y a promover el diálogo.

Lea la carta completa a continuación:

14 de mayo de 2021

Antony John Blinken
Secretario de Estado
Departamento de estado de los Estados Unidos
2201 Calle “C” NW
Washington, DC 20520

Estimado secretario Blinken,

Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana. Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia. Las declaraciones públicas firmes y las acciones de los Estados Unidos pueden ayudar a Colombia a restablecer la calma y la confianza y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político.

Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos. Según el Defensor del Pueblo, por lo menos 42 personas han sido asesinadas, y cientos más habían resultado heridas.  Esta semana pasada, estuvimos sorprendidos aprender que la Policía Nacional abrió fuego a miembros no-armados de la Guardia Indígena.  El uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios ESMAD ha sido denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianos e internacionales de derechos humanos, monitores y defensores.

Una larga lista de quejas, exacerbadas por la pandemia, tiene a la gente protestando en grandes cantidades en decenas de ciudades y pueblos. Durante los últimos dos semanas, hemos visto una intensificación significativa en el uso excesivo y agresivo de la fuerza contra manifestantes civiles, con el pretexto de concentrarse en esos elementos al margen de la protesta que han cometido actos de vandalismo, saqueos, asaltos y otros desórdenes.

Después de casi dos semanas de protestas, nosotros damos la bienvenida a las noticias de que el gobierno colombiano reunió con representantes de la mesa del paro, acompañados por observadores de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos.  A pesar de una primera reunión decepcionante, nosotros esperamos que este proceso va a reducir las tensiones, terminar con la respuesta brutal de la fuerza pública contra los manifestantes, y empezar a abordar las preocupaciones subyacentes mostradas por el paro.

Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, lo que dice el gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el gobierno de Estados Unidos no dice. Específicamente, solicitamos que el Departamento de Estado y los varias agencias del gobierno de los Estados Unidos:

  • Hacer declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza. Es necesario poner fin a los numerosos y frecuentes abusos de las últimas dos semanas. De hecho, la brutalidad policial está prolongando las protestas: es una nueva y significativa fuente de indignación que envía a la gente a las calles. Mientras estamos de acuerdo con el comunicado el 4 de mayo del vocero asistente del Departamento de Estado y concordamos que es importante condenar elementos que cometen desorden al mismo tiempo que las protestas, no debe haber ambigüedad sobre las críticas públicas del gobierno de los Estados Unidos a la mala conducta policial.
  • Suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y ​​la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020. El año pasado, en 2020, Temblores, una organización colombiana que monitorea la brutalidad policial, documentó 86 casos de civiles asesinados por la policía, junto con “7.992 casos de agresión y 30 casos de violencia sexual, con comunidades migrantes y afrocolombianos a menudo las víctimas ”, reportó The Guardian. Junto con la suspensión, el Departamento de Estado y otras agencias relevantes deben llevar a cabo una revisión exhaustiva de cómo se ha utilizado y se está utilizando la asistencia de Estados Unidos a la policía nacional colombiana, incluido el uso final, establecer metas para progreso en el uso apropiado o de la fuerza y contabilidad en la justicia, y determinar si existen condiciones adicionales, salvaguardas, prohibiciones o si la terminación es necesario. El Departamento de Estado también debe decidir donde la Ley Leahy necesita ser aplicada donde hay prueba creíble de unidades policiacas involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
  • Asegurar que la unidad de policía antidisturbios del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (ESMAD) no reciba cooperación de los Estados Unidos, directa o indirectamente. El ESMAD tiene una formación y una cultura que conducen a acciones inquietantemente agresivas y abusivas contra la población civil, incluidos los manifestantes que no representan ninguna amenaza. El resultado son muchas víctimas —el ESMAD ha llevado a cabo más de las tres cuartas partes de todos los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad durante las protestas actuales— y una intensificación innecesaria de los enfrentamientos. Pedimos que el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses relevantes confirmen que la ESMAD no recibe cooperación de seguridad, sea directa o indirecta (o sea, cooperación estadounidense a la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, etcétera, que sea compartido con ESMAD).  Además, solicitamos al Departamento de Estado que urge a la justicia ordinaria a que responsabilice al personal de ESMAD involucrado en casos graves de abuso.
  • Congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al ESMAD; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia. Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada. Las ventas solo deben reanudarse cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras.
  • Advierta al gobierno de Colombia en contra del despliegue de su ejército endurecido por el combate para el control de multitudes. El ejército colombiano ha estado luchando contra enemigos internos como grupos guerrilleros armados desde la década de 1960. Como tal, estableció una historia de ver a la población civil con sospecha. Además, tiene poca o ninguna capacitación en desescalada o control de multitudes y la probabilidad de una respuesta militar indiscriminada y desproporcionada es preocupante.
  • Exigir que el gobierno colombiano respete y garantice el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas relacionados con las protestas. Muchos periodistas dando cobertura al paro nacional y las protestas y defensores de los derechos humanos que monitorean la protesta e intentan verificar los presuntos abusos policiales se han enfrentado a ataques y agresiones por parte del personal de las fuerzas de seguridad.
  • Rechazar públicamente declaraciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, políticos, fiscales y otros que impliquen que las protestas o actos de vandalismo y desorden son planificados y coordinados por grupos terroristas. Tal retórica sirve como un pretexto peligroso para justificar una represión y una escalada de violencia aún más dura contra la población civil.
  • Finalmente, y lo que es importante, instar y fomentar el diálogo, y facilitarlo cuando corresponda. Como notamos arriba, damos la bienvenida a la primera reunión el lunes entre la administración Duque y representantes del paro nacional.  Para terminar con protestas en el pasado, el gobierno de Duque a menudo ha prometido diálogo y luego no ha cumplido esas promesas. Llegar a un diálogo genuino e inclusivo puede requerir insistencia, y quizás mediación y el compromiso de los buenos oficios de los amigos de Colombia. Estados Unidos debería ser el primero y más importante entre esos amigos y debe apoyar abiertamente esfuerzos por otros garantes. La promoción de un diálogo abierto, multisectorial y de base amplia debe hacer referencia a los acuerdos de paz de 2016, que crearon un marco prometedor para la participación política no violenta.

Además, señor secretario, a medida que disminuyen las tensiones, instamos a Estados Unidos a poner inmediatamente a disposición de Colombia (y de América Latina en general) decenas de millones de las dosis excedentes de la vacuna COVID-19 que ha almacenado. Colombia está experimentando su tercer y más letal aumento de COVID-19. Podemos marcar una diferencia genuina en el restablecimiento de la salud, la seguridad, la confianza y la esperanza entre el pueblo colombiano.

Señor secretario, Colombia podría salir de esta experiencia como un socio más fuerte y democrático de Estados Unidos. En sus calles ahora mismo hay una generación políticamente comprometida y preocupada por el futuro de su país. Si puede participar en un diálogo significativo, esta generación podría ayudar a que Colombia avance durante años, aumentando la calidad de la democracia y la probabilidad de paz y prosperidad.

Gracias por su atención y consideración serias e inmediatas a estas solicitudes.

 

La carta también fue firmada por los congresistas estadounidenses Rosa L. DeLauro (CT-03), Maxine Waters (CA-43), Frank Pallone, Jr. (NJ-06), Nydia M. Velázquez (NY-07), John Yarmuth (KY-03), Zoe Lofgren (CA-19), David N. Cicilline (RI-01), Jesús C. “Chuy” García (IL-04), Ro Khanna (CA-17), Bobby L. Rush (IL-01), Dwight Evans (PA-03), Jamaal Bowman, Ed.D. (NY-16) , Karen Bass (CA-37), Alan Lowenthal (CA-47), Earl Blumenauer (OR-03), Henry C. “Hank” Johnson, Jr. (GA-04), Mark DeSaulnier (CA-11), Anna G. Eshoo (CA-18), Jared Huffman (CA-02), Ayanna Pressley (MA-07), Andy Levin (MI-09), Grace Meng (NY-06), Eleanor Holmes Norton (DC-at large), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Susan Wild (PA-17), Joaquin Castro (TX-20), Rashida Tlaib (MI-13), Juan Vargas (CA-51), Peter Welch (VT-at large), Cori Bush (MO-01), Bill Pascrell, Jr. (NJ-09), André Carson (IN-07), Grace F. Napolitano (CA-32), Norma Torres (CA-35), Suzanne Bonamici (OR-01), Emanuel Cleaver, II (MO-05), Dina Titus (NV-01), Sylvia R. Garcia (TX-29), Pramila Jayapal (WA-07), Bonnie Watson Coleman (NJ-12), Stephen F. Lynch (MA-08), Linda T. Sánchez (CA-38), William R. Keating (MA09), Ilhan Omar (MN-05), Jackie Speier (CA-14), Veronica Escobar (TX-16), Mondaire Jones (NY-17), Kim Schrier, M.D. (WA-08), Eddie Bernice Johnson (TX-30), Gerald E. Connolly (VA-11), y Lloyd Doggett (TX-35).