AP Photo/Matias Delacroix

4 May 2021 | Pronunciamiento de WOLA

Negociaciones logran cambios importantes para autoridad electoral venezolana

EE.UU. debe reconocer los logros e incentivar un mayor progreso

Hoy, después de semanas de movilización por la sociedad civil y continuas negociaciones entre representantes de la oposición y el gobierno de Maduro, un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido designado en Venezuela. Si bien esto no es suficiente en sí mismo para restaurar la democracia en el país, la composición de la nueva autoridad electoral representa un importante paso adelante. El gobierno estadounidense debería reconocer la importancia del nuevo CNE, así como otras concesiones recientes del régimen de Maduro, y ofrecer incentivos en comunicación con actores políticos tanto del gobierno como de la oposición para avanzar hacia elecciones libres y justas en el país.

El CNE es la autoridad responsable de supervisar el proceso electoral completo en Venezuela, desde la campaña hasta el conteo de votos, y tendrá un mandato para organizar todas las elecciones durante los próximos siete años. Dos de los rectores principales nuevos, Enrique Márquez y Roberto Picón, cuentan con significativa experiencia política y técnica, y están vinculados con la oposición venezolana. Picón fue preso político, ha sido una figura clave en éxitos electorales de la oposición en el pasado, y fue nominado para el cargo por el Foro Cívico, una coalición independiente de la sociedad civil que reúne ONGs, sindicatos, organizaciones religiosas, instituciones académicas y asociaciones empresariales. La inclusión de Picón representa un logro significativo del Foro Cívico, y destaca su creciente importancia en la movilización de la sociedad civil.

El anuncio de hoy debe ser considerado en el contexto de otros acontecimientos recientes en Venezuela. Esto incluye el histórico acuerdo alcanzado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través del cual la agencia de la ONU proporcionará asistencia alimentaria a 1,5 millones de niños en los próximos dos años, igual que declaraciones recientes de funcionarios del gobierno venezolano, en las que se comprometieron a trabajar con la oposición para comprar vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Así mismo, en los últimos días, seis ejecutivos estadounidenses presos de la petrolera CITGO fueron enviados a prisión domiciliaria.

Cada uno de estos sucesos es importante en sí mismo. Queda por verse si el gobierno de Maduro estará dispuesto a ofrecer mayores concesiones que, eventualmente, puedan impulsar la redemocratización del país. Es imperativo que cualquier solución incluya una ruta clara a elecciones presidenciales y legislativas libres y justas. El gobierno de Maduro también debe liberar a todos los presos políticos, poner fin a las restricciones para la participación política de miembros de partidos opositores, y cesar su represión de la sociedad civil, prensa, y organizaciones humanitarias.

Encontrar un camino de regreso a la democracia no será fácil. Sin embargo, es más probable que ocurra de forma escalonada, en la que concesiones hechas por Maduro sean reconocidas y correspondidas de alguna manera por actores relevantes internacionales que presionan por un retorno a la democracia. La administración Biden necesita construir una política flexible que ofrezca un alivio progresivo a las sanciones de EE.UU., a cambio de acciones sustanciales y verificables hacia una solución negociada. Es importante que la Casa Blanca no confunda la “presión máxima” con el objetivo final: restaurar las instituciones democráticas de Venezuela. Los acontecimientos recientes en Venezuela indican pequeños pasos en la dirección correcta, y la administración Biden debería señalar claramente su reconocimiento al progreso logrado—tanto para marcar los avances recientes como para crear incentivos para estimular más progreso en la restauración de la democracia.