AP Photo/Ariana Cubillos
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La presidenta de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) conversó con el equipo de prensa del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Habló sobre los grandes retos de América Latina ante el ascenso de los autoritarismos y las amenazas a la democracia en la región, y sobre el proceso político de Venezuela y la situación de los derechos humanos en ese país.
PROVEA: ¿Están en riesgo las democracias en las Américas?
Carolina Jiménez Sandoval (CJS): Lamentablemente, la región ha experimentado un retroceso democrático.
Si bien en algunos países se ha podido mantener el Estado de Derecho y se han producido transiciones pacíficas del poder en el marco de la democracia -como en los casos de Chile, Uruguay y Colombia el año pasado-, también vemos, a la par, procesos de profundización del autoritarismo o emergencias debido al surgimiento de liderazgos autoritarios.
En países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que ya llevan mucho tiempo bajo mandatos autoritarios, se han consolidado esas deficiencias democráticas. Pero en otros casos como El Salvador, Guatemala y, más recientemente, con lo que vimos en Brasil, se muestra que de una institucionalidad frágil, debilitada, emergen liderazgos antidemocráticos que poco a poco se van consolidando.
En el propio caso de Estados Unidos, que fue un país que por muchas décadas tuvo una política exterior muy enfocada en promover la democracia, vemos que ahora el propio gobierno norteamericano está luchando contra la emergencia de actores antidemocráticos que han llegado -a través del propio sistema electoral-, a ocupar puestos importantes en órganos de gobierno, como escaños en el Congreso y hasta la propia presidencia del país como lo vimos durante todo el período de Donald Trump.
Desgraciadamente, estamos en un momento bastante difícil para la región.
Hay un déficit democrático que se ha ido profundizando en Las Américas y, si algo sabemos, es que, a menor democracia, mayor violaciones de derechos humanos.
Entonces, no nos sorprende que vivamos en una región donde se violan derechos humanos de forma sistemática.
PROVEA: ¿Ha sido eficaz la respuesta del sistema interamericano ante estas situaciones?
CJS: Ha sido muy importante la activación de los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana, han reaccionado a situaciones y a crisis muy importantes en el continente.
La Comisión Interamericana ha venido creando grupos de expertos independientes en distintos países cuando se han producido situaciones graves que afectan la garantía de los derechos humanos, como en los casos de Nicaragua y Bolivia. Ha actuado con rapidez, con visitas in situ como la que está realizando en este momento en Perú, o como la que realizó en su momento en Colombia durante las protestas.
Pero no cabe duda que la magnitud de los retos en derechos humanos en la región hace que probablemente muchas de estas importantes medidas sean insuficientes.
En el mundo que queremos y en la región a la que aspiramos deberían de ser los propios gobiernos quienes respeten, promuevan y garanticen los derechos humanos de sus cuidadanía y de las personas de otros países que viven en sus territorios.
PROVEA: Gustavo Petro y Gabriel Boric acordaron recientemente impulsar un “pacto por la democracia” en el continente. ¿Es posible avanzar en una agenda genuina para la protección de las democracias en la región mientras la polarización entre izquierdas y derechas está de nuevo en un punto álgido?
CJS: Lo primero que hay que rescatar es justamente el nombre del pacto. Un pacto por la democracia. Es decir, un acuerdo por un sistema político que, hoy en día, es reconocido como el sistema en el que se respetan los derechos humanos. Me refiero a la democracia liberal.
Un sistema en el que los grupos en situación de vulnerabilidad o las minorías tienen garantizados sus derechos, incluso cuando la mayoría no necesariamente esté tan dispuesta a garantizar esos derechos.
Esa es la democracia donde podemos exigir derechos sin que hacerlo tenga consecuencias negativas y es, en esa democracia, en la que los gobiernos hacen un pacto con sus ciudadanos para garantizar esos derechos, que deben estar cobijados por los estándares internacionales de protección.
Pero no es nuevo afirmar que la región se encuentra aún bastante dividida en alianzas ideológicas.
Lo que nos quedó de la Guerra Fría aún se asoma en las relaciones internacionales entre los países de la región. Seguimos con liderazgos que privilegian muchísimo las alianzas ideológicas y subordinan los derechos humanos a visiones basadas en las ideologías de izquierdas o derechas, por encima de los valores democráticos.
Es una lástima que las alianzas y las ideologías que cada líder político profesa muchas veces se anteponga -de forma pragmática- a la defensa de valores democráticos, de las instituciones o de la defensa de los derechos humanos.
La polarización es justamente un arma que tienen las ideologías para generar alianzas, que no necesariamente responden a la defensa de las instituciones democráticas, sino que responden a preferencias políticas.
Los lentes de las ideologías muchas veces ciegan a los líderes políticos frente a las violaciones de derechos humanos que ocurren, tanto en sus propios países como en otros.
Nuestro trabajo desde la sociedad civil es justamente estar por encima de esa polarización y mostrar que la defensa y la garantía de los derechos humanos están por encima de cualquier ideología, y que aspiramos a que cualquier liderazgo político, cualquier autoridad máxima de un gobierno de la región, entienda que la mejor manera de hacer que una sociedad prospere es avanzando en el establecimiento, en el fortalecimiento de la democracia y en la garantía de derechos.
Carolina Jiménez Sandoval, Presidenta de WOLA
Sobre Venezuela: “El diálogo no va a tener una verdadera aceptación social si no se muestran resultados concretos”
El 23 de enero de 1958, un movimiento insurreccional -encabezado por trabajadores y estudiantes- derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, quien se había alzado con el poder absoluto seis años antes.
Tras 65 años, Venezuela celebra la caída de la última dictadura del siglo XX, sumergida en la primera dictadura del siglo XXI, y en un escenario de extinción del estado de derecho, violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, presuntos crímenes de lesa humanidad y una prolongada y compleja emergencia humanitaria.
La presidenta de WOLA habla, en esta parte de la entrevista, del proceso de diálogo que adelantan la oposición y el gobierno en Venezuela, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la respuesta de ese país ante la oleada de migrantes venezolanos.
PROVEA: El gobierno y la oposición han iniciado una nueva ronda de negociaciones en México que hasta ahora no han generado grandes avances. ¿Puede ser creíble ese proceso?
CJS: Venezuela ha comenzado un 2023 lleno de manifestaciones y protestas de distintos gremios que exigen -con toda legitimidad- reivindicaciones a sus derechos sociales.
Creo que estas protestas, que han comenzado temprano, son una muestra de la debilidad económica y de la debilidad del gobierno para dar respuesta a las necesidades de la población.
Eso puede ser una constante que marque este año.
En ese escenario hay negociaciones políticas que se han venido dando, desde hace más de un año, que buscan acercar a la oposición y al gobierno para que se puedan negociar diferentes acuerdos en beneficio de la población.
El proceso que se inició en México y la ronda de negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el gobierno venezolano dieron un primer fruto cuando se firmó un acuerdo para la creación de una mesa social y para el uso de recursos bajo un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas en materia social: educación, salud, sistema eléctrico, agua, entre otros.
Sin embargo, ese diálogo no va a tener una verdadera aceptación social si no se muestran resultados concretos que beneficien a las mayorías.
La gente está agotada, está cansada de sufrir los estragos causados por la emergencia humanitaria, de padecer la falta de servicios, de la inseguridad alimentaria, entre otras muchas calamidades que sufre el pueblo venezolano.
Si no vemos que lo que se decida en México pueda tener resultados concretos en el bienestar de la población, es probable que la gente no sienta que lo que está pasando en esos procesos de negociaciones sea para su beneficio.
Confío en que ese proceso que se ha iniciado rinda frutos.
No es una negociación sencilla, hay diferentes posiciones sobre la realidad política venezolana, pero sí es muy importante que muy pronto se vean resultados concretos.
PROVEA: ¿Qué garantías deberían brindarse para que las elecciones en Venezuela sean confiables y transparentes?
CJS: Las negociaciones en México van a tocar el tema electoral. Las partes firmaron un memorando de entendimiento y es importante que aborden este asunto porque 2024 será un año de elecciones.
La Unión Europea formuló un conjunto de recomendaciones, muy importantes, que tienen que ser asumidas para que haya elecciones libres, transparentes, y que inviten a la población a ejercer su derecho al voto.
El gobierno de Maduro debe aceptar esas recomendaciones e implementarlas, porque a partir de allí los ciudadanos podrán sentirse seguros a la hora de ejercer su voto y podrán tener la certeza de que su escogencia será respetada.
Si no lo hace, seguiremos en un camino que no aporta ningún incentivo para el ejercicio del derecho al voto.
PROVEA: La administración Biden ha reiterado su política de sanciones hacia Venezuela. ¿Cuál ha sido el resultado de estas medidas? ¿Hay surtido el efecto esperado por el gobierno norteamericano o más bien han agravado la crisis preexistente en el país?
CJS: Está bastante documentado que la política -principalmente promovida por la administración de Donald Trump- de sanciones muy fuertes, directamente al petróleo y a la posibilidad de obtener créditos en Venezuela, profundizó la crisis ocasionada por la emergencia humanitaria preexistente.
En ese sentido, a nivel general, se coincide en que las sanciones impuestas han tenido un impacto humanitario sobre la población, y es imposible decir que son sanciones deseables, todo lo contrario.
Siempre esperamos que cuando algunos países imponen sanciones sobre otros, se tomen las previsiones para que esas sanciones no impacten de forma negativa a la mayoría de la población, y este no ha sido el caso.
Ha habido un impacto en la calidad de vida de los venezolanos y aunque había una crisis que ya existía antes de que estas sanciones fuesen impuestas, estas la han profundizado.
Las sanciones siempre deben ser utilizadas, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a un objetivo y, en este caso, el objetivo es una transición en Venezuela que nos lleve a tener un gobierno democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.
Las sanciones como un arma o como instrumento para lograr un cambio no tuvieron el efecto deseado. Esa estrategia de máxima presión no tuvo el efecto esperado y, a pesar de que hubo cambios en la administración de Joe Biden respecto a Trump, esa política se ha mantenido.
Sin embargo, hay algunas diferencias.
Trump creía que con las sanciones iba a lograr una salida abrupta del grupo en el poder, pero Biden las está utilizando como un instrumento de negociación para obligar a las partes –gobierno y oposición- a sentarse en la mesa a dialogar.
Ese cambio de uso de las sanciones, de la estrategia de máxima presión a convertirlas en un instrumento para atraer a las partes al diálogo y presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que ceda en materia electoral, en materia de derechos humanos, en materia humanitaria, es una forma muy distinta de hacer uso de las sanciones. Se emplean entonces como un instrumento de incentivos políticos para que haya cambios luego de una mesa de negociación.
PROVEA: El gobierno de Estados Unidos sigue cerrando sus fronteras. ¿Cuál es la valoración que haces sobre el endurecimiento de la política migratoria de Biden, y qué podemos esperar luego de los resultados de las elecciones intermedias?
CJS: Es bastante lamentable que la administración del presidente Biden haya estado mucho más enfocada en construir una barrera de contención que una política de protección cuando se trata de las personas migrantes y refugiadas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Si bien es cierto que -comparado con la administración de Donald Trump- el gobierno de Joe Biden tiene una narrativa muy distinta, una narrativa de respeto de derechos, no xenofóbica, también es cierto que, al final del día, han quedado algunas de las políticas que en su momento implementó el presidente Trump.
Una de ellas es el Título 42, que es una medida de salud pública que permite expulsar de forma inmediata a quienes llegan a la frontera y, de esta forma, las personas no tienen realmente acceso a su derecho humano al asilo.
La administración Biden luchó para revocar esa medida, pero varios gobernadores republicanos de la frontera presionaron y finalmente fue mantenida por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, si bien de forma temporal, y podríamos asegurar que por lo menos hasta junio seguirá en pie.
Entonces el gobierno de Biden se excusa bajo esta medida, que no respeta algo tan fundamental dentro de la ley interna de Estados Unidos o los estándares internacionales que es el derecho que toda persona tiene de solicitar asilo cuando cruza una frontera internacional.
Lo que sí hizo la administración de Joe Biden fue extenderla.
Esta medida, que venía siendo aplicada a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, fue ampliada para personas provenientes de otras cuatro nacionalidades: Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.
Ninguna corte le exigió al gobierno de Biden que extendiera esa medida a estas otras cuatro nacionalidades. Entonces, preocupa mucho que la salida fácil sea la aplicación de una medida que a todas luces es violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos.
También preocupa que luego de los resultados de las elecciones intermedias y la llegada, principalmente a la cámara baja, de algunos congresistas muy conservadores, pueda haber nuevamente una retórica muy xenofóbica y el impulso de medidas anti migrantes desde el propio congreso. Pero lo cierto es que el Senado está controlado en este momento por congresistas demócratas, así que tenemos que ver qué tipo de leyes se aprueban.
Esperamos que desde el Poder Ejecutivo se adopten medidas más ajustadas a derecho y sobre todo más ajustadas a la retórica política; no se vale que el gobierno de Biden repita que Venezuela, Nicaragua y Cuba son países autoritarios, pero al mismo tiempo le impida la entrada a los ciudadanos de esos países que buscan asilo en ese país.
Lamentablemente, la política migratoria continúa muy enfocada en la securitización y en la contención, y muy poco en la protección de los derechos humanos de miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos para encontrar la protección que no tienen en sus países.
Esta entrevista fue realizada y originalmente publicada por PROVEA.
