Según los primeros informes de los medios de comunicación, el 23 de mayo la administración Biden habrá completado la eliminación de la política fronteriza del «Título 42» y volverá a reconocer el derecho legal de los migrantes amenazados a pedir asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La inminente caída de la barrera del Título 42 plantea preguntas sobre la probabilidad de un gran aumento de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México, y sobre si el gobierno de Biden está preparado no sólo para manejarlo, sino también tratar la situación de una manera más eficiente y menos cruel que la forma en que el gobierno de los Estados Unidos viene gestionando temas de asilo.
WOLA ofrece respuestas a algunas de estas preguntas.
La sección 265 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, una disposición que se remonta a la década de 1940, permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en los Estados Unidos «para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.» La sección 265 tiene una redacción imprecisa de 128 palabras.
La administración Trump lo invocó el 20 de marzo de 2020, en los primeros momentos de la pandemia del COVID-19. Interpretó el Título 42 en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) podía expulsar a los migrantes indocumentados lo más rápidamente posible, sin siquiera conceder a los migrantes amenazados el derecho a pedir asilo, un derecho garantizado por la Ley de Refugiados de 1980 (Sección 1158 del Título 8 del Código de los Estados Unidos). En marzo de 2020, los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) no creían que negar el derecho a pedir asilo estuviera justificado, pero siguieron adelante bajo la presión directa del entonces vicepresidente Mike Pence.
México aceptó las expulsiones en la frontera terrestre de sus propios ciudadanos y de ciudadanos salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. La mayoría de estas expulsiones por tierra se llevaron a cabo en cuestión de horas. Los migrantes de muchos otros países han sido expulsados por vía aérea, en particular a Haití.
La administración de Biden continuó con el Título 42, aunque se negó a expulsar a los menores no acompañados. «El uso del Título 42 no es una fuente de placer, sino más bien, francamente, una fuente de dolor», dijo el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus singlas en inglés), Alejandro Mayorkas, el 30 de abril de 2021. Sin embargo, hasta el 28 de febrero de 2022, el DHS había expulsado 1.706.076 veces a migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México. Al menos 1,2 millones de esas expulsiones se produjeron desde la toma de posesión de Biden.
El 60 por ciento de todos los inmigrantes encontrados en la frontera desde marzo de 2020 han sido expulsados en virtud del Título 42. Esto incluye el 78 por ciento de todos los adultos solteros, el 28 por ciento de los miembros de unidades familiares y el 7 por ciento de los menores no acompañados.
Al bloquear el acceso al derecho de asilo y expulsar a muchos migrantes a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, el Título 42 ha sido objeto de una fuerte condena por parte de organizaciones de derechos humanos estadounidenses e internacionales, organizaciones de derechos de los migrantes y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los esfuerzos de recopilación de datos parciales han encontrado que los migrantes expulsados a México sufren frecuentes asaltos, robos, violaciones y secuestros extorsivos. Human Rights First, en colaboración con organizaciones locales, ha logrado documentar 9.886 casos de abusos violentos en las ciudades fronterizas de México sólo desde enero de 2021. Durante las visitas realizadas en marzo de 2022 a las ciudades fronterizas mexicanas en la frontera con Texas, trabajadores humanitarios dijeron a WOLA que miembros de los grupos de crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos, vigilando a los migrantes expulsados para secuestrarlos.
La ley estadounidense establece que los solicitantes de asilo deben poder expresar su temor a regresar a sus países en los puertos de entrada–los pasos fronterizos oficiales. Pero el Título 42 cerró los puertos de entrada terrestres a los solicitantes de asilo durante más de dos años. Esto obligó a los más desesperados a cruzar «irregularmente», escalando el muro fronterizo o vadeando el Río Grande, desafiando el calor del desierto y siendo presa del crimen organizado. Otros han acabado en campamentos con condiciones miserables, en Reynosa y hasta hace poco en Tijuana, a la espera de un cambio de política que les permita acercarse a los pasos fronterizos.
El 30 de marzo, Associated Press informó, y otros medios de comunicación confirmaron, que el gobierno de Biden espera poner fin a las restricciones del Título 42 el 23 de mayo. A partir de esa fecha, los inmigrantes indocumentados que soliciten asilo ya no podrán ser expulsados.
Como era habitual antes de marzo de 2020, CBP procesará a los solicitantes de asilo de acuerdo con la ley de inmigración estadounidense.
El gobierno de Biden probablemente exigirá a un número creciente de solicitantes de asilo que esperen sus audiencias en Estados Unidos en México, bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) o «Permanecer en México». Este programa de la era Trump, que el gobierno de Biden canceló pero un juez federal de Texas lo obligó a reiniciar, envió a casi 900 migrantes adultos a esperar en las ciudades fronterizas de México entre diciembre y febrero. Más del 90 por ciento de quienes solicitan asilo inscritos en «Permanecer en México» hasta ahora han venido de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
El levantamiento del Título 42 coincide con la primavera, que suele ser la época más intensa del año para la migración en la frontera. Los flujos migratorios son bastante elevados en este momento, ya que el mundo lucha por recuperarse de un colapso económico inducido por una pandemia, así como de la violencia y los disturbios políticos del presente momento. Los responsables de la Patrulla Fronteriza hablan ya de 200.000 encuentros probables con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en marzo, lo que convertiría a este mes en uno de los más activos de los últimos 12.
Es probable que el levantamiento del Título 42 traiga consigo un nuevo aumento de la migración, al menos durante los primeros meses. Un gran número de migrantes, entre ellos muchos solicitantes de asilo, han sido «embotellados» al saber que las políticas fronterizas de Estados Unidos los habrían expulsado a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas. Por ejemplo, a principios de marzo, WOLA entrevistó a un trabajador humanitario en el estado fronterizo de Tamaulipas, México, que estimó que unos 20.000 migrantes estaban esperando en la ciudad relativamente más segura de Monterrey, a unas pocas horas de viaje hacia el sur, para tener la oportunidad de solicitar asilo en Texas. Los migrantes también pueden verse atraídos por los mensajes, a menudo inexactos, de los polleros: entre ellos probablemente descripciones engañosas del levantamiento del Título 42 como una apertura de la frontera.
Funcionarios del DHS dijeron a periodistas el 29 de marzo que esperan un gran aumento de migración, con escenarios que van hasta 12.000 o incluso 18.000 migrantes por día en la frontera. (Eso parece dudoso: 18.000 al día son 540.000 al mes, lo que supondría más del doble de los 220.000 migrantes detenidos en marzo de 2000, la mayor cifra mensual que ha registrado la Patrulla Fronteriza). Actualmente, durante este mes inusualmente intenso, se están encontrando algo menos de 7.000 migrantes al día, y la mayoría son expulsados.
Un resultado probable puede ser que haya más familias migrantes y menos adultos solteros. La mayoría de los padres y madres con hijos se entregan a las autoridades estadounidenses para solicitar protección; para los que proceden de México o del norte de Centroamérica, el levantamiento del Título 42 eliminará la altísima probabilidad actual de ser expulsados. En consecuencia, es probable que lleguen a la frontera más familias solicitantes de asilo.
Lo contrario puede ocurrir con adultos solteros, cuyo número ha alcanzado niveles no vistos desde la década de 2000. Aunque muchos adultos solteros solicitan asilo, un gran número no lo hace y desea evitar la captura. Para esa población, el Título 42 no es más que una menor dificultad: una rápida expulsión a México significa para muchos una oportunidad de intentar cruzar de nuevo. En febrero, el 30 por ciento de todos los migrantes que encontró CBP ya habían sido capturados una vez antes en los últimos 12 meses, un salto gigantesco desde el 14-19 por ciento en los años anteriores al Título 42. Sin el Título 42, los adultos solteros que sean detenidos serán procesados, retenidos durante un tiempo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y quizás incluso condenados por entrada indebida. Podemos esperar que los cruces repetidos de adultos caigan en picado, junto con la estadística de «aprehensiones de adultos solteros» de la CBP.
Muchos solicitantes de asilo ya están siendo liberados a los Estados Unidos. El 98 por ciento de los migrantes expulsados son de México y de los tres países centroamericanos cuyos ciudadanos acepta México (El Salvador, Guatemala y Honduras). Pero el 33 por ciento de los migrantes encontrados en febrero no eran de esos cuatro países. Las expulsiones de migrantes de Brasil, Colombia, Haití y otros países suelen suceder por vía aérea. En otros casos, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia o Ucrania, situaciones diplomáticas han impedido prácticamente que se produzcan las expulsiones. Las expulsiones aéreas son caras, y la mayoría de los ciudadanos de los países sometidos a ellas (una escasa mayoría, en el caso de los haitianos) no son expulsados.
Estos migrantes ya están siendo procesados bajo la ley de inmigración normal. Cada mes, decenas de miles son liberados a los Estados Unidos con citas para comparecer ante oficiales de asilo y jueces de inmigración.
Las liberaciones en el interior de los Estados Unidos, por tanto, ya se están produciendo, como lo han hecho durante décadas. Es probable que aumenten en los meses posteriores al levantamiento del Título 42, suponiendo que lleguen a la frontera más familias y niños (a los que el gobierno estadounidense no retiene durante mucho tiempo). Es razonable esperar más liberaciones de ciudadanos de países actualmente sometidos a fuertes expulsiones: El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
A los funcionarios del gobierno de Biden sin duda les preocupan las imágenes de caos y hacinamiento en la frontera en las semanas o meses posteriores al levantamiento del Título 42. A los demócratas les preocupa la probabilidad de que la migración indocumentada se convierta en un gran tema republicano en la campaña electoral al Congreso de noviembre de 2022.
La llegada de un gran número de inmigrantes a la frontera, incluido un número significativo de inmigrantes con solicitudes de protección creíbles, es inevitable. Lo que sí es evitable son esas imágenes de caos y hacinamiento. El gobierno de Biden ha tenido más de un año para crear capacidad para recibir un gran flujo de migrantes en busca de protección, pero se ha quedado muy corto. Ahora, dispone de unas siete semanas.
El primer ingrediente que hay que poner en marcha -y a corto plazo, el más importante- es la capacidad de tramitación, o “procesamiento.” Procesar significa comprobar los antecedentes y los historiales médicos, iniciar los trámites de asilo, evaluar la credibilidad de las afirmaciones sobre el miedo, y otras tareas que deben realizarse en un plazo de 72 horas.
Esto significa, a su vez, disponer de instalaciones con el espacio y el personal necesarios para procesar a los inmigrantes que buscan protección de forma ordenada y humana. Ese personal no tiene por qué ser agentes de la Patrulla Fronteriza armados y uniformados: Los «coordinadores de procesamiento» y otros civiles capacitados pueden realizar estas tareas, a menudo burocráticas pero necesarias.
CBP parece estar lejos de tener suficiente capacidad de procesamiento en este momento. Incluso después de más de un año de cifras de migración constantemente altas, la agencia tiene centros permanentes y temporales capaces de retener y procesar sólo unos 5.200 migrantes a la vez, además de pequeñas celdas de retención en las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Si las llegadas aumentan a 12.000-18.000 al día que necesitan ser procesadas, como prevén los peores escenarios del DHS, esa capacidad se verá desbordada y se producirá el caos.
Para evitar semanas de «crisis» e imágenes de desorden en la frontera, la administración Biden tiene unas siete semanas para crear una gran infraestructura de procesamiento, lo que puede implicar la participación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) y otras partes del gobierno para proporcionar tiendas de campaña, apoyo logístico y personal de procesamiento.
DHS ha tomado algunas medidas incipientes, como la creación de un «Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste» y el traslado de trabajadores de la Fuerza de Voluntarios y de unos 400 efectivos de la CBP a zonas clave. Hace apenas unos días, el 18 de marzo, se nombró un administrador regional de FEMA. Aun así, el Departamento parece estar lejos de satisfacer sus necesidades de infraestructura posteriores al Título 42. Una nueva hoja informativa del DHS reconoce que su dotación presupuestaria para 2022 «no sería suficiente para financiar las posibles necesidades de recursos asociadas al actual aumento de los flujos migratorios». Es posible que el Departamento tenga que pedir ayuda urgente a otras agencias.
Un gran número de migrantes en busca de protección ha sido la norma en la frontera desde 2014. Incluso una política draconiana como el Título 42 solo redujo su número en una cantidad modesta. Sin embargo, la presencia de seguridad e inmigración de Estados Unidos en la frontera difiere poco del aparato anterior a 2014, diseñado para atender a una población de migrantes económicos, en su mayoría adultos solteros. El gobierno de Biden debe reconstruir el sistema de asilo de Estados Unidos para ajustarse a esta nueva realidad.
El primer paso es aumentar enormemente la capacidad de procesamiento. Los inmigrantes que buscan protección deberían poder acercarse a un puerto de entrada en lugar de escalar muros o cruzar ríos. Los puertos de entrada muchas veces son pequeños, pero unas instalaciones de procesamiento más grandes y cercanas, dotadas de personal no policial, deberían ser capaces de manejar la carga.
Una vez liberados en el interior de los Estados Unidos, los solicitantes de asilo deberían estar cubiertos por programas alternativos a la detención en los que trabajadores de casos los mantengan en el sistema, se aseguren de que se presenten a sus fechas de audiencia y los vinculen con diversos servicios. Los retrasos de años en las adjudicaciones pueden reducirse añadiendo funcionarios y jueces de asilo, y reconstruyendo y replanteando el deficiente sistema judicial de inmigración. Aunque la velocidad que prevén plantea problemas de procedimiento, las nuevas normas de asilo de la administración Biden apuntan en la dirección general correcta.
Las agencias estadounidenses también deben garantizar una estrecha coordinación con las autoridades mexicanas, dado el elevado número de llegadas que se espera que se produzcan en las ciudades fronterizas mexicanas, que ya están desbordadas, son peligrosas y carecen de servicios suficientes. La alarma por el aumento de las llegadas a la frontera no debe manifestarse como una mayor presión sobre las autoridades mexicanas para que aumenten las detenciones de migrantes o para que externalicen las responsabilidades de protección de Estados Unidos a nuestro vecino del sur.
A corto plazo, sin embargo, el objetivo es conseguir el levantamiento del Título 42 de la forma más fluida y humana posible. Eso significa poner en marcha la capacidad de procesamiento, recibir a las personas en los puertos de entrada y tratarlas con dignidad, incluidas a las que no reúnen los requisitos para recibir protección.
Las únicas imágenes que deberíamos ver después del 23 de mayo deberían ser vídeos poco llamativos de personas esperando a ser procesadas, en entornos limpios y ordenados. Con la cantidad de tiempo que el gobierno de Biden ha dispuesto para prepararse para las previsibles consecuencias del fin del Título 42, no hay excusa para el caos.