Reelección de fiscal general de Guatemala compromete aún más la lucha contra la corrupción

Luego de un proceso electoral comprometido que resultó en una lista de candidatos vinculados a actos de corrupción y redes ilícitas, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei reeligió a María Consuelo Porras para continuar en su cargo como fiscal general del país. Este nombramiento ayudará a Giammattei a seguir asegurando la impunidad, tal como lo vino haciendo Porras en el Ministerio Público durante el periodo pasado.

Este proceso de selección ha estado marcado por irregularidades e influenciado por redes ilícitas, compuestas por élites militares, políticas, económicas y del crimen organizado. Por ejemplo, la Comisión de Nominaciones, compuesta por representantes de los sectores académico, judicial y profesional, responsable de manejar varios procesos clave de selección judicial, incluido el de fiscal general, no cumplió con la Constitución al no desestimar a los candidatos corruptos y permitir que Porras fuera aprobada en la lista final debido a presiones externas. Adicionalmente, Raúl Falla Ovalle, miembro de la Fundación contra el Terrorismo y sancionado por Estados Unidos, presentó una moción espuria ante el Tribunal Constitucional que le fue concedida, y que bloqueó la posibilidad de las personas que se han desempeñado como jueces pudieran ser consideradas como candidatos, argumentando que servir en el poder judicial no califica como «ejercicio de la ley», un requisito para servir como fiscal general. Esta acción, según muchos expertos, es inconstitucional ya que excluye injustificadamente a estos jueces y juezas con experiencia relevante.

“El presidente Alejandro Giammattei le falló al pueblo de Guatemala, que merece un fiscal general que defienda el Estado de derecho”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de WOLA. “Esto tendrá graves consecuencias para la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”.

Esta elección ha sido una prueba para el compromiso de la administración de Biden con la lucha contra la corrupción en Centroamérica y sirve como una advertencia sobre el futuro de esta lucha. Guatemala fue el primer país del Triángulo Norte en tener una comisión internacional contra la impunidad que trabajó con la fiscalía nacional para combatir la corrupción, la cual es reconocida por Estados Unidos como una de las causas fundamentales de la migración.

Durante décadas, las redes ilícitas han trabajado para interferir en la mayoría de los procesos políticos y democráticos de Guatemala, y esto se ha intensificado desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. Otras iniciativas para combatir a la impunidad en Honduras y El Salvador también han sido desmanteladas. En un intento por combatir esta situación, organizaciones de la sociedad civil y algunos sectores políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador, están tratando de revivir estas iniciativas. Sin embargo, estos no han prosperado ante la gran influencia de élites militares, económicas y criminales corruptas, lo que ha sido puesto de manifiesto una vez más por este proceso electoral.

La fiscal general tiene la máxima autoridad para garantizar la observancia del Estado de derecho, combatir la corrupción endémica y proteger los derechos humanos en Guatemala. Podría desempeñar un papel de liderazgo en la reconstrucción del sistema judicial del país y en la protección de la legitimidad del proceso electoral presidencial de 2023.

“Con esta elección, Guatemala ha afianzado aún más un sistema de justicia que continuamente incumple con el deber de los operadores y las operadoras de justicia de tomar decisiones imparciales de acuerdo con la ley y los hechos, y en cambio rechaza el derecho de estas personas a no ser objeto de presiones e intereses políticos cambiantes” agrega Méndez Dardón. “El sistema de justicia de Guatemala necesita una restauración completa y la comunidad internacional debe poner esta necesidad al frente de sus políticas hacia la región y apoyar a la sociedad civil y a los pocos actores gubernamentales que permanecen del lado correcto de la justicia.”