Después de 12 años históricos y productivos, el mandato de la comisión guatemalteca contra la corrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se vencerá exactamente en una semana: el 3 de septiembre de 2019.
Desde 2007, la CICIG ha apoyado investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente y vicepresidente de Guatemala; el procesamiento de docenas de altos funcionarios del gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes anteriores, miembros del Congreso y ministros del gobierno; la destitución de más de una docena de jueces corruptos y miles de agentes de policía; y la detención de narcotraficantes poderosos.
La CICIG es considerada uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado. Por ello, la organización se ha ganado reconocimientos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la sociedad civil guatemalteca. Tradicionalmente, también ha recibido apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
La CICIG también fue atacada por fuerzas poderosas que intentaron socavar sus investigaciones e impacto. La CICIG prevaleció en contra de muchos esfuerzos para detenerla hasta este año. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, bajo investigación por corrupción, buscó socavar la capacidad de trabajo de la comisión y se negó a prolongar su mandato.
Las siguientes preguntas y respuestas proporcionan hechos y el contexto fundamental para entender la función y logros de la CICIG en la lucha contra la corrupción y las redes criminales organizadas en Guatemala, y lo que el futuro depara ante las iniciativas de anticorrupción en el país después del vencimiento de la CICIG.
1.) ¿Cómo surgió la CICIG?
La comisión anticorrupción surgió a raíz de esfuerzos de grupos de la sociedad civil guatemalteca que estaban preocupados por la amenaza que las redes criminales en Guatemala representaban a una frágil democracia guatemalteca después del acuerdo de paz de 1996. Como reacción a esta abogacía, en 2006 el gobierno guatemalteco le pidió a las Naciones Unidas (ONU) que ayudaran a establecer una iniciativa que auxiliaría a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y, a la larga, desmantelar poderosas redes criminales en el posconflicto.
En el 2007, se dio el resultado: la CICIG, un organismo de investigación independiente que opera bajo la ley guatemalteca y depende del sistema de justicia local. El concepto fundamental era que Guatemala no estaba externalizando su sistema de justicia, sino que estaba confiando en la experiencia de la CICIG para trabajar de la mano con los fiscales y la policía del país, ayudando a desarrollar sus capacidades en el proceso.
2.) ¿Desde su fundación en el 2007, cuál ha sido el impacto del trabajo de la CICIG en Guatemala?
Según la CICIG, el organismo ayudó a presentar más de 120 casos en el sistema de justicia guatemalteco, implicando a más de 1,540 personas, con unas 660 personas actualmente enfrentando cargos u otro tipo de proceso legal. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, unos 200 funcionarios o exfuncionarios del gobierno se encuentran entre los que enfrentan cargos.
Las investigaciones conjuntas por la Fiscal General de la República de Guatemala y la CICIG también dieron lugar a más de 400 condenas (incluyendo una al exvicepresidente, sentenciado el año pasado a 15 años de prisión por cargos de corrupción en una de cuatro investigaciones respaldadas por la CICIG). En general, esto representa una tasa de éxito del 85 por ciento en la resolución de casos, dijo la CICIG.
Cabe mencionar que la CICIG no tenía poderes de procesamiento, ni podía realizar redadas, arrestos o intervenciones telefónicas de forma independiente. Al obtener la aprobación de un juez, pudo iniciar y colaborar en investigaciones y participar como querellante adhesivo (co-demandante) en los casos que la Fiscal General de Guatemala, dentro de su mandato, decidió llevar a la corte. Nuevamente, el objetivo de la comisión era reforzar, en lugar de suplantar, la capacidad y la legitimidad de las instituciones nacionales.
Si bien su trabajo en la investigación de casos de alto impacto ha llamado más la atención, la CICIG ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de importantes reformas al sistema de justicia de Guatemala. Al hacerlo, la comisión ayudó a iniciar una nueva era de investigaciones intrincadas y efectivas por parte de fiscales guatemaltecos.
Antes de la CICIG, las instituciones guatemaltecas no usaban técnicas básicas de investigación modernas, como la colaboración eficaz con testigos cooperantes o intervenciones telefónicas supervisadas (las leyes que autorizaron algunas de estas herramientas de investigación ya existían, pero en general se usaban de manera inadecuada o no se usaban en lo absoluto). Según los términos de su mandato, la CICIG podía proponer políticas públicas, entre ellas reformas legislativas, judiciales e institucionales. Durante un período de 12 años, realizó dichas propuestas 34 veces, impulsando reformas legales que otorgaron a los fiscales la autoridad para usar registros telefónicos, vigilancia legal y la colaboración eficaz en investigaciones criminales.
La CICIG también desempeñó un papel importante en la formación de tribunales especiales en la capital donde los jueces pueden estar mejor protegidos del crimen organizado, la implementación de nuevas metodologías para investigar redes criminales, así como el establecimiento de una unidad especial de investigaciones, una unidad de análisis criminal y un programa de protección de testigos. Si estas medidas siguen recibiendo protección y apoyo, muchas de las reformas promovidas por la CICIG contribuirán a cambios de largo plazo en el sistema de justicia de Guatemala.
Varios estudios externos han confirmado el alcance del impacto de la CICIG. Según el International Crisis Group, la CICIG contribuyó a una reducción constante de la tasa de homicidios de Guatemala, que cayó de 45.1 por 100,000 en 2009, el año más violento en la historia reciente del país, a 26.1 en 2017, y ayudó a reducir la tasa de impunidad para crímenes violentos del 98 por ciento en 2008 al 87 por ciento en 2016. Para más información sobre el impacto de la CICIG en Guatemala, vea el informe de WOLA del 2015.
A raíz de sus contribuciones en garantizar respeto al estado de derecho, la CICIG cuenta con el respaldo del pueblo guatemalteco: encuestas realizadas en 2017 muestran que el 70 por ciento de la población confía en la CICIG y el 57.8 por ciento en la oficina de la Fiscal General, uno de los niveles más altos de confianza para una institución local. Al mismo tiempo, la confianza pública en la capacidad del sistema judicial para procesar a los delincuentes se duplicó en 2017 en comparación con años anteriores.
La CICIG también ha inspirado otros modelos en Centroamérica. Actualmente, Honduras tiene su propio organismo anticorrupción, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que sigue el modelo de la CICIG. Del mismo modo, el nuevo presidente de El Salvador se encuentra en negociaciones con la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el establecimiento de una iniciativa anticorrupción.
3.) Dado los éxitos de la CICIG, ¿por qué se permite que se venza su mandato?
A lo largo de cuatro presidencias en Guatemala, los esfuerzos anticorrupción de la CICIG y la oficina de la Fiscal General han enfrentado amenazas de parte de sectores dentro y fuera del gobierno. Muchos han tratado de socavar la agenda anticorrupción a través de campañas de desprestigio, cabilderos y legislación destinada a proteger a los funcionarios corruptos e individuos importantes del procesamiento, entre otras estrategias.
Pero una combinación de eventos recientes (investigaciones sobre el financiamiento ilícito de campañas que involucran tanto a élites políticas como empresariales, un Congreso guatemalteco resistente, y el retiro del fuerte apoyo de los Estados Unidos) resultaron en la muy criticada y posiblemente inconstitucional decisión del presidente Jimmy Morales de acabar con la CICIG.
Morales ganó la presidencia de Guatemala en 2016, con el respaldo del sector militar conservador que ha desafiado en varias ocasiones los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en el país. Aún así, cuando Morales asumió el cargo, inicialmente prometió extender el mandato de la CICIG hasta 2021.
Sin embargo, el sector empresarial de Guatemala (incluyendo una poderosa coalición empresarial conocida como el Comité Coordinador de Entidades Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras [CACIF]) comenzó a buscar formas de rechazar a la CICIG, después de que numerosas élites empresariales estuvieron implicadas en sondas de corrupción multimillonarias a partir de 2015. Los miembros de la élite económica del país terminaron contratando a una firma de cabildeo de DC buscando influenciar a miembros del Congreso y funcionarios de la administración de Trump.
El propio Morales enfrentó acusaciones por aceptar alrededor de US$1 millón en donaciones ilegales para su campaña, en una investigación dirigida por la oficina de la Fiscal General con el apoyo de la CICIG. En otro caso, el hijo y el hermano de Morales también fueron arrestados en enero de 2017 por cargos de corrupción vinculados al mal uso de fondos públicos. Recientemente fueron exonerados de cargos en una decisión de la corte que condenó a otras 11 personas; según el juicio del tribunal, la familia de Morales había malversado fondos públicos, pero no había cometido fraude.
En tres ocasiones distintas, la oficina de la Fiscal General y la CICIG solicitaron que se elimine la inmunidad del presidente contra el procesamiento para la solicitud de antejuicio. Sin embargo, con aproximadamente uno de cada cinco miembros del Congreso de Guatemala bajo investigación por corrupción, el Congreso se negó a cumplir con esta orden, desafiando al más alto tribunal de justicia de Guatemala.
Todo esto generó complicaciones para la CICIG, lo que finalmente llevó a Morales a anunciar unilateralmente en enero de 2019 que no renovaría el mandato de la CICIG, argumentando que la comisión es inconstitucional y un riesgo para la seguridad nacional, entre otras afirmaciones. La ONU rotundamente rechazó la decisión de Morales, que luego fue considerada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en medio de grandes protestas por parte del pueblo guatemalteco, sin embargo, el gobierno de Morales no ha cumplido con la decisión de la Corte de Constitucionalidad.
A lo largo de esta tormenta política, la administración de Trump falló en mostrar algo de interés en brindar apoyo fuerte y constante a la iniciativa de fortalecer el estado de derecho en Guatemala. La postura de la administración de Trump es diferente a la de las administraciones de Obama y Bush, las cuales desempeñaron un papel importante en señalar al liderazgo político de Guatemala que facilitar la labor de la CICIG era una prioridad. La falta de respaldo de los Estados Unidos, un aliado político y económico crítico de Guatemala, abrió el camino para atacar y desacreditar a la CICIG, y generó el espacio necesario para que el antiguo orden político de Guatemala se reafirmará.
Los informes de varios medios de comunicación, entre ellos los de la revista Foreign Policy y Nómada de Guatemala, indican que la administración de Trump puede haber reducido el apoyo tradicional que disfrutaban los esfuerzos anticorrupción de Guatemala, a cambio de que Guatemala se convirtiera en el segundo país del mundo en abrir una Embajada en Jerusalén. Junto con los esfuerzos de la administración de Trump a principios de este año para suspender fondos de ayuda a países centroamericanos, el recorte del apoyo de los Estados Unidos a la CICIG es un reflejo del cambio de planteamiento de la administración hacia la política de Estados Unidos y Centroamérica.
4.) ¿Qué sucede ahora con los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, cuando el mandato de la CICIG llegue a su fin?
Hay preocupaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, una incertidumbre es lo que sucederá con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la unidad del Ministerio Público que ha trabajado junto a la CICIG.
Junto con la CICIG, la FECI fue fundamental para liderar algunas de las mayores investigaciones anticorrupción de Guatemala. La oficina de la Fiscal General de Guatemala ha dicho que la FECI continuará sus operaciones, pero no está claro qué tipo de apoyo, garantías de continuidad y protecciones recibirá. La administración de Morales ha tomado medidas para debilitar a la FECI; por ejemplo, retirando investigadores policiales con experiencia que trabajaron tanto con la unidad como con la CICIG. Muchos investigadores de la FECI se enfrentan actualmente a lo que ellos caracterizan como docenas de demandas falsas y otras formas de acoso judicial, con el fin de impedir su labor.
Otra inquietud importante a corto plazo es lo que sucederá con los investigadores guatemaltecos que trabajaron bajo la CICIG, entre ellos abogados, contadores forenses y otros especialistas forenses. Una vez que finalice el mandato de la CICIG, deben incorporarse completamente a la oficina de la Fiscal General y continuar trabajando en cualquier investigación en curso. Si estos investigadores no se integran completamente en la oficina de la Fiscal General, sería una gran pérdida dada su experiencia y habilidades.
Otras preocupaciones también incluyen el futuro de los casos en los que la CICIG trabajó y están actualmente ante los tribunales, y la seguridad de los jueces, magistrados de Corte de Constitucionalidad y fiscales que han tenido un papel en los esfuerzos anticorrupción.
Durante los próximos cinco meses, la gran pregunta es si la salida de la CICIG de Guatemala alentará al presidente Jimmy Morales y a sus aliados en el Congreso de Guatemala a duplicar las iniciativas anteriores que buscan debilitar el estado de derecho.
Morales deja el cargo en enero de 2020, pero los miembros del Congreso ya han intententado impulsar un proyecto de ley muy criticado que otorgaría amnistía a los criminales acusados de guerra. También queda por ver si Morales y sus aliados del Congreso aceptarán un proyecto de ley pasado, que haría más difícil que aquellos funcionarios gubernamentales bajo investigación sean despojados oficialmente de la inmunidad. Otra área de preocupación son los ataques en curso contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que anteriormente han declarado a favor de la CICIG.
A largo plazo, mientras el presidente electo Alejandro Giammattei, un aliado de Morales, ha hablado de establecer una comisión contra la corrupción, sus antecedentes políticos plantean dudas sobre su compromiso. Los miembros de su partido político incluyen ex oficiales militares con pasados oscuros; muchos de ellos con inclinaciones estrictamente anti-CICIG. El propio Giammattei ha expresado explícitamente su desagrado hacia la CICIG.
5.) ¿Por qué es fundamental que la lucha contra la corrupción continúe en Guatemala?
Dados los niveles actuales de pobreza y desigualdad en Guatemala, la corrupción solo hará que el país sea un lugar donde haya más razones para irse que quedarse.
Además, cuanto más frágiles sean sus instituciones, es más probable que grupos de crimen organizado puedan expandir aún más su influencia en Guatemala. Pueden continuar empleando la misma estrategia que han utilizado desde la década de 1990: asociarse con otras redes de crimen organizado transnacional, financiar candidatos políticos, cooptar a funcionarios militares y policiales, y matar o desplazar a cualquiera que se interponga en su camino para lograr sus intereses de negocios. La primera vez que un tribunal guatemalteco acusó a un narcotraficante importante fue en 2014: si las instituciones del país logran deteriorarse más, los grupos criminales enfrentarán aún menos desafíos a sus operaciones
Sin un fuerte estado de derecho, un resurgimiento del crimen organizado y la violencia exacerbaría aún más la ola de migrantes guatemaltecos y solicitantes de asilo que huyen al extranjero. Tanto en 2018 como en lo que va de 2019, Guatemala ocupó el puesto número uno entre los niños no acompañados y las familias detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos. La ciudadanía guatemalteca se volverá cada vez más vulnerable a las trampas de los traficantes de personas, si una gobernanza cada vez más pobre y una creciente inseguridad les hace sentir que no tienen más remedio que irse.
Debido a que el gobierno de los Estados Unidos reconoció su interés fundamental en construir una Guatemala estable y próspera donde las instituciones no fueran cooptadas por el crimen organizado, la CICIG ha recibido unos US$44.5 millones en fondos de los Estados Unidos desde 2007. En los últimos dos años, la disminución en apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos anticorrupción ha exacerbado el estado actual en que se encuentra Guatemala: el final del mandato de la CICIG, una élite política que desafía descaradamente y reiteradamente las decisiones del más alto tribunal del país y el aumento de los ataques contra los defensores de los derechos humanos.
Los grupos guatemaltecos de derechos humanos y anticorrupción, junto con los líderes de la comunidad internacional, no abandonaran la lucha. Como señaló recientemente una coalición de más de 200 grupos de la sociedad civil, parte del legado de la CICIG es que sirve como advertencia: “las iniciativas de rendición de cuentas sólo tienen éxito cuando el deseo interno de justicia está respaldado por un apoyo internacional constante y fuerte”.
