En audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos en México se hace un enérgico llamado y se presentan propuestas para combatir la impunidad y aumentar la protección y el acceso a la justicia

El 23 de junio de 2022, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebró una audiencia pública sobre los Desafíos de Derechos Humanos en México, con la participación de testigos, incluyendo integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), ARTICLE 19, Human Rights Watch y WOLA. La información presentada pinta un panorama desolador de una población atrapada entre la violencia criminal y la desprotección del Estado, al que se suman graves violaciones a los derechos humanos cometidas directamente por agentes estatales. Las víctimas más impactadas suelen ser aquellas que ya sufren discriminación, exclusión o viven en regiones donde las autoridades han fallado por completo en su tarea de proteger a las poblaciones locales, como se ejemplifica en los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora cometidos tres días antes de la audiencia. Este crimen ha provocado indignación y solidaridad internacional, y fue mencionado por ambos copresidentes de la Comisión del Congreso como un llamado a mayores acciones para proteger a la población de México.

Las y los testigos proporcionaron un análisis actualizado del impacto contraproducente en los derechos humanos y la seguridad que tiene el creciente despliegue de las fuerzas armadas de México en tareas de seguridad pública, y señalaron que México no puede hacer uso de la militarización para solucionar los problemas estructurales de impunidad y colusión entre actores estatales y no estatales. Las y los testigos también enfatizaron la necesidad de contar con fiscalías verdaderamente autónomas a nivel federal y estatal, y señalaron que el Fiscal General, en lugar de desarrollar una estrategia efectiva contra el crimen, ha usado su poder de manera arbitraria y ha promovido contrarreformas al sistema de justicia penal de México.

También se analizó cómo las políticas estadounidenses y mexicanas han contribuido a abusos, riesgos e incluso la muerte de personas migrantes y solicitantes de asilo que viajan hacia y a través de México, destacando que la militarización de las fronteras y otras medidas diseñadas para bloquear la migración sólo han aumentado el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas migrantes, empujándolas hacia las sombras y a las manos de grupos criminales, mientras que las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas a menudo enfrentan condiciones deplorables en los centros de detención migratoria.

Finalmente, las y los testigos hablaron de la situación que vive la prensa, pues en México los crímenes contra la libertad de expresión tienen una tasa de impunidad del 98.73% y cada 14 horas se agrede a una persona periodista en el país por ejercer el derecho a informar. Hicieron hincapié en la necesidad de mejorar las medidas preventivas, de investigación y de protección a las y los periodistas, señalando que los agentes del Estado están detrás de dos de cada cinco agresiones a la prensa y que el gobierno federal busca rutinariamente descalificar a los medios críticos, creando un gran espacio para la desinformación. También abordaron los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los familiares de personas desaparecidas, como el Sr. Javier Barajas y Ma. Tránsito Piña quienes recientemente se reunieron con el copresidente de la Comisión, James P. McGovern, y le presentaron la situación de muchas víctimas que se encuentran en riesgo.

Ante preguntas de los Congresistas presentes en la audiencia, las y los testigos ofrecieron propuestas para abordar estos problemas en México y a través de la cooperación bilateral, con énfasis en la necesidad de:

• Combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de las capacidades y la rendición de cuentas de las instituciones civiles de justicia y seguridad, incluso a nivel estatal, en lugar de profundizar la militarización;
• Reenfocar las respuestas nacionales y bilaterales a la migración para priorizar el acceso a la protección, la rendición de cuentas por los abusos contra migrantes, y el trato humano, en lugar de estrategias diseñadas simplemente para bloquear el tránsito de personas;
• Mejorar los recursos y la capacidad del Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de las instituciones encargadas de investigar delitos contra estas poblaciones;
• Apoyar los esfuerzos de identificación forense y otras capacidades técnicas, hacia la implementación de las leyes de México contra las desapariciones y la tortura;
• Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para denunciar y combatir los abusos;
• Asegurar que los resultados del nuevo Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos sean monitoreados de cerca por el Congreso y medidos a través de indicadores de mejora en las acciones institucionales, reducción de la violencia y otros indicadores directamente vinculados con el bienestar de la población.

El testimonio completo de cada testigo se publicará en la página web de la audiencia, junto con el video de la audiencia.

Lee el testimonio completo de Stephanie Brewer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA