La situación en Venezuela representa uno de los mayores desafíos para la democracia y los derechos humanos en las Américas. Las fuerzas de seguridad del país y los grupos armados progubernamentales son responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Un poder judicial quebrado, incapaz y sin voluntad de investigar y perseguir estos abusos, agrava aún más el problema.
El estado del poder judicial del país es tan preocupante que la Misión de Investigación Independiente de la ONU sobre Venezuela concluyó en septiembre de 2021 que las instituciones judiciales han sido cómplices de los esfuerzos por reprimir a personas que supuestamente tienen ideas contrarías al gobierno, y han hecho la vista gorda de forma rutinaria ante violaciones de derechos humanos.
Expertos y expertas han constatado que las reformas anunciadas por el gobierno han sido superficiales y arbitrarias, y sólo subrayan el hecho de que una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela requerirá también el fin de la impunidad.
Mientras Estados Unidos trabaja para avanzar en las negociaciones políticas entre el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y la oposición del país, siguen existiendo dudas sobre si estas conversaciones pueden ayudar a abordar el disfuncional y cooptado poder judicial de Venezuela.
WOLA organizó una mesa redonda, moderada por el director de Venezuela, Geoff Ramsey, para discutir algunas de esas cuestiones, incluyendo el papel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las perspectivas de investigaciones, procesos judiciales y reformas significativas, la necesidad de restaurar el debido proceso, la independencia judicial y la rendición de cuentas en el país sudamericano.
Carlos Lusverti, asesor jurídico de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), dijo que el poder judicial en Venezuela ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la represión, ya que los jueces son a menudo susceptibles a la presión política.
“El sistema jurídico de Venezuela no era 100 por ciento independiente en 1999, pero era claramente más independiente que ahora. Esto se debe a que el poder político se ha apoderado con éxito del sistema jurídico”.
Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, también habló de la importancia de las investigaciones y de las verdaderas reformas necesarias para restaurar el estado de derecho en el país.
“Sólo a través de una administración de justicia acorde con las normas internacionales será posible iniciar la reinstitucionalización del país”, señaló.
De cara al futuro y a los numerosos retos que se presentan, Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), dijo que los debates en torno al poder judicial deben centrarse en las víctimas y en “la reforma del sistema judicial en relación con el progreso de la justicia transicional”.
“La persecución suele comenzar con una estigmatización de la víctima por parte de las altas autoridades, que incluye la detención, la tortura y la supresión de derechos”.
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