Washington, D.C.—El 20 de septiembre, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM) de las Naciones Unidas emitió un informe en dos partes sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que se documenta evidencia de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la represión estatal, así como la situación de los derechos humanos en zonas mineras remotas del estado de Bolívar. El informe presenta pruebas que implican a altas autoridades del gobierno venezolano en crímenes de derecho internacional, desde los funcionarios directamente responsables hasta los niveles más altos de la cadena de mando.
En el informe sobre sus hallazgos, que va acompañado de dos documentos de sala de conferencias, la FFM documenta evidencias de que estos crímenes de lesa humanidad, incluyendo graves actos de tortura, fueron cometidos sistemáticamente de acuerdo con un plan de Estado por agentes de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Nicolás Maduro, entre otras autoridades de alto nivel, “fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia” como parte de este plan, según el informe. La FFM también presentó pruebas de violaciones de los derechos humanos y delitos en el Arco Minero, una zona marcada por la actividad criminal generalizada y una ruptura del Estado de Derecho.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se une a la FFM para pedir que se realicen investigaciones efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los implicados en las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad denunciados en el informe. Como organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, WOLA ha apoyado a la FFM desde su creación y forma parte de una amplia coalición que insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a apoyar la renovación del mandato de la FFM en la actual sesión. El trabajo de la FFM ha sido esencial para avanzar en la búsqueda de la justicia, y para asegurar el continuo escrutinio internacional sobre la situación en Venezuela. Su mandato es complementario al de otros mecanismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En medio de los renovados esfuerzos internacionales para avanzar en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, también es importante subrayar que el mandato de la FFM en realidad fortalece el potencial de acuerdos significativos. Los informes de la FFM han dejado al descubierto que Venezuela carece de un sistema de justicia independiente, que ha sido cooptado por el poder ejecutivo y que ha fracasado sistemáticamente en la implementación de reformas significativas. Las recomendaciones de la Misión ofrecen un camino hacia lo que se necesita para poner fin a este patrón de impunidad generalizada: cambios significativos que permitan una verdadera investigación y persecución de estos crímenes.
En el Memorando de Entendimiento firmado entre el gobierno venezolano y la oposición en septiembre de 2021, las partes se comprometieron a discutir el respeto al Estado de Derecho y la reparación de las víctimas. Este compromiso es importante, pero cualquier discusión de este tipo debe tener en cuenta el trabajo de la FFM, así como las voces de las propias víctimas venezolanas. En futuras negociaciones, es esencial que las víctimas y sus familias tengan un espacio claro para que sus peticiones y perspectivas sean escuchadas de forma confidencial y segura, que las proteja de represalias.
