“La justicia condena a las mujeres con una doble pena por ser mujer… Especialmente como mujer pobre, eres invisible en el sistema hasta que cometes un delito. Ahí sí te ven”.
Nora Laura Calandra – Co-fundadora de La Rama de Libertadxs y Familiares
Bogotá – 16 de noviembre de 2023. Hoy, el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en América Latina lanza el informe Liberarlas es justicia: Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en América Latina, que analiza casi diez años de investigación colectiva e incidencia conjunta, logros y decepciones, así como desafíos y oportunidades para el futuro, en la persecución del objetivo de reducir de manera significativa el número de mujeres privadas de libertad en América Latina.
El Grupo de Trabajo, liderado por WOLA, IDPC y Dejusticia, inició su trabajo en el año 2015, en medio del incremento del encarcelamiento de mujeres por drogas, que generalmente está relacionado con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y sobrecargas de cuidado.
Este trabajo de incidencia ha permitido poner el tema en la agenda de los organismos pertinentes de la ONU y la OEA, y en países de toda la región, creando un entorno propicio para llevar a cabo reformas concretas. Algunos países han implementado reformas prometedoras, como la ley de amnistía federal en México y una nueva ley en Colombia que ofrece alternativas al encarcelamiento para mujeres cabezas de familia. Sin embargo, este éxito se ve atenuado por el fracaso de los gobiernos de la región para reducir significativamente el número de mujeres tras las rejas. Las cifras muestran que el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas continúa oscilando entre el 40 y el 80% de la población carcelaria femenina.
Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA, explica cómo “el uso de alternativas al encarcelamiento sigue siendo inadecuado en América Latina, y los gobiernos no han logrado poner en marcha programas eficaces de apoyo a las mujeres que salen de la cárcel”.
Marie Nougier, encargada de investigación en el IDPC, concluye que “mirando hacia el futuro, estamos comprometidos en continuar nuestra incidencia para reducir el número de mujeres encarceladas y darles espacio para que puedan presentar sus propias historias y recomendaciones de reformas a gobiernos de la región”.
Por su parte, Luis Felipe Cruz, Investigador de Dejusticia, afirma: “Creemos en la transformación de las sociedades para que las mujeres tengan la oportunidad de acceder a las habilidades y recursos necesarios para vivir con dignidad”.
Implementar reformas y aplicar medidas alternativas al encarcelamiento para las mujeres es un acto de justicia, que responde al enfoque de género y la construcción de sociedades más equitativas.
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