El 29 de febrero la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ciudades Hermanas de Estados Unidos-El Salvador, Fundación SHARE, Oficina Maryknoll para Asuntos Mundiales, Grupo de trabajo sobre América Latina (LAWG), Grupo de Trabajo Interreligioso sobre Centroamérica (IRTF), Instituto Fronterizo Hope, y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), organizaciones con sedes en los Estados Unidos de derechos humanos y con base en la fe, mandaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos para expresar su preocupación sobre el estado de la democracia en El Salvador, y particularmente, por las irregularidades sistemáticas en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero.
Los grupos destacaron que, además de la reelección inconstitucional de Bukele, las elecciones de febrero evidenciaron violaciones sistemáticas de las leyes y procedimientos electorales establecidos en El Salvador, y también de las normas democráticas internacionales. La preocupación fue tan generalizada que varios miembros del Tribunal Supremo Electoral se distanciaron públicamente de las decisiones que se estaban tomando por esa institución y todos los partidos de la oposición solicitaron la anulación del proceso legislativo.
Las organizaciones instaron al Departamento de Estado a pedir a las autoridades salvadoreñas que rindan cuentas claras en respuesta a estas preocupaciones, y a “dejar claro al pueblo salvadoreño antes de las elecciones del 3 de marzo que el compromiso de Estados Unidos con la integridad electoral requiere tanto transparencia como rendición de cuentas”.
Especialmente preocupantes fueron las denuncias de intimidación y dominio por parte del partido gobernante Nuevas Ideas durante todo el proceso electoral, hasta el punto de usurpar el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como árbitro institucional, lo que deja en duda la fiabilidad de los resultados emitidos por el TSE. Junto con las reformas previamente aprobadas por el partido de Bukele para rediseñar radicalmente el mapa electoral, y socavar la representación local y la participación de los partidos políticos más pequeños, el resultado a sido concentración de poder desproporcionadamente alta para el partido de Bukele en el órgano legislativo para el próximo período 2024-2027.
Los grupos escribieron: “Estas preocupaciones significativas ponen en peligro la confianza pública en la imparcialidad de las futuras elecciones en El Salvador y la veracidad de sus resultados”, los grupos pidieron al Departamento de Estado de EE.UU. que “en privado y públicamente haga eco a las preocupaciones que los partidos políticos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil y las misiones de observadores internacionales han planteado sobre las elecciones de 2024 y, más ampliamente, sobre los ataques del partido de Bukele a las normas e instituciones democráticas de El Salvador”.
Los grupos también expresaron su apoyo a una auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 4 de febrero y a una investigación internacional sobre las acusaciones de injerencia en relación a los materiales, incluidos los sistemas electrónicos, que se distribuyeron el día de las elecciones y el consiguiente colapso, que detuvo la transmisión de los resultados y abrió la puerta a una posible manipulación de los datos.