21 de Mayo, 2024
Como grupos de derechos humanos, religiosos, medioambientalistas, de la solidaridad y de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos e internacionalmente, expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones de derechos humanos en El Salvador que abogan en nombre de las personas injustamente detenidas bajo el Estado de Excepción, y denunciamos el acoso policial y la vigilancia que están viviendo actualmente y que a incrementado en los dos años bajo regimen de excepcion.
En una conferencia de prensa conjunta el 18 de abril, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Socorro Jurídico Humanitario, el Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción del Bajo Lempa y el Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria” detallaron un alarmante patrón de vigilancia e interferencia policial a la participación de sus organizaciones en marchas, protestas y concentraciones, así como el acoso en redes sociales.
- En febrero del 2024, Ivania Cruz, portavoz de COFAPPES, obtuvo un informe del Fiscal General de la República que detalla la vigilancia contra ella y su participación en grupos de defensa de los derechos humanos. El archivo de vigilancia incluía fotos de su página personal de Facebook y de marchas en las que había participado.
- Defensores de derechos humanos del MOVIR describieron cómo agentes de inteligencia del gobierno se han infiltrado en sus actos para vigilarlos, haciéndose pasar por periodistas de medios ficticios, incluso en una conferencia de prensa el 7 de julio de 2023, tras la cual fueron seguidos y detenidos por la policía. Los líderes del grupo fueron amenazados con ser arrestados hasta que llegaron periodistas legítimos a documentar el acoso.
- Miembros del Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción del Bajo Lempa denunciaron la detención arbitraria y tortura de 8 jóvenes menores de edad el 5 de noviembre de 2022 tras su participación en un teatro comunitario que advertía de los peligros de repetir la historia de represión militarizar de El Salvador.
- El Comité de Familiares de Víctimas del Bajo Lempa también describió cómo la policía detuvo sus autobuses y confiscó sus documentos de identidad cuando se dirigían a una marcha el 1 de mayo de 2023.
- Socorro Jurídico Humanitario denunció múltiples intentos policiales de entrar en el edificio donde comparten oficinas con sindicatos críticos con el gobierno y condenó la constante campaña en las redes sociales, dirigida por el gobierno, para difamar a sus dirigentes y a su organización.
Condenamos enérgicamente estas violaciones a los derechos democráticos de estos defensores de derechos humanos, abogados y organizadores comunitarios, cuyo trabajo es esencial para una sociedad libre y justa, así como el uso de fondos estatales para vigilarlos e intimidarlos con la intención de limitar el ejercicio de sus derechos políticos.
Desde que el gobierno de Bukele instaló el Estado de Excepción en marzo de 2022, suspendiendo garantías constitucionales básicas y libertades civiles, casi 80.000 personas han sido detenidas y cerca de 250 han muerto bajo custodia estatal. Se han ampliado los límites de la detención preventiva – inicialmente de seis meses a dos años y posteriormente otros dos años adicionales -, obligando a los presos a languidecer durante años en condiciones carcelarias inhumanas sin oportunidad de demostrar su inocencia. A la mayoría de los detenidos se les niega el contacto con abogados o familiares, en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que El Salvador es signatario. La continuación de esta política es ilegal y viola la Constitución salvadoreña. El régimen de Bukele también ha encarcelado injustamente a rivales políticos, destacados ecologistas, más de una docena de sindicalistas y otros activistas.
No podemos normalizar los intentos del gobierno de Bukele de criminalizar a defensores de derechos humanos que abogan por los derechos de las personas detenidas injustamente bajo el Régimen de Excepción Excepción, que pretende silenciar las críticas a esta política inhumana y mortífera.
Por lo tanto, los grupos de derechos humanos, religiosos, ambientales, de la solidaridad, y de la diáspora salvadoreña abajo firmantes acompañan las demandas de estos defensores de derechos humanos y hacen un llamado a:
- al Fiscal General de la República que garantice que su investigación sobre la vigilancia selectiva de la abogada de derechos humanos Ivania Cruz sea exhaustiva y transparente;
- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conceda medidas cautelares a los portavoces del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Socorro Jurídico Humanitario y el Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción del Bajo Lempa para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y sus derechos a la libertad de expresión y de asociación;
- y a los gobiernos de Estados Unidos y otros países que detengan asistencia de seguridad a El Salvador, que está siendo utilizado para intimidar a defensores de los derechos humanos y perpetuar la erosión de la democracia en el país.
San Salvador, 21 de Mayo, 2024
Para consultar la declaración conjunta completa, haga clic aquí.
