Cinco prioridades para la próxima persona presidenta de México

El próximo 2 de junio, México celebrará elecciones para unos 20 mil cargos políticos, incluida la presidencia del país, la totalidad del Congreso federal, nueve gubernaturas y miles de cargos estatales y municipales.

La agenda que tendrá que abordar la persona presidenta entrante incluye importantes desafíos en materia de Estado de derecho y derechos humanos que, si bien no son nuevos, persisten o se han agravado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La necesidad de mejorar el acceso de la población a la seguridad y la justicia, frente a altos niveles de impunidad e inseguridad, nos obliga a ver este momento como una oportunidad, ya sea en un escenario de continuidad o de cambio en el partido gobernante.

Cinco de las principales prioridades en materia de derechos humanos y Estado de derecho son:

1. Revertir la militarización. Los últimos tres sexenios se han caracterizado por el despliegue de las fuerzas armadas en tareas policiales. Bajo López Obrador, México ha vivido una creciente militarización de tareas civiles dentro y fuera del ámbito de la seguridad. Hoy, las fuerzas armadas se encargan no solamente de tareas policiales sino de funciones en materia de migración, puertos y aduanas, construcción de megaproyectos turísticos y de infraestructura, administración de aeropuertos y empresas, entre otras.

Así, el Estado ha concentrado cada vez más poder y presupuesto en instituciones caracterizadas por su opacidad, falta de controles civiles adecuados e historial de graves violaciones de derechos humanos. Lo anterior distorsiona las relaciones civiles-militares y es un camino de riesgo para los derechos humanos no sólo en el presente sino a futuro. En este contexto, es fundamental transitar hacia la desmilitarización y apostar por la consolidación de instituciones civiles.

2. Reducir la impunidad y el poder ejercido por los grupos criminales. Los grupos de la delincuencia organizada utilizan la violencia para ejercer control sobre territorios, mercados y otras actividades, extorsionando a diversos sectores de la población. 

Décadas de militarización no han solucionado estos problemas, porque el poder que ejercen los grupos criminales se debe en gran parte a niveles abrumadores de impunidad y relaciones de tolerancia o colusión con integrantes del propio Estado.

Por lo tanto, reducir significativamente la violencia y la criminalidad requiere priorizar la desarticulación de mecanismos de colusión entre actores públicos y privados. Por otro lado, se requieren transformaciones en las prácticas de las fiscalías para aumentar su efectividad, puesto que actualmente más de nueve de cada diez delitos cometidos contra la población quedan impunes y la gran mayoría de delitos investigados no llegan a ser presentados ante la autoridad judicial.

3. Cambiar la política migratoria para priorizar los derechos humanos. Bajo presión del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de López Obrador ha incrementado la contención y detención de personas migrantes. Además ha reforzado la militarización de sus fronteras, y ha participado en políticas fronterizas que colocan a las personas en grave peligro, como son Quédate en México, el Título 42, limitar el acceso de personas solicitantes de asilo a la frontera estadounidense bajo la vigencia de CBP One, entre otras.

El próximo gobierno debe romper este ciclo y poner al centro la protección de las personas. Eso requiere atender la violencia y extorsión perpetradas contra familias y personas migrantes en territorio mexicano y ampliar el acceso a la protección y otras vías legales para personas migrantes que deciden quedarse en México. Asimismo, la política migratoria y la política exterior deben contribuir a generar soluciones duraderas para la gran población de personas desplazadas en el hemisferio, realidad que no va a cambiar en el corto o mediano plazo aun cuando los países trabajen para abordar las causas raíces de la migración forzada.

4. Reimpulsar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Aproximadamente 114,000personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en México. Innumerables familias y colectivos, liderados en su mayoría por mujeres, se han movilizado para buscar a sus seres queridos, arriesgando muchas veces su vida al hacerlo. Después de una etapa inicial de avances institucionales en este ámbito, el gobierno de López Obrador ha terminado por retroceder en la materia al abandonar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y debilitar la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no ha puesto plenamente en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) mandatado por ley. 

Retomar plenamente los esfuerzos de búsqueda e identificación debe ser un eje prioritario en materia de derechos humanos. El nuevo gobierno debería establecer un diálogo con los colectivos del país para entender la realidad que enfrentan y asegurar que se escuche su voz en la toma de decisiones, y debe garantizar la protección de esta población.

5. Dejar atrás los ataques a la separación de poderes, al movimiento de derechos humanos y a la prensa. Los últimos años se han caracterizado por continuos ataques al poder judicial por parte del ejecutivo federal. El presidente y otros funcionarios han exhibido, culpado y anunciado denuncias penales contra jueces y juezas ante resoluciones judiciales adversas. El presidente actualmente impulsa reformas constitucionales para debilitar al poder judicial y para desaparecer o reformar diversas instituciones creadas como contrapeso democrático frente al ejecutivo.

El presidente también descalifica la información y la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas; ha buscado poner en duda la agenda del movimiento feminista; y ha negado el espionaje militar a activistas a pesar de la evidencia. Lo anterior tiene lugar en un país donde docenas de personas defensoras y/o periodistas son asesinadas cada año, lo cual coloca a México como uno de los países más peligrosos para realizar estas labores.

Atacar la separación de poderes y buscar acallar las voces críticas debilita la protección de los derechos de la población en general. Dejar atrás estos ataques será clave para que el próximo gobierno fortalezca la democracia en México.

Solucionar los retos enumerados aquí requiere que las autoridades electas el 2 de junio superen diversas políticas fallidas tanto del sexenio actual como de gobiernos anteriores. En vez de continuar con modelos contraproducentes, es necesario que la base de las políticas sean los datos; la consolidación de instituciones civiles capaces y con rendición de cuentas; y la voz de las víctimas y la sociedad en sus demandas legítimas de protección de sus derechos humanos, seguridad y acceso a la justicia.