1 Oct 2014 | Análisis | Noticias

Cambios recientes a lo largo de la frontera sur de México

Por Maureen Meyer y Clay Boggs de WOLA y Rodolfo Córdova de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Hasta este verano, se había prestado muy poca atención a las 714 millas de frontera que los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo comparten con Guatemala y Belice. Pero un aumento sin precedente en el número de niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos cruzando la frontera con los Estados Unidos, principalmente en el sur de Texas, cambió eso. En medio de la creciente preocupación por la situación de esta población y por la capacidad de las instituciones estadounidenses para cuidar de ellos, el Congreso de los EE.UU. y los medios de comunicación debatieron si los “factores de empuje”, especialmente la violencia y la pobreza en Centroamérica, o “factores de atracción”, especialmente las modificaciones realizadas en 2008 a una ley estadounidense sobre la trata de personas, fueron los principales responsables del aumento de la migración de niñez. Algunos miembros del Congreso también pidieron que México hiciera más para impedir que migrantes crucen por su territorio.

En agosto, las detenciones de la niñez migrante centroamericana cayeron drásticamente, volviendo a niveles no vistos desde febrero de 2013. Las razones por esta disminución no están claras y probablemente son complejas: menos migrantes cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos en el verano debido al calor, y los gobiernos de Centroamérica y los Estados Unidos han llevado a cabo campañas agresivas de propaganda en un esfuerzo para disipar los rumores de nuevos permisos disponibles para los migrantes. Pero el gobierno mexicano ha montado también una nueva campaña para frenar el tránsito de migrantes por México.

Al inicio de su sexenio en diciembre de 2012, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, había anunciado las intenciones de su gobierno de fortalecer la seguridad y los controles a lo largo de la frontera sur de México. En la frontera entre Chiapas y Guatemala, los migrantes y los residentes locales frecuentemente cruzan el Río Suchiate en balsas o a pie, a menudo a plena vista de las autoridades mexicanas en el puerto oficial de entrada; otras partes de la frontera están aún menos definidas, con la frontera simplemente marcada por un poste o valla corta. Como investigadores de WOLA documentaron en una visita de campo a la frontera en febrero de 2014, se han creado puestos de control adicionales a lo largo de las principales carreteras en los estados fronterizos del sur de México, se están realizando esfuerzos para fortalecer los pasos fronterizos oficiales del país y las instalaciones aduaneras, y se han desplegado más agentes de seguridad federal de la policía y los militares, en particular en el Estado de Chiapas.

Sin embargo, no fue hasta el reciente aumento en el flujo de migrantes cruzando México durante el verano que el gobierno mexicano tomó medidas adicionales para reforzar la aplicación de las leyes migratorias. Las autoridades finalmente tomaron medidas para evitar que los migrantes viajen encima de los trenes de carga, medida que probablemente obligará a un mayor número de migrantes a depender de las redes de tráfico de personas. (Fotos que muestran decenas de migrantes encima de estos trenes habían sido durante mucho tiempo una vergüenza para el gobierno mexicano y un ejemplo potente de la difícil situación que sufren los migrantes centroamericanos en tránsito por México).

Los puestos de control y las redadas también han aumentado dramáticamente, dando lugar a un mayor número de deportaciones. El gobierno mexicano no ha publicado información sobre el número de centroamericanos que deportó en junio, julio o agosto, pero el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ha sido citado diciendo que 30 mil centroamericanos fueron deportados desde el inicio de las nuevas iniciativas. (No queda claro a qué período de tiempo el Sr. Osorio Chong se refería, pero es probable que es de julio a agosto).

A principios de septiembre, elementos de la nueva Gendarmería, una división de 5.000 elementos de la Policía Federal de México con formación militar y policial, también llegaron al estado fronterizo de Chiapas, para complementar a los 400 elementos de la Policía Federal desplegados allí en 2013. Las notas de prensa indicaron que la Gendarmería en Chiapas se centraría en la seguridad fronteriza, y que en sus primeras semanas ayudó a rescatar a nueve víctimas de trata de personas, dando lugar a la detención de seis presuntos miembros de una red de traficantes y tratantes de personas.

Un torrente de notas en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, como The Washington Post, Los Angeles Times, Associated Press y NPR narró el peligroso viaje de los migrantes por México y los nuevos esfuerzos del gobierno mexicano para detenerlos. Y el gobierno de los Estados Unidos parecía aprobar estos esfuerzos; el Secretario de Seguridad Interna (Secretary of Homeland Security) Jeh Johnson dijo el 8 de septiembre que “También nos complace que el gobierno mexicano haya tomado en sí una serie de medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a los Estados Unidos”. (Los gobiernos centroamericanos también se han emprendido esfuerzos para frenar la migración. Honduras ha llevado a cabo operaciones de seguridad fronteriza con el apoyo de soldados para impedir que los niños no acompañados comiencen su viaje, y Guatemala ha establecido dos Fuerzas de Tarea Conjuntas del ejército y la policía contra la de lincuencia organizada y el contrabando en sus fronteras con México y Honduras).

Pero en México, los esfuerzos del gobierno han causado controversia. Sergio Aguayo, un prominente académico y activista en México, dijo recientemente a NPR que “Ya somos los sirvientes de los EE.UU. en este papel”. Zoe Robledo, el senador de Chiapas, tomó la palabra en el Congreso de México, pidiendo que el INM proporcione más información sobre el Programa Frontera Sur y sobre las medidas del gobierno mexicano para garantizar los derechos de los detenidos y si el uso de rutas alternativas pondría en riesgo los migrantes. Y las organizaciones de la sociedad civil han rechazado ampliamente el plan por su falta de claridad de visión y por no poner suficiente énfasis en la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Estas preocupaciones están bien fundadas. Durante los últimos años, los migrantes en tránsito por México, principalmente centroamericanos, han sido víctimas de crímenes generalizados y violaciones a los derechos humanos. En particular, el secuestro ocurre con frecuencia sorprendente; un informe de 2011 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) encontró que 11.333 migrantes fueron secuestrados en un periodo de seis meses entre abril y septiembre de 2010. (La Policía Federal también recientemente reveló que había rescatado a 71.415 migrantes secuestrados entre 2007 y 2014). Por otra parte, de acuerdo con el informe del Departamento de Estado de 2014 sobre la trata de personas, “México es un país importante de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de tráfico sexual y el trabajo forzoso”. Violaciones a los derechos humanos contra los migrantes también son comunes: un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 sobre la migración por México reconoció la participación o tolerancia de las autoridades públicas en los secuestros de migrantes en tránsito por México perpetrados por grupos delictivos organizados; y la CNDH recibió 454 denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del INM en 2013.

La mayoría de los crímenes y violaciones a los derechos humanos en México quedan impunes; migrantes rara vez los denuncian, y se inician pocas investigaciones. En respuesta a una reciente solicitud de acceso a la información, la Procuraduría General de la República (PGR) admitió que sólo había abierto 48 averiguaciones previas para secuestros de migrantes desde 2010.

Además, si bien hay acciones visibles sobre el terreno, ha habido poca transparencia sobre el nuevo Programa Frontera Sur de México en sí. En abril el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó al INM que haga público los documentos que describen el tan esperado plan, en respuesta a varias solicitudes. El INM respondió diciendo que no tenía tales documentos. (Nuestra investigación encontró una serie de documentos emitidos por el gobierno mexicano en el último año sobre la política de la frontera sur, incluyendo el Plan Integral de Desarrollo de la Zona Sur-Sureste, el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, el Plan de Modernización de las Aduanas, el Programa de Migración para la Frontera Sur de México y el Programa “Paso Seguro”, pero ninguno de estos documentos proporciona una descripción satisfactoria del plan del gobierno mexicano para la frontera sur). El supuestamente más completo Programa Frontera Sur finalmente se anunció en julio, pero hasta la fecha no se ha publicado un documento con detalles sobre el plan. Al describir el plan, el presidente Peña Nieto tuvo cuidado de hacer hincapié en los derechos humanos y la seguridad, afirmando que “en México estamos convencidos de que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde una perspectiva regional, corresponsable, y sobre todo humana; pero también somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte”. El 15 de julio, el gobierno anunció una nueva agencia gubernamental dedicada a la seguridad fronteriza, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, dirigida por el ex senador (y ex jefe de la Comisión sobre Asuntos de la Frontera en el Senado de la República), Humberto Mayans.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó su solicitud de presupuesto para 2015, incluyó a más de 102 millones 11 mil 743 de pesos para esta nueva agencia. (Mientras tanto, el presupuesto para el INM cayó un 9,5 por ciento en términos reales, de  2 mil 173 millones de pesos a mil 966 millones). Sin embargo, el proyecto de presupuesto proporciona escasos detalles sobre el presupuesto de la agencia; cerca de la mitad de su presupuesto, 56 millones de pesos, es designado para salarios, pero el presupuesto no especifica cuántas posiciones espera crear. Tampoco hay claridad acerca de cómo la Oficina de Coordinación gastará los otros 46 millones de pesos. Llama la atención que la nueva Oficina tendrá un 70 por ciento más dinero que la Unidad de Política Migratoria, que técnicamente es el organismo gubernamental responsable de diseñar y coordinar la política migratoria en México.

A medida que México avanza con su plan para mejorar la seguridad y los derechos humanos en la frontera sur, es esencial que lo haga de manera que sea transparente e incluyente de la sociedad civil. Hay tres precedentes relevantes para un proceso de este tipo: el proceso de consulta que llevó a la creación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el proceso de redacción del primer Programa Especial de Migración 2014-2018 y, más recientemente, el Programa de Regularización Migratoria, lo cual el gobierno pondrá en marcha este año.

Si el gobierno mexicano toma en serio sus intenciones de proporcionar seguridad y poner orden en la frontera sur, se debe dar prioridad a las reformas institucionales, especialme
nte medidas para rendir cuentas y luchar contra la corrupción, en sus esfuerzos para fortalecer los organismos encargados de la aplicación de la ley migratoria, y aumentar los esfuerzos para investigar y sancionar a grupos criminales que operan en la región fronteriza. Y si el gobierno mexicano continúa con su estrategia agresiva del control migratorio, debe asegurarse de que el debido proceso y los derechos humanos no sean violados en el proceso.

*Actualización: Después de la publicación de este comentario, el INM publicó los números sobre eventos de extranjeros devueltos durante los meses de junio, julio y agosto de 2014. Según estas estadísticas, 26.684 individuos fueron deportados durante este periodo.

Recursos adicionales: