La Casa Blanca está dando señales de apoyo a restricciones que ponen en peligro la vida de las personas solicitantes de asilo, incluyendo un aumento del estándar que deben cumplir mientras son evaluadas bajo custodia estadounidense. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hace un llamado al Congreso para que no utilice las vidas de decenas de miles de familias e individuos como moneda de cambio para conseguir asistencia a Ucrania e Israel.
En lugar de poner en peligro la vida de las personas, es hora de ser realistas sobre los factores que impulsan la migración, garantizar el debido proceso a las personas que necesitan protección, proporcionar vías legales adicionales para la migración y trabajar con países de todo el hemisferio que también están recibiendo cifras récord de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Bloquear el asilo, un valor central de los derechos humanos adoptado tras la Segunda Guerra Mundial, no ha impedido ni impedirá que las personas huyan de sus hogares, y empeorará la crisis humanitaria.
Las razones que obligan a las personas solicitantes de asilo de Venezuela, Haití, Ucrania, Cuba y muchas otras naciones a huir de sus hogares permanecerán, independientemente de los cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos. En este momento, miles de familias esperan durante días en las regiones fronterizas más apartadas, en condiciones adversas y sin suministros, para ser recogidas por la Patrulla Fronteriza con la esperanza de buscar protección en el país.
Las duras medidas que está imponiendo el gobierno del estado de Texas no están disuadiendo a nadie: personas desesperadas están atravesando a través de alambre de púas con sus hijas e hijos en El Paso, mientras que más de 3.000 al día están llegando al sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, el corazón mismo de la represión del gobernador Abbott. La gente está llegando incluso aunque un número creciente no sobrevive al viaje: el número de muertes de personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y en toda la región es el más alto de la historia. Endurecer aún más el acceso al asilo, que es una piedra angular de nuestro sistema legal y una reforma importante de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, solo contribuirá a las deficiencias en la frontera y a la pérdida de vidas.
Aumentar los estándares de las entrevistas por temor creíble, limitar el número de personas solicitantes de asilo, ampliar los procedimientos expulsión acelerada y restringir la libertad condicional humanitaria pondrán a miles de personas en peligro de muerte.
Estas políticas aumentarían la probabilidad de que las autoridades estadounidenses cometieran refoulement (devolver a las personas a su lugar de persecución), una grave violación de los derechos humanos y de la legislación internacional y estadounidense. Ya es bastante cuestionable que la ley de inmigración estadounidense haga que viajar a suelo estadounidense y pedir asilo sea la única alternativa viable para que la mayoría consiga protección en Estados Unidos, y que la política estadounidense restrinja el acceso de las personas solicitantes de asilo a los cruces oficiales.
Después de un viaje angustioso, mientras permanecen en las instalaciones carcelarias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) sin acceso a asesoramiento legal, muchas personas con necesidades urgentes de protección no podrán defender eficazmente sus casos por teléfono con funcionarios de asilo distantes, especialmente si la administración de Biden y el Congreso elevan el estándar de “temor” a algo cercano a lo que eventualmente tendrían que probar en un tribunal de inmigración. Este cambio de política devolverá a miles de personas a la muerte, la tortura, o el encarcelamiento. El proceso de expulsión acelerada ya agiliza los procedimientos de asilo en la frontera. Ampliarlo al interior de los Estados Unidos, impidiendo su capacidad para conseguir abogados y presentar eficazmente sus casos, sometería a las personas migrantes y solicitantes de asilo de todo el país a deportaciones rápidas sin el debido proceso.
Más allá de un posible acuerdo sobre el aumento de las normas sobre el temor, el partido Republicano está presionando para que se limiten las facultades presidenciales, que data de la década de 1950, de ofrecer a las personas inmigrantes libertad condicional humanitaria temporal (parole). Una oferta parcial de parole a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela aumentó el orden en la frontera al reducir drásticamente las llegadas de la mayoría de las y los ciudadanos de esos países. Restringir este programa abrumaría los recursos en la frontera.
Estos cambios políticos propuestos contradicen directamente los compromisos de Estados Unidos con la equidad racial, afectando de manera desproporcionada a las personas inmigrantes negras, mestizas e indígenas. El daño potencial a estas comunidades no puede pasarse por alto.
El problema no es la norma para que las personas accedan al asilo; el problema es nuestro anticuado y subfinanciado sistema de asilo, que se enfrenta a retrasos de años para atender casos. Las propuestas deberían centrarse en eso.
Instamos al Congreso a no hacer cambios de políticas permanentes y perjudiciales a cambio de un paquete de financiación momentáneo. La necesidad de soluciones duraderas y bien pensadas nunca ha sido tan apremiante.
