30 Apr 2014 | Análisis | News

Carta de WOLA sobre grave situación del pueblo afrocolombiano

Para ver la carta en PDF, haga clic aquí.

30 de abril 2014

Sr. Óscar Gamboa Zúñiga
Director
Programa Presidencial para la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal
Vicepresidencia de la República de Colombia
Carrera 10 # 24 – 55, Piso 4, Bogotá D.C., Colombia.

Estimado Sr. Gamboa,

Nosotros en WOLA apreciamos la oportunidad de poder reunirnos con Ud. en Washington, D.C., para dialogar sobre los derechos humanos, laborales e humanitarios de las comunidades afrocolombianas. En particular, quisiéramos conversar con Ud. acerca de varios temas, situaciones y casos de particular interés a WOLA, hacerle algunas preguntas y sugerirle algunos pasos que pensamos que podrían ser útiles para garantizar la justicia en casos de derechos humanos y laborales involucrando afrodescendientes, la seguridad de líderes y lideresas afrodescendientes y activistas que trabajan para mejorar sus derechos.

Buenaventura

La crisis social y humanitaria en el puerto de Buenaventura sigue siendo grave. En agosto 2013, WOLA acompañó al Congresista James McGovern en su visita a Buenaventura que resultó en el informe del Congreso titulado The U.S.-Colombia Labor Action Plan: Failing on the Ground. En dicho informe los Representantes McGovern y Miller hacen unas recomendaciones al Fiscal General de Colombia acerca de la violencia en Buenaventura y el Distrito Agua Blanca.

Nos interesaría saber qué acciones ha tomado su oficina para responder a las recomendaciones hechas acerca de Buenaventura y el Distrito Agua Blanca en el informe de los Congresistas McGovern y Miller? 

Desde que salió este informe se ha reportado que más de 13.000 personas fueron desplazadas en Buenaventura en el 2013. También los medios, grupos de sociedad civil y religiosos reportan casi diariamente que los descuartizamientos, homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y el reclutamiento de menores siguen siendo una realidad. Tristemente pese a toda la atención mediática e intervenciones de forma militar ordenadas por el gobierno nacional, vemos que continúa el alto grado de impunidad en estos casos.

Human Rights Watch (HRW) recientemente lanzó un informe en marzo 2014 que confirma muchas de las denuncias que WOLA ha estado haciendo a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia sobre Buenaventura desde el año 2006. HRW confirmó que los grupos sucesores a los paramilitares siguen controlando muchas áreas del puerto, que los residentes temen a denunciar las atrocidades, e incluso cuando deciden correr el riesgo de hacer denuncias, la Policía y Fiscalía no actúan de manera suficiente para conseguir resultados judiciales en los casos. HRW afirma que existe un solo Fiscal para casi un mil casos. HRW también re-afirma que no existen servicios suficientes para abordar la crisis humanitaria enfrentada por la población desplazada. El 22 de abril de 2014 el Senador Alexander López realizó un importante debate de control político sobre esta alarmante situación donde se reporta que entre el 1985 hasta el 2014 han ocurrido casi 700 actos terroristas, más de 900 desapariciones forzadas y 6.711 homicidios en este sitio.

Las comunidades con el apoyo de la iglesia católica, grupos de derechos humanos y otros se han organizado de forma pacífica para conseguir una respuesta estatal a la crisis que no se enfoque exclusivamente a la militarización pero solucionar los problemas socio-económicos estructúrales que agudizan la crisis social en el puerto y se han unido de forma pública para protegerse de los actores violentos.  El día 19 de febrero 2014 más de 30.000 personas salieron a las calles para manifestar su rechazo por la violencia y las atrocidades que están ocurriendo en Buenaventura. Las organizaciones sociales principales que trabajan el tema han recogido sus preocupaciones y recomendaciones en documento adjuntado. Nos interesaría saber ¿cómo están trabajando las autoridades Colombianas con las organizaciones firmantes para buscar la implementación de estas recomendaciones?

El día 19 de abril 2014 fue el noveno aniversario de la masacre de los 12 jóvenes del barrio Punta del Este. Este es el caso donde 12 jóvenes afrodescendientes fueron incentivados con 200,000 pesos por hombres foráneos a participar en un partido de futbol. Una vez estando ahí paramilitares del Bloque Calima de los paramilitares de las AUC los asesinaron y desmembraron. Durante el aniversario se realizó una marcha en Punta del Este para conmemorar las víctimas. Los grupos que trabajan este caso, incluyendo WOLA, están pidiendo a las autoridades Colombianas que tomen varias acciones (ver adjuntado) sobre este caso. Nos interesa saber ¿qué acciones ha tomado su oficina para ayudar que haya justicia, reparaciones y no-repetición en esta situación? Adicionalmente, le pedimos que intervenga con el Tribunal de Cali para que nos informe acerca del estado actual de los casos y con la Defensoría del Pueblo y Personería Distrital para que le den seguimiento y Fiscal General sobre una investigación integral en estos casos.

En otro esfuerzo de sociedad civil, unas 800 familias en el sector Puente Nayero localizado el barrio La Playita están en proceso de formar una zona humanitaria urbana similar a las que existen en el Departamento del Chocó. Como resultado de esta iniciativa, las comunidades han recibido varias amenazas de grupos armados diciendo que “no iban a permitir perder su territorio”. El 22 de abril, recibieron una amenaza que ordenó el asesinato del líder afrocolombiano Orlando Castillo. El mismo día, el defensor de derechos humanos Danilo Rueda de CIJP fue amenazado con un machete por un integrante de la estructura paramilitar que ingresó al espacio humanitario del Puente Nayero. También fue amenazada la esposa del líder y defensor de derechos humanos Luis Yasmani Grueso Sinisterra; los paramilitares le advirtieron que ella se convertiría en blanco militar si siguen con el proyecto de la zona humanitaria.

En WOLA pensamos que la situación actual requiere acciones inmediatas que van más allá de la militarización. Apoyamos las recomendaciones de los Congresistas Miller y McGovern y las siguientes recomendaciones de HRW:

  1. La Policía Nacional debe priorizar la seguridad de los residentes y mantener una permanencia en los barrios más afectados y ocupados por los grupos armados ilegales
  2. El Gobierno del Presidente Santos debe asegurar que la población desplazada esté recibiendo la ayuda humanitaria necesaria, incluso si las entidades locales desconocen su deber de atender a la gente.
  3. La Fiscalía General de la Nación debe crear un equipo especial de fiscales, cuyo enfoque es exclusivamente los casos de desapariciones en Buenaventura. Entendemos que este grupo está en proceso de ser creado y le pedimos a su oficina que le haga seguimiento y que monitorea para que hayan resultados concretos contra la impunidad en estos casos.

Adicionalmente, pensamos que la crisis que se vive en Buenaventura no se puede tratar aislada de las transformaciones grandes que están ocurriendo en la Isla Cascajal. Existe una brecha muy grande entre la Sociedad Portuaria, empresarios e inversionistas nacionales e internacionales que se están beneficiando del puerto y los residentes locales afrodescendientes que habitan en el mismo. Como Ud. tienen conocimiento, se están despojando sin respetar el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa, libre e concertada y de otras maneras perjudicando las comunidades afrodescendientes de Bajamar para expandir el puerto y el comercio. Es urgente que Ud. como representante de los intereses de los afrodescendientes para la Vice Presidencia, trabaje en un plan de emergencia concertado con los representantes de los habitantes de estas zonas para mitigar los impactos negativos de los cambios en el puerto y buscar soluciones que respeten los derechos humanos de dichas personas.

Decisión de la CIDH acerca de víctimas de Operación Génesis

En diciembre 2013, casi dos décadas después del doloroso desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes en norte del Chocó a raíz de la Operación Génesis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saco su decisión acerca de las violaciones cometidas contra las víctimas de la cuenca del rio Cacarica y ha ordenado a Colombia a tomar varios pasos para remediar estas injusticias incluyendo: un reconocimiento público de su responsabilidad y que se garanticen que los territorios del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del Río Cacarica sean totalmente restituidos a sus legítimos propietarios y las víctimas sean reparadas.

Le quisiéramos preguntar: Como está avanzando el proceso de implementar la orden de la Corte?  En  qué etapa se encuentran las diferentes recomendaciones de la Corte?

Acerca de este caso, quisiéramos enfatizar que es necesario que Colombia tome acciones efectivas y decisivas para asegurar cumplimiento con la orden y garantizar non-repetición de violaciones y para proteger a los miembros de la comunidad  de Cacarica quienes siguen en riesgo de represalias por su activismo. Hemos recibido reportes indicando que hay indicios de una posible incursión paramilitar en la zona de Cacarica por el río Salaquí.

También nos preocupa el reciente asesinato de Adán Quinto que sucedió en Turbo tanto porque rechazamos este asesinato y porque nos preocupa que este incidente ha resultado en nuevas infundadas y falsas acusaciones contra miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y Peace Brigades International (PBI) ser responsable por el hecho y que esa falsa información aumenta el riesgo de ataques contra ellos. Recomendamos que Ud. se comunique las autoridades competentes y les urge que hagan una investigación exhaustiva acerca del asesinato y las falsas acusaciones contra CIJP y PBI y que las personas responsables por estos hechos se lleven a la justicia.

Consulta Previa e implementación de acuerdos Congreso Autónomo Afrodescendiente

En el marco del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal el Gobierno Nacional estableció un conjunto de acuerdos con el Movimiento Afrocolombiano, entre ellos la reglamentación de los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993 que debía avanzarse de manera simultánea con las consultas previas de varios de los proyectos de ley señalados como prioritarios por el Gobierno Nacional. Igualmente el Gobierno se comprometió, una vez establecido un mecanismo por parte del Movimiento Afrocolombiano viabilizar estos compromisos.  El Congreso Nacional, estableció la Autoridad Nacional Afrocolombiana como espacio Autónomo para hacer seguimiento y concretar los acuerdos. Después de Quibdó, el Gobierno, con el argumento de que esperan un fallo de fondo de la Corte Constitucional, no ha atendido los llamados de la Autoridad Nacional Afrocolombiana para retomar  los acuerdos y compromisos.

Quisiéramos preguntarle qué acciones tienen planeadas su oficina para ayudar a fortalecer la Autoridad Nacional Afrocolombiana y para cumplir con los acuerdos y compromisos hechos en agosto 2013?

Según información recibida por WOLA, solo hasta los días 11 y 14 de marzo hubo reuniones del Gobierno con la Autoridad presionado por un requerimiento de información  la Corte Constitucional, sobre los resultados y avances después del Primer Congreso. El día 25 de abril, el Gobierno estableció un acuerdo con los Consejos Comunitarios del Pacifico, en el contexto de la concertación para avanzar con el III Censo Nacional Agropecuario. Por este acuerdo, el 28 de mayo habrá una reunión para coordinar el proceso de reglamentación de la Ley 70 de 1993.

En consonancia con la determinación gubernamental de limitar la implementación de las consultas previas, nos preocupa que el Gobierno ha hecho pronunciamientos que ponen en riesgo este derecho y se ha negado a que las preguntas relacionadas con los afrocolombianos y el operativo censal del III Censo Agrario surtan el proceso de Consulta Previa que contempla la legislación colombiana. Las tres demandas básicas del movimiento afrocolombiano, alrededor del III Censo Agropecuario tienen que ver con la CPLI, el enfoque diferencial y la situación de comunidades donde ya se  realizó el censo antes de que hubiera habido participación de las comunidades.  Las respuestas de los funcionarios del DANE ha sido, en todos los espacios de participación concluyente: adelanta un proceso de concertación y no de CPLI, el formulario no se puede modificar. En áreas como la Andina, donde la mayoría de los afrocolombianos habitan territorios ancestrales que no han sido titulados colectivamente, el DANE se niega a que los consejos comunitarios, puedan proponer y concertar directamente las personas que harán el censo en sus territorios. Nosotros le instamos que tome en cuenta e implemente las demandas hechas por el movimiento afrocolombiano frente este tema.

Crisis Humanitaria en el Pacifico

El mes pasado WOLA realizó una visita de terreno a varias comunidades afrodescendientes en las cuencas de los Rios Atrato, San Juan,Condoto, Baudó y los diferentes barrios de Quibdó. En el próximo mes vamos a lanzar un informe detallado sobre esta visita. Adjuntado a esta carta encontrara una representación que realizamos en la Universidad Javeriana que contiene nuestras impresiones preliminares del viaje y algunas recomendaciones a la comunidad internacional y las autoridades Colombianas. Primeramente tenemos unas preguntas que surgieron durante nuestra visita:

  1.  En relación al tema de atención a víctimas quisiéramos preguntarle en cuáles casos específicos de reparación individual y colectiva, así como de restitución de tierras se ha avanzado satisfactoriamente acorde con el decreto 4635 y cuál ha sido el papel de su oficina en este asunto?
  2. Sobre el tema de educación y el acceso y permanencia en educación superior de los afrocolombianos y las afrocolombianas, nos interesa preguntarle cómo su oficina hace seguimiento a la calidad educativa en las dos universidades públicas que hay en el Pacífico en particular la Universidad del Pacífico y la Universidad Tecnológica del Chocó?
  3. Acerca de las concesiones mineras y energéticas que estrategia están elaborando de parte de su oficina para garantizar el derecho a la consulta previa, asegurar medición de impactos económicos, ambientales, culturales y de derechos humanos y derechos étnicos de las comunidades afectadas por estos proyectos en el Pacifico?
  4. En términos de los múltiples TLCs que han firmado Colombia, dado que todos estos afectan a población afrodescendientes e indígenas cuál ha sido el papel de su oficina en favor de poblaciones afrodescendientes afectadas por las firmas e implementación de dichos acuerdos? Qué plan tienen para mitigar los impactos

negativos de estos acuerdos?

Quisiéramos resaltar nuestra profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos y crisis humanitaria y social que están experimentando muchos habitantes del Chocó dado a la combinación de los efectos del conflicto interno armado, la militarización, fumigaciones aéreas,  minería ilegal y sus danos ambientales, minas anti-personales, corrupción y la ausencia de la institucionalidad de poder brindar los servicios básicos a las poblaciones locales. En términos del conflicto armado WOLA celebra las negociaciones que se están avanzando en Habana. Pero pensamos que avanzar con negociaciones mientras que las operaciones bélicas y los combates siguen su rumbo. Estos afectan de forma nociva a los civiles causando nuevos desplazamientos y situaciones de emergencias humanitarias. Por eso, estamos apoyando a parlamentarios europeos y congresistas norte americanos en su pedido de que los partidos negociando la paz firman un cese fuego bilateral y que respeten el derecho internacional humanitario. Es necesario que la Operación Titán y miembros de la fuerza pública operando en el Chocó respeten los derechos humanos y que la policía situada en zonas remotas sea más profesional, disciplinada y respetuosa de las comunidades étnicas. Nosotros recomendamos que su oficina impulse a que:

  1. Se trabaje fuertemente de parte de múltiples instituciones Colombianas para desmantelar las estructuras paramilitares que continúan operando en la región y que se investiguen y sancionen miembros del ejército, policía, políticos e intereses económicos quienes trabajan con ellos.
  2. Se tomen medidas inmediatas para analizar y buscar soluciones reales a los impactos negativos de la minería en comunidades afrodescendientes e indígenas. Debe actuar para mitigar las serias consecuencias ambientales y afectaciones humanas de la minería. Fortalecer esfuerzos para combatir el lavado de dinero que sucede con los minerales. Se requiere impulsar esfuerzos con los consejos comunitarios y autoridades locales de ensenar a pequeños mineros de cómo protegerse de los riesgos laborales de la minería para prevenir más muertes y enfermedades.
  3. Trabajar con las autoridades locales en el Pacifico para que se respete la autonomía de los pueblos afrodescendientes e indígenas y que proyectos económicos especialmente megaproyectos impulsados por los TLCs se consulten y sean concertados con los consejos comunitarios y cabildos indígenas.
  4. Trabajar al nivel nacional para crear un plan especial para resolver los problemas de la pobreza extrema, situación particularmente vulnerable de los indígenas y las necesidades básicas de la población en el Chocó. Se requieren esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gobernación y elecciones.

Mientras que esta reciente visita se concentró en el Chocó, es importante notar que la crisis humanitaria y social se replica en otras partes del Pacifico. En los últimos 30 días, ha habido por lo menos cinco desplazamientos masivos de Guajui-Guapi, costa pacífica de Cauca. A raíz de estos desplazamientos son los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos armados ilegales, primariamente las FARC. Es esencial que Ud. garantice las autoridades brinden el apoyo humanitario necesario a estas comunidades y que las fuerzas armadas enfoquen sus esfuerzos fuera de las áreas habitadas por civiles.

Caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó

Como le hemos notado en previas interacciones la situación para las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó necesita más atención al nivel nacional. Varios líderes y lideresas de restitución de tierras—entre ellos Yomaira Mendoza, Leydis Tuirán y Enrique Cabezas—han recibido múltiples amenazas instando que dejen de trabajar o los van a matar. La militarización de estas tierras no es una respuesta efectiva a esta situación; la presencia de fuerzas armadas dentro de las comunidades mismas tiene a poner a las comunidades en mayor riesgo. Le urgimos que Ud. trabaje para que el Gobierno nacional le dedique más recursos a la investigación y sanción de los responsables—inmediatos e intelectuales—de estos crímenes. La única forma que se pueda desmantelar las actividades ilegales de los grupos paramilitares ahora agrupados en nuevos grupos es si el gobierno nacional manda un mensaje fuerte que en situaciones de colaboración de parte de miembros de las fuerzas armadas, políticos e empresarios con dichos grupos tiene consecuencias judiciales.

AFRODES y seguridad de líderes y lideresas afrodescendientes

Condenamos fuertemente que el día 29 de abril 2014 sufrió un atentado Henry Camacho, vocero del sector afrodescendiente de la mesa agraria y popular de interlocución y acuerdo (MIA) quien forma parte del Consejo Comunitario “Rescate de las Varas.” Los informes preliminares indican que el recibió 14 puñaladas con arma blanca y que está al borde de la fuerte. Le pedimos que tome acciones para que se investigue y sancione este crimen y se trabaje para garantizar la seguridad de otros miembros de esta organización y comunidades. Así mismo seguimos pendientes para que haya avances en las investigaciones y sanciones en los casos de asesinatos de los líderes afrocolombianos Demetrio Lopez de la Comunidad de la Caucana en Valle, Miller Angulo Rivera de AFRODES en Tumaco y Carlos Arturo Ospina Cordoba, el hijo de la líder Ana Fabricia Cordoba quien fue asesinado en Medellín en febrero 2014.

Le preguntamos qué esfuerzos se han hecho de parte de su oficina para garantizar la justicia en dichos casos y prevenir que se repitan este tipo de ataques contra estas personas afrocolombianas?

Como Ud. ya sabe nos preocupan mucho los ataques y las amenazas a los líderes y las lideresas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones colombianas al tema. Cuando WOLA estaba visitando Bogotá el mes pasado, hombres armados  nuevamente visitaron la sede de AFRODES en Bogotá. Ya van varias ocasiones en los últimos meses que estos hombres andan buscando a miembros de la organización, evento que se han denunciado a la UNP y Fiscalía. Esto se sume a las múltiples amenazas e incidentes de seguridad que han recibido y sufrido miembros de AFRODES en Buenaventura, Cali, Distrito Agua Blanca, Pasto, y Atlántico.

El desarrollo de las medidas colectivas para miembros de AFRODES por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue pendiente y los compromisos hechos por las autoridades colombianas en la audiencia temática de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre 2013 siguen sin ser implementados. Existen vacíos de protección en las medidas de varios casos de medidas individuales que pueden resultar en consecuencias terribles para dichos líderes y lideresas. Nosotros vemos positivo que su oficina ha estado acompañando a AFRODES en este esfuerzo pero seguimos insistiendo que más allá de más reuniones, nuevos decretos e informes lo que se requieren son acciones concretas que aumentan las protección de los líderes como mensajes políticos públicos de parte de su oficina condenando ataques contra miembros de AFRODES e insistiendo en que hayan investigaciones con resultados de las amenazas e incidentes contra esta organización. En términos de la UNP, le pedimos que Ud. intervenga para que se avance con un CERREM especial para AFRODES y con buscar solución a las brechas que existen para las medidas de los más de 100 miembros de AFRODES quienes se encuentran en riesgo.

Discriminación racial contra los afrocolombianos

Vinculado a la crisis humanitaria y abusos de derechos humanos y laborales también observamos que uno de los aspectos indignantes es la discriminación racial. Esto es muy notable debido a que las problemáticas que se presentan involucrando afrodescendientes en algunos casos si estas no le dan prioridad ni respuestas efectivas hasta que se ejerce presión como manifestaciones públicas, protestas o cuando hay intervención de organizaciones internacionales. Los casos de racismo son demasiados para resumir en esta carta. Vemos positivo que el año pasado se realizó una reunión de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y los EEUU para avanzar con el Plan de Acción Racial (PAR) Entre EEUU y Colombia. Ese fue un paso adelante pero pensamos que se requieren más acciones.

Recomendaríamos lo siguiente:

  1. Que los futuros esfuerzos entre EEUU y Colombia para implementar el PAR incluyan a más organizaciones afrocolombianas de sociedad civil y en particular los que han trabajado el tema de discriminación racial como CIMARRONES, PCN, AFRODES, CNOA, el Observatorio de Discriminación Racial/De Justicia y el Consejo Laboral Afro-Colombiano (CLAF), el Grupo de Investigación Idcarán de la Universidad Nacional de Colombia y sus recomendaciones y propuestas de acción sobre el tema.
  2. Que los esfuerzos acerca del PAR incluyan debates públicos sobre la discriminación racial en diferentes sectores de Colombia.
  3. Que Ud. trabaje para que Colombia se une a la convención inter-americana contra el racismo y todas formas de discriminación e intolerancia.

Incidente acerca de las curules de los afrodescendientes

Es preocupante para WOLA, la situación política por la que pasan las minorías étnicas en Colombia como es el caso de los afrodescendientes, quienes destinaron 2 curules como participación directa en el congreso mediante la cámara de representantes, y que para las elecciones de este año las personas que fueron elegidas como congresistas en representación de las negritudes en la Cámara de Representantes, ellos son: María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, no sean Afrodescendientes, o identificados como personas que vienen compartiendo sus culturas y mucho menos abogando por sus necesidades. Adicionalmente son cuestionadas las formas que obtuvieron los votos y los partidos políticos por cuales se inscribieron debido a que hay alegaciones que están vinculados a alianzas políticas de dudosa adquisición de los recursos económicos para las campanas y posibles vinculaciones con grupos paramilitares.

Esta irregularidad es tan atípica que impulso a que todos los líderes y lideresas de las organizaciones del movimiento afrocolombiano quienes buscan solucionar la problemática de estas minorías étnicas a manifestarse públicamente y mostrar su indignación. Estos grupos consideran que les han usurpando sus derechos por lo cual se quedarían sin representación política en el congreso y de esta manera no podrían continuar exponiendo problemáticas y/o necesidades, de igual forma no tendrían como presentar proyectos que buscan minimizar sus problemáticas y necesidades.

Lo anterior es tan indignante que evidencia discriminación racial debido a que el gobierno ha permitido que esto suceda por lo cual el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez,  interpuso una demanda de nulidad electoral relacionada específicamente a este caso, el cual si se detalla más a fondo demuestra como el país, no tiene una reglamentación clara y detallada que permita evidenciar que los aspirante a estas curules sean pertenecientes a  poblaciones Afrodescendientes y que sean reconocidos líderes o lideresas que representen sus necesidades lo cual evitaría que en el futuro se continúen presentando situaciones como estas.

Cuál es su opinión sobre esta situación y que puede hacer para minimizar que se repitan estas situaciones?

Trabajadores Afrodescendientes

El 7 de abril fue el tercer aniversario del Plan de Acción Laboral EEUU y Colombia. Tristemente como lo expresamos en una declaración conjunta con el AFLCIO, CUT, CTC y otros grupos de derechos laborales y derechos humanos el PAL ha avanzado en el papel pero no en el terreno para muchos trabajadores Colombianos. Nosotros en WOLA pensamos que el PAL es una herramienta importante para ayudar a transformar la situación crítica de derechos laborales en Colombia donde los asesinatos de sindicalistas en plena impunidad, las amenazas de muerte y atentados contra activistas laborales y la tercerización laboral sigue siendo la norma en todos los sectores prioritarios del PAL. Para los y las trabajadores (as) afrodescendientes esta situación se agudiza debido a varios agravantes. La discriminación racial sigue siendo un obstáculo que empeora los derechos laborales de los y las afrocolombianas. Vemos que una gran parte de los y las afrocolombianos/as dado a los sitios que tradicionalmente residen, la marginalización histórica, el conflicto, falta de igualdad de acceso a la educación y su estatus socio-económico se encuentran en muchas ocasiones vinculados a trabajos que exigen alto nivel de mano de obra con riesgos ocupacionales más altos y los puestos de menos ingreso o menos deseables. En el caso de los sectores de azúcar, minería, palma aceitera y puertos estos trabajadores experimentan grandes obstáculos a la organización y sindicalización y esto se traduce en violaciones de derechos laborales (horarios excesivos, falta de descanso adecuado y presión de trabajar en condiciones inadecuadas o peligrosas). Adicionalmente, estos trabajadores sufren de la instabilidad laboral, poder ser echados sin remuneración o compensación, falta de seguridad social, incertidumbre, falta de cubrimiento si se accidentan o lastiman, y falta de pensiones cuando se jubilan. Muchas mujeres afrocolombianas se encuentran en el sector informal como empleadas domésticas y con obstáculos para sindicalizarse. Ellas también corren el riesgo de abuso sexual y maltrato físico.

En Buenaventura se observan efectos negativos de la privatización e intermediación en la actividad portuaria. Muchos afrodescendientes han tenido que emplear el  rebusque y los que ejercen la actividad laboral en el puerto mismo con el PAL no han logrado superar la tercerización. Es más, muchos trabajadores que se han organizado o afiliado con sindicatos en Buenaventura y Turbo han sido víctimas de represalias. Ellos han sido presionados a dejar el sindicalismo o echados y el Ministro de Labor no ha actuado para que las compañías los reintegren o compensen. Estos trabajadores sufren no solo por la explotación laboral sino también porque ellos y sus familias son víctimas de la descomposición social en el puerto y así sufren debido a la violencia, el desplazamiento armado y la expansión portuaria. Como nos reportan  lideres con quien trabajamos: “es muy injusto como las sociedades portuarias invierten sus múltiples ganancias en sus operaciones y tecnificación, y no miran las condiciones social y laboral  de nosotros como trabajadores, hoy tenemos un gran número de compañeros en la mendicidad sin contar con una casa durmiendo en los andenes.” En el sector azucarero, vemos una situación de falta de avances laborales para los corteros de cana, impunidad en los casos de asesinatos de líderes y nuevas amenazas de muerte.

La discriminación laboral contra la población de afrodescendiente, raizal y palanquera, tanto en el acceso como en las condiciones de trabajo sigue siendo un asunto preocupante. Adicional a la precariedad laboral y la tercerización mencionados anteriormente la discriminación salarial, y falta de promoción y  oportunidades de ascenso para los pocos que están formalizados sigue igual. Se requiere que se aumente la voluntad política del gobierno y los empresarios y que se tomen medidas específicas en políticas públicas para eliminar la brecha de exclusión laboral de la población afrodescendientes. En el reciente Foro Urbano Mundial de ONU realizado en Medellín, fue notable que no hubo una mesa afrodescendientes. Esto señalo a activistas afrocolombianos y otros que para el gobierno colombiano los afrodescendientes no son una importante parte de las ciudades. Dado que un gran y creciente número de la población colombiana desplazada es afrodescendiente y están ubicados en las ciudades en los cinturones de miseria  extrema de las mismas la omisión de estos grupos es problemático.

Pensamos que Ud. debería apoyar al Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) para que dialoguen con el Ministro de Trabajo para que puedan trabajar juntos en buscar cómo se puede tomar pasos para inclusión racial en la mesa nacional de Concertación Laboral. En ese foro el CLAF puede trabajar con las autoridades de forma más eficaz para encontrar soluciones a esta problemática. Adicionalmente se debe asegurar que haya oficiales encargados de abordar el tema de inclusión de afrocolombianos en las instituciones encargadas de dichos temas. Con el CLAF también sería importante que se reúna para discutir cómo se puede mejorar la seguridad de sindicalistas y activistas laborales afrodescendientes que forman parte del CLAF en particular Jhonson Torres, Harold Viafra y Agripina Hurtado. Adicionalmente, nos interesa ver avances en las investigaciones en los casos de Milton Enrique Rivas Parra, sindicalista afrodescendiente de la USO quien fue asesinado en Puerto Gaitán (Meta) en diciembre del 2012 y Daniel Aguirre, activista del sector azucarero y miembro de SINALCORTEROS quien fue asesinado ese mismo año.

Vemos positivo que ACDIVOCA, AFRODES, el Ministro de Labor y el sector privado están trabajando para emplear afrocolombianos desplazados. Vincular a los desplazados con trabajos y entrenamiento técnico es esencial para ayudar que esta población pueda superar su condición de desplazamiento. Pero pensamos que estos esfuerzos tienen que ser monitoreados por parte de su oficina y otras autoridades para garantizar que los mismos no resulten en la explotación de trabajadores desplazados. En otras palabras que se asegure que dichos empleos vengan con la remuneración adecuada, las condiciones de trabajo sigan los estándares internacionales y que se respeten los derechos laborales y la sindicalización de dichas personas.

Quisiéramos preguntarle: Que esfuerzos están tomando dentro de su oficina para avanzar la implementación del Plan de Acción Laboral? Que esfuerzos están implementando para combatir la discriminación racial en los sectores como azúcar, puertos, empleo doméstico, y madres comunitarias para apoyar esfuerzos de contratación directa y proteger y aumentar el sindicalismo?

Nuevamente agradecemos la oportunidad de dialogar con Ud. y estaremos pendientes de sus respuestas y acciones frente los temas y casos presentados.

Atentamente,

Gimena Sánchez-Garzoli
Coordinadora Principal
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)