En las últimas semanas, El Salvador ha sido testigo de un fuerte repunte de homicidios. En solo los primeros 15 días de octubre, los funcionarios estimaron que un promedio de 14 personas fueron asesinadas cada día. Tristemente, el aumento en la violencia no es desconocido en El Salvador, y el alto número de homicidios es un escalofriante recordatorio de los desafíos que enfrenta el país. Las dificultades para manejar el problema de la inseguridad y la violencia se ven agravadas por un sistema de justicia penal débil que no puede responsabilizar a los perpetradores. Al mismo tiempo, la política profundamente polarizada ha dificultado crear acuerdos sobre soluciones y medidas para abordar eficazmente los desafíos del país.
Este comentario es el primero de una serie de tres partes que intentará evaluar varias áreas donde El Salvador ha progresado y otras donde la resistencia al cambio, las instituciones subdesarrolladas y una cultura débil de respeto por el estado de derecho han obstaculizado el progreso. Puedes leer la segunda parte aqui.
El Salvador dio un paso histórico en derechos humanos en el 2016, cuando el Tribunal Constitucional del país revocó la Ley de Amnistía de 1993 que prohíbe el enjuiciamiento de quienes habían cometido abusos durante la guerra civil que duró doce años en El Salvador. La ley significaba que aquellos que cometieron miles de asesinatos y desapariciones, según lo documentó una Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas (ONU), nunca rindieron cuentas.
El Salvador ahora se enfrenta a una gran prueba: ¿pueden acaso ser responsabilizados aquellos detrás de los crímenes descritos por la Comisión de la Verdad, y ha el sistema de justicia del país evolucionado lo suficiente como para impartir justicia de manera confiable?
Aunque mucho sigue siendo incierto, hay algunas señales de que el rechazo de la Corte de la Ley de Amnistía puede, en cierta medida, haber preparado el camino para acciones significativas en las cuestiones de derechos humanos en El Salvador. Dos acontecimientos recientes en particular representan pasos positivos en cuestiones de justicia y derechos humanos: la formación de un comité patrocinado por el gobierno para buscar a los desaparecidos y la reapertura de una investigación sobre una de las masacres más terribles de la guerra.
El 27 de septiembre del 2017, el Presidente Salvador Sánchez Cerén anunció la formación de una comisión para buscar a los desaparecidos durante la guerra civil. El grupo es conocido como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABUSQUEDA).
Según la Comisión de la Verdad patrocinada por la ONU, más de 5.000 personas fueron desaparecidas a la fuerza durante el conflicto de El Salvador. Organizaciones no gubernamentales citan cifras de hasta 10.000 desapariciones forzadas, ninguna de las cuales ha sido investigada o procesada por completo. Hoy, décadas después del fin de la guerra, miles de familias todavía están buscando la información más básica sobre el destino de sus seres queridos perdidos.
Antropóloga forense Claudia Bernard, de Argentina, cepilla unos restos humanos, en El Mozote, El Salvador. (AP Photo/Michael Stravato, File)
La formación de la Comisión es un paso positivo para descubrir la verdad sobre lo sucedido con los miles que fueron desaparecidos durante la guerra civil de El Salvador, y puede ayudar a traerle cierre a las familias de los desaparecidos. El presidente seleccionará tres líderes de la Comisión, dos de los cuales serán seleccionados de una lista de candidatos presentada por organizaciones que representan a las víctimas y las familias de los desaparecidos.
El anuncio prosigue tras una campaña de décadas hecha por las familias de los desaparecidos, familias que viven en El Salvador y salvadoreños-estadounidenses, la Fundación Mauricio Aquino, la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process Law Foundation, DPLF) y otros más. La Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA) se enorgullece de haber apoyado estos esfuerzos a lo largo de los años.
Esta nueva Comisión se basa en, y estará vinculada a la Comisión Nacional Pro-Búsqueda, un grupo patrocinado por el gobierno que ha liderado los esfuerzos para localizar a niños desaparecidos durante la guerra, y que generalmente ha tenido el apoyo de las organizaciones de víctimas. Una vez que se nombren a los jefes de la Comisión, CONABUSQUEDA buscará fondos para apoyar su trabajo. WOLA espera que los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional respalden lo que podría ser una importante contribución a la reconciliación en El Salvador.
Para llevar a cabo su trabajo, la Comisión necesitará acceder a los registros y recibir testimonios personales de los participantes y sobrevivientes del conflicto armado. El acceso a los registros de los militares salvadoreños, y posiblemente registros aún clasificados del gobierno de los EE. UU., también serán fundamental para el éxito de la Comisión. Si bien muchos documentos, incluyendo los registros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fueron publicados en la década de 1990, otros siguen clasificados, incluyendo registros militares y de inteligencia que podrían contener información relevante. En una carta escrito el año pasado y dirigida al presidente Obama, el Representante Jim McGovern (D-MA) y la Representante Norma Torres (D-CA) encabezaron a otros 24 miembros del congreso estadounidense en un llamado para que estos registros clasificados se hagan disponibles.
Si bien el rechazo de la Ley de Amnistía de 1993 fue un dictamen esperado desde hace mucho tiempo por quienes exigen justicia para las atrocidades cometidas durante la guerra, el fallo también ha provocado controversia en El Salvador.
El final de la Ley de Amnistía abre la puerta a una serie de casos políticamente delicados que se perseguirán. Estos casos incluyen el asesinato del Arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, la masacre de El Mozote – considerada la peor masacre jamás perpetrada contra civiles por actores estatales en América Latina, y en la que probablemente se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad – y el asesinato de seis sacerdotes Jesuitas y una madre y una hija en la Universidad de América Central en San Salvador.
La Procuraduría General de El Salvador tiene una unidad especial encargada de llevar adelante casos históricos de derechos humanos, así como de investigaciones sobre corrupción. Pero la unidad es pequeña, tiene recursos limitados y no ha invertido esfuerzos significativos en la reapertura de investigaciones de abusos durante tiempos de guerra. La Procuraduría General tampoco ha invertido esfuerzos significativos en apoyar un caso que partidos privados están actualmente llevando a cabo contra varios ex funcionarios militares y políticos, acusados de perpetrar una de las masacres más notables de la guerra: la tragedia en El Mozote.
Casi inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional se descartara de la Ley de Amnistía el año pasado, tres grupos de derechos humanos solicitaron la reapertura de una investigación de 1992 sobre la masacre de El Mozote. El caso original fue presentado ante un juez investigador por grupos de derechos humanos, como permitía la ley salvadoreña en el momento en que se abrió el caso original. Los abogados de derechos humanos acusaron a 32 oficiales militares de alto rango de coordinar el asesinato brutal de más de 900 civiles en 1981, pero la investigación fue suspendida después de la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993.
El caso reabierto se encuentra ahora ante un tribunal penal nacional en San Francisco Gotera, Morazán, a 120 millas de la capital de El Salvador. Ahora involucra a 18 oficiales militares sobrevivientes, incluido el entonces Ministro de Defensa General José Guillermo García, y el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo, que han sido acusados de múltiples delitos, incluyendo violación agravada, privación de libertad, robo, homicidio agravado y actos de terrorismo.
El paso del tiempo ya ha tenido un impacto dramático en el caso de El Mozote, mientras que 17 familiares de las víctimas de la masacre están preparados para testificar en la investigación actual, otros testigos prominentes han fallecido desde entonces. En septiembre, el tribunal comenzó a tomar el testimonio de los testigos, y en la sesión final del 19 de octubre, el ex general de la Fuerza Aérea Bustillo llegó a la audiencia pero se negó a dar su testimonio. Bustillo, ha anteriormente recibido una orden de arresto internacional emitida por la Corte Nacional de España por la masacre de la UCA en 1989.
María Rosario López, una sobrevivente del masacre en El Mozote. (Foto FACTUM/Gerson Nájera)
Trabajando con grupos de víctimas, con asistencia técnica de grupos de defensa como Cristosal y DPLF, y el apoyo de WOLA y otros más, los abogados privados que representan a los sobrevivientes de la masacre han perseguido obstinadamente el caso. En junio de 2017, pidieron al tribunal que tomará el testimonio de los ex oficiales del ejército. Los abogados que representan a los ex oficiales han rutinariamente negado la existencia de una masacre en El Mozote; trataron de impedir que la corte tomará testimonio afirmando, sin éxito, que los familiares de los que murieron en El Mozote no tenían legitimidad legal ante el tribunal.
Como los abogados, los testigos y las víctimas continúan presionando para que se tomen medidas judiciales, el Representante estadounidense James McGovern, Co-Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (Tom Lantos Human Rights Commission), se reunió con los abogados de las víctimas de El Mozote y se comprometió a apoyar sus esfuerzos, incluso visitando El Mozote en Diciembre de 2017.
No es sorprendente que algunos ex oficiales militares de alto rango, funcionarios del gobierno y políticos rechazaran la decisión de revocar la Ley de Amnistía y se opusieron a la investigación de El Mozote mediante refutando la existencia de documentos claves. Algunos han advertido que conducirá a una “cacería de brujas” que podría poner en peligro la paz. Sin embargo, proseguir con éxito el caso de El Mozote, así como otros casos de abusos contra los derechos humanos en tiempos de guerra, podría fortalecer el estado de derecho en El Salvador, así como brindar cierta medida de cierre y justicia para las víctimas y sus familias.
El caso continuará durante los próximos meses y pasará a una fase final a principios del próximo año. Será importante observar si el tribunal podrá llevar a cabo una investigación imparcial y llevar el caso a una conclusión basada en la evidencia. De ser así, será un importante paso adelante para superar la impunidad y demostrar que el sistema de justicia penal en El Salvador puede funcionar de manera efectiva.
