El escenario político en Venezuela ha cambiado desde 2019, cuando más de 50 países reconocieron al gobierno interino de Juan Guaidó. En diciembre de 2022, el gobierno interino se disolvió, y los cambios de gobierno en países como Brasil y Colombia, entre otros, han llevado a la reanudación de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Además, la posición de Estados Unidos de cara al gobierno venezolano ha pasado de una estrategia de máxima presión a otra que prioriza las negociaciones y está abierta a flexibilizar las sanciones a cambio de cumplir ciertas condiciones. La compleja emergencia humanitaria en Venezuela, reconocida internacionalmente como tal desde 2016, se ha profundizado debido a medidas como las sanciones financieras, así como las sanciones al petróleo, impuestas posteriormente por Estados Unidos y que siguen vigentes. Sin una transición pacífica y democrática, es poco probable que el país avance en la dirección correcta para superar la emergencia humanitaria y atender las necesidades del pueblo venezolano.
El año 2019 no resultó en el deseado cambio de gobierno. Desde entonces, el impulso ha sido reemplazado por una «sensación de fatiga» a nivel internacional, caracterizada por la falta de interés y compromiso de recursos hacia la promoción de una transición democrática. Puede que el escenario político haya cambiado en los últimos cuatro años, pero muchas cosas siguen siendo iguales en Venezuela: violaciones de los derechos humanos, corrupción, persecución de la disidencia, acceso limitado a la información y censura, falta de Estado de Derecho y una emergencia humanitaria compleja que no ha cesado y que sigue obligando a la población a huir.
El cansancio es una reacción natural cuando los cambios deseados no se producen o se retrasan indefinidamente. Sin embargo, es precisamente debido al sufrimiento de las personas venezolanas que las circunstancias exigen una oposición unida y eficaz con una estrategia clara que involucre a todos los sectores de la sociedad. Es evidente que el cambio político no traerá automáticamente el fin de una crisis humanitaria que ha tenido profundos efectos y ha llevado a los servicios públicos al colapso, pero una transición democrática puede llevar a desmantelar las estructuras de la «gran corrupción», a abordar la situación humanitaria de manera más eficaz y a hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos.
La dolarización de facto de la economía y la relajación de los antiguos controles de precios tuvieron algunos efectos positivos en la economía. Pero la economía todavía está lejos de recuperarse. Durante el primer cuatrimestre del año, la inflación alcanzó el 86,7 por ciento y la encuesta ENCOVI 2022 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello muestra cómo se ha profundizado la desigualdad en el último año. El ingreso per cápita del decil más rico fue 70 veces mayor al del decil más pobre. El estudio también muestra que casi un 40 por ciento de los hogares con mayores ingresos se ubican en Caracas, a pesar de que la capital sólo concentre un 16 por ciento de las viviendas del país. Según la plataforma HumVenezuela, 19 millones de personas tienen necesidades humanitarias y al menos 14 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa o moderada.
Aunque no exista una definición universal, las emergencias humanitarias complejas comparten las siguientes características:
Organizaciones de la sociedad civil venezolana como Civilis han subrayado que estas tres características han estado presentes desde al menos 2015. La literatura pertinente apoya la idea de que las emergencias humanitarias complejas tienen su origen en razones políticas, a diferencia de, por ejemplo, las emergencias causadas por desastres naturales. Es importante reconocer el rol central que juegan la política y la corrupción en la situación humanitaria de Venezuela. En otras palabras, sin una transición democrática, la crisis persistirá y millones de vidas serán afectadas.
Por lo tanto, superar el cansancio nacional e internacional debe ser una prioridad. En este contexto, tanto las negociaciones con el gobierno de Maduro como las vías electorales pueden funcionar en paralelo para contribuir al objetivo general de poner fin a la crisis humanitaria. La oposición debe encontrar un terreno común y una estrategia conjunta que pueda conseguir el apoyo del pueblo venezolano en torno al objetivo compartido de recuperar la democracia.
A pesar de retos evidentes como la renuncia reciente de todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, las Primarias Nacionales que tendrán lugar en octubre de 2023 siguen siendo una oportunidad para unir a los partidos de la oposición y conseguir apoyo internacional. Este camino hacia las elecciones presidenciales de 2024 debe servir para unir apoyos en todo el país de cara a las elecciones legislativas, regionales y locales de 2025. El año 2025 representa la mejor oportunidad para la democratización del país. Pero debemos pasar a la acción ya.