En México existe una crisis de desapariciones: durante los primeros cuatro meses de 2016, un promedio de 10 personas desaparecieron al día en el país. Esta crisis ha se ha estado construyendo por varios años: entre 2007 y abril 2016, más de 27,000 personas fueron oficialmente reportados como desaparecidos en México, un número sin precedentes. Más del 49 por ciento de estas desapariciones han ocurrido durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Tan alarmantes como son estos números, organizaciones de derechos humanos que documentan casos de desapariciones y trabajan con las familias de víctimas consideran que el verdadero número de casos es mucho más alto. Múltiples organizaciones que han examinado el registro oficial de desapariciones del gobierno, informan que éste no incluye entre 63 y 98 por ciento de los casos que han documentado.
Actualmente, México no cuenta con un marco legal apropiado para investigar las desapariciones. Aunque todos los estados de país y el gobierno federal tienen instrumentos legales para investigar este tipo de casos, dichos instrumentos no han sido efectivos para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, ni para asegurar justicia y reparaciones para las víctimas. Actualmente, la unidad de la Procuraduría General de la Republica (PGR) a cargo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas solamente cuenta con 29 agentes del Ministerio Público y 58 investigadores trabajando en más de 1,000 casos de desaparición. El presupuesto de esta unidad para el año 2016 es 34 por ciento menor que los fondos que recibió en 2014.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero ocurrida a manos de la policía municipal en septiembre 2014 sólo confirmó lo que familias y víctimas han denunciado por años: en México, autoridades policiales y judiciales obstaculizan investigaciones y obstruyen esfuerzos de búsqueda y localización. Las deficiencias de México en este aspecto fueron bien documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) que proporcionó asistencia técnica a México en el caso Ayotzinapa, el cual recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar casos de desapariciones.
Ante el aumento de críticas sobre la alarmante persistencia de desapariciones en México, el Congreso Federal aprobó una reforma constitucional el 10 de julio de 2015 otorgando a los legisladores la competencia para aprobar legislación de amplio alcance sobre el tema. Así, la reforma autorizó la expedición de una Ley General de Desapariciones, que homologará el tipo penal y las sanciones para casos de desapariciones en todo el país, y regulará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La reforma constitucional fue un paso positivo hacia la justicia: la ley que debe emitirse eliminará supuestas “complejidades jurisdiccionales” bajo las cuales las autoridades justifican la falta de resultados en investigaciones y también armonizará definiciones, procedimientos y protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas. Esta reforma constitucional fue excepcional porque representó la posibilidad, por primera vez en México, de que los legisladores aprobaran una ley que verdaderamente incorpore las peticiones y necesidades de las víctimas y de las familias en búsqueda de sus familiares desparecidos.
Desafortunadamente, juzgando por la falta de prontitud y cumplimiento de plazos legales, la voluntad auténtica de los legisladores mexicanos para aprobar una ley efectiva que aborde el tema de desapariciones sólo puede ser descrita como débil.
El plazo para expedir la Ley General de Desapariciones expiró hace casi cinco meses. A pesar de que el congreso mexicano estableció un periodo de 180 días para dicho fin, la fecha límite pasó desapercibida el 6 de enero de 2016. Además, el Congreso Federal entró en receso en abril sin aprobar la ley, lo que significa que su discusión tendrá que esperar hasta la próxima sesión legislativa que comienza en septiembre. Al mismo tiempo, cuestiones fundamentales que deberían de ser incluidas en la ley no se han definido y son poco claras, incluyendo el tipo penal de desaparición forzada, las penalidades para delitos de desaparición y los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas. Finalmente, aunque las autoridades organizaron algunas reuniones con familias y victimas para discutir los contenidos de la ley, peticiones fundamentales de esos grupos siguen sin verse reflejados en los proyectos de ley existentes.
La omisión en aprobar la Ley General de Desapariciones tiene consecuencias graves para las víctimas, y priva a las familias de un marco legal que pueda ayudarlos a encontrar a sus familiares. Así, hasta que el congreso apruebe la Ley General y establezca un sistema integral para la búsqueda de las personas desaparecidas, las familias enfrentarán una situación similar a la que prevaleció durante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: un sistema de justicia incapaz de llevar a cabo acciones de investigación y búsqueda; y sin capacidad o voluntad para sancionar a los perpetradores. Y hasta que la Ley se apruebe, acciones aisladas pero importantes como el protocolo de búsqueda inmediata implementado en el estado de Nuevo León no será suficiente para prevenir e investigar desapariciones.
Mientras que la aprobación de una ley integral es obviamente necesaria, la experiencia en México demuestra que tener buenas leyes no es suficiente para asegurar justicia. Guerrero, por ejemplo, donde los 43 estudiantes desaparecieron y donde el GIEI documentó otros 148 casos de desaparición, cuenta con una de las leyes más avanzadas en el país para la investigación de desapariciones forzadas. Por ello, si bien las autoridades mexicanas deben priorizar la aprobación de la Ley General de Desapariciones y asegurarse de que las preocupaciones de las familias y de las víctimas estén adecuadamente incorporadas en el texto final, también deben demostrar voluntad política para que sus instituciones tengan suficientes capacidades, recursos humanos y financieros para implementar la ley cuando ésta sea aprobada.
Para más de 27,000 víctimas y sus familias, el gobierno mexicano debe aumentar sus esfuerzos para responder a esta tragedia humana; así como combatir la impunidad e indiferencia que ha caracterizado las acciones gubernamentales en materia de desapariciones por demasiado tiempo.
