El 27 de marzo de 2014, Coordinadora Principal de WOLA Gimena Sánchez presentó sobre el desplazamiento afro en Colombia y los retos y avances en la restitución de tierras. El evento tomó lugar en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y fue co-ausipiciado por INDEPAZ. Para leer la presentación en PDF, haga clic aquí.
Quisiera iniciar expresando mi apreciación a INDEPAZ y la Universidad Javeriana por la oportunidad de presentar hoy en esta conferencia. Voy a dividir mis comentarios en tres partes. Primero hablare sobre la decisión de la Corte Inter-Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el caso de Operación Génesis. Segundo, reflexionare acerca de porque esta decisión es significativa. Luego, presentare acerca de mis impresiones preliminares en relación a la reciente delegación de WOLA al Chocó, y, finalizare con recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional y otros sobre la situación actual de los derechos humanos y humanitarios de afrocolombianos e indígenas y el Chocó.
Decisión de Operación Génesis
A finales de diciembre del 2013 se hizo pública la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el caso de la Operación Génesis. Este caso, se refiere a la violencia cometida en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica en el Chocó pasó mientras la Brigada 17 de Colombia estaba participando en una operación militar llamada Operación Génesis que fue dirigida por el ahora retirado general Rito Alejo del Río. Los días 24-27 de febrero del 1997 se realizó una intervención paramilitar en las áreas de los Rios Salaquí, Truando, y cuenca del Rio Cacarica donde fue masacrado el campesino afrocolombiano Marino Lopez. Los paramilitares mataron a Marino y luego le cortaron la cabeza y jugaron futbol con ella enfrente del resto de la comunidad para fomentar el terror e impulsar a que los afrocolombianos abandonen sus tierras. Este incidente sucedió mientras que las fuerzas aéreas Colombianas bombardeaban el área.
Las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y miembros del ejército colombiano resulto en el desplazamiento forzado de cientos de personas, principalmente campesinos afrodescendientes incluyendo mujeres y niños. Esta operación marca lo que fue el comienzo de la toma de los paramilitares en muchas partes del Chocó. El abandono de tierras a la fuerza por causa de las acciones de los paramilitares resulto en la aceleración del aprovechamiento de intereses económicos en este Departamento. En particular, es notable el incremento de la madera ilegal, proliferación de cultivos de palma aceitera, la deforestación para facilitar el ganado extensivo y el incremento de cultivo de coca y el narco-tráfico en la zona.
La Corte declaro que el Estado de Colombia violo varios artículos de la Convención Inter-Americana y que es responsable por la violación del derechos de miles de personas afrocolombianas a no ser desplazadas forzadamente y por la violación de derecho a la vida y la integridad personal del civil Marino López Mena en 1997. Se notó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar la asistencia humanitaria y el regreso seguro de los afrocolombianos que fueron desplazados debido a estos abusos y que es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva y derechos y garantías judiciales y la protección judicial. Interesantemente, la Corte declaro que el Estado Colombiano no es responsable en términos de la violación a la vida en relación de los bombardeos realizados. A raíz de esta decisión, la Corte ordeno a Colombia a que tome una serie de medidas para remediar estas injusticias contra las victimas afrocolombianas. Estas medidas incluyen un reconocimiento público de su responsabilidad, que se garantice que los territorios del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del Río Cacarica estén totalmente restituidos a sus legítimos propietarios y la reparación de las víctimas. Acorde a la decisión, el estado tiene un ano para cumplir las nueve obligaciones ordenadas por la corte.
Es importante agregar que el general retirado Del Río fue detenido en 2009 y que en agosto de 2012, fue condenado a 25 años de prisión por el delito que implique Marino López. Verdad Abierta reporta que Freddy Rendón (” El Alemán “), jefe del bloque paramilitar regional, declaró en 2010 – en el marco del proceso de Justicia y Paz – que había cooperación entre la Brigada 17 y comandantes paramilitares. La Operación Génesis formó parte de un esfuerzo político paramilitar más amplio para desplazar a los afrocolombianos de sus territorios con fin de facilitar la entrada y la expansión de las plantaciones de palma de aceite en todo el departamento del Chocó. Lo preocupante es que el Sr. Rendón terminara su proceso de justicia y paz en el próximo año y que él ha sido ligado a más de 1041 crímenes.
La decisión de la Corte Inter-Americana es importante porque:
1) Sirve como un gran paso hacia adelante en garantizar la justicia para las comunidades afrocolombianas. Es uno de los pocos ejemplos de casos de violaciones de derechos humanos donde se ha logrado justicia para victimas afrocolombianos.
2) La decisión le da credibilidad a un grupo de victimas que han sido señalados como mentirosos o ligados a la guerrilla y que han sufrido muchas amenazas, ataques y hostigamientos debido a sus esfuerzos de no ser participe en el conflicto y de reclamar sus tierras usurpadas.
3) Ella sirve como una herramienta de protección internacional para la seguridad de miembros de estas comunidades y las víctimas de los hechos quienes siguen siendo vulnerables a ser desplazados nuevamente o atacados.
4) La decisión manda un mensaje claro que las violaciones cometidas cuando existe colaboración de acción y vínculos entre grupos ilegales y miembros del ejército cabe dentro la responsabilidad del estado. De hecho esta decisión es útil en comenzar a desmantelar el mecanismo militar-paramilitar-político que se implementó en el Chocó para aprovecharse de las tierras colectivas de los afrodescendientes e implementar proyectos económicos extractivos de parte de foráneos.
5) La decisión establece un precedente internacional acerca del derecho de no ser desplazado internamente y las afectaciones sobre grupos étnicos y tribales que son dos de los puntos principales reiterados en los Principios Rectores sobre Desplazamiento Internos de las Naciones Unidas.
6) La decisión beneficia de manera especial los derechos de las niñas y los niños y las afectaciones a las mismas y también el derecho de comunidades a su territorio colectivo.
Nosotros en WOLA vemos esta decisión con muy buen ojos. Es un logro para las víctimas afrodescendientes y el equipo legal acompañante de la Comision Inter-Eclesial de Justicia y Paz (CIJP).
Pese a este avance seguimos muy preocupados por la seguridad de los miembros de las comunidades de las cuencas del Rio Cacarica y de las personas involucradas en el caso relacionado de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, así como la seguridad de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en particular Danilo Rueda. El 5 de enero, se recibieron nuevas amenazas de muerte contra el líder afrocolombiano Marco Velázquez de Cacarica. El 30 de diciembre de 2013, Raúl Palacios, un afrocolombiano de Curvaradó, fue objeto de amenazas. El equipo de CIJP, también han sufrido varios incidentes de seguridad y ha recibido constantes amenazas de muerte en el año pasado. En el caso de Danilo Rueda la situación de seguridad del ha deteriorado. Él ha sido sujeto de seguimientos constantes en el último año, amenazas verbales y la semana pasada recibió amenazas él
y sus colegas amenazas refiriendo a él. Según lo que indican los afectados sus coreos y teléfonos de la organización podrían estar interceptados.
Viaje de WOLA a Chocó:
Esta última semana una delegación de WOLA realizó una visita de terreno a varias comunidades en las cuencas de los Rios Atrato, San Juan, Condotó y otras. También nos entrevistamos con las organizaciones civiles, sociales, internacionales, religiosas, de desplazados, directivos de la alcaldía y gobernación, comandantes del ejército y policía de Quibdó.
En general encontramos lo siguiente:
1) Una situación de zozobra muy grande en las comunidades afrodescendientes rurales. Civiles siguen siendo muy afectados por los enfrentamientos que están sucediendo entre la guerrillas y el ejército. Hay mucha presión sobre las comunidades por parte de los grupos armados. Muchos líderes afrocolombianos y miembros de estas comunidades se encuentran con un alto riesgo de desplazamiento y afrontando serias amenazas.
El 30 de Diciembre en Tagachi, un pueblo de menos de 200 familias en el Medio Atrato, el Frente 34 de las FARC detonó un explosivo en un barco en el muelle de la comunidad. Este explosivo mato a dos miembros de la fuerza público y causo danos estructurales en casas cercanas y centros comunitarios. (Diciembre 15-Enero 15). Por suerte, la comunidad estaba reunida en otra parte del pueblo por una actividad comunal y entonces no sufrieron danos los civiles. Lo preocupante es que en enero 30, la guerrilla llego de nuevo al pueblo e hicieron que la comunidad se reúnan con ellos donde les advirtieron que la bomba del 30 de diciembre era solo un ensayo y que si la comunidad dejaba que el ejército este en sus territorios iban a poner una bomba que iba a destruir toda la comunidad. También les informaron que no presenten atención a lo que pasaba en las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno y FARC en la Habana porque ahí ellos eran los encargados. La guerrilla también amenazó con cortar o restringir los usos de celulares a los habitantes. La comunidad vive con angustia que lleguen los soldados a su comunidad porque esto puede terminar en represalias contra ellos. Esta situación parece ser común en varios pueblos del Atrato. Varios entrevistados por WOLA también notaron que las minas anti-personales son un problema para las comunidades, debido a que impiden el acceso de los trabajadores a los cultivos agrícolas. Logrando con esto obstaculizar la alimentación diaria de la cual sobreviven estas comunidades.
2) La militarización ha comenzado en el Chocó. Con la recomendación de los EEUU, Colombia está implementando la campaña de Espada de Honor. Esto es un esfuerzo conjunto ejército-policía en varias partes del país cuya meta es de confrontar y debilitar los frentes más fuertes de las FARC. En el Chocó en enero se empezó a ver este esfuerzo denominado Fuerza de Tarea Conjunta Titán (FTC-Titán) que tienen planeadas operaciones con unos 2,500 hombres en esa región.
Tenemos varias preocupaciones frente la situación de militarización: 1) se aproxima que 60% de los recursos de esta operación serán para esfuerzos de desarrollo y 40% para lo militar. Esto es preocupante porque las fuerzas armadas se mezclaran con los civiles y esto los perjudica con la guerrilla y los hace vulnerable a sufrir consecuencias de violencia, 2) la policía que ya tiene puestos en esta región se ha ubicado muy cerca de iglesias, colegios y otros centros comunitarios como puestos de salud y eso pone en riesgo la población civil. Los civiles están atrapados entre la guerrilla que quieren que ellos no dejen entrar a las fuerzas públicas algo que es casi imposible detener y si las comunidades piden que la fuerzas públicas se mantengan en los perímetros o minimicen su contacto con lo civil son vistos como sospechoso o tildados de apoyar la guerrilla, 3) varias fuentes notaron que las fuerzas públicas han actuado de forma agresiva acerca de la comunidad y no han sido respetuosos de la autoridad local, tratan a los locales como sospechosos y hay temor que los militares usurpen las autoridades locales, y 4) el aumento de fuerzas públicas ha sido problemático por el enamoramiento de mujeres y niñas que luego son abandonadas una vez embarazadas.
3) El segundo tema grueso es el de las fumigaciones. Esfuerzos de combatir el cultivo de coca en el sur del país ha empujado el cultivo de coca hacia el Pacifico y más al norte hacia Panamá. Chocó ahora es el segundo departamento donde más se fumiga. El daño a la seguridad alimentaria, medio ambiente y salud de las comunidades es problemático. Adicionalmente, las fumigaciones dispersan el cultivo de coca y con su migración a otras partes vienen los grupos armados a nuevas zonas y esto causa problemas de seguridad y sociales en las comunidades.
4) Se aproxima que hay unas 80 minas y 153 máquinas de extracción en el Chocó—mismo que hay concesiones a compañías la minería que se está dando ahora es principalmente ilegal y tiene nexos con todos los grupos armados.
Esto es muy problemático de muchas maneras:
1) La destrucción ambiental de las retroexcavadoras y las dragas es tremendo. No hay intervención de las autoridades ambientales entonces se está realizando sin controles—zonas donde no hay minerales y con uso de mercurio o cianuro que tiene consecuencias ambientales y para la salud humana. Los ríos han cambiado de estructura haciéndolos más difíciles de navegar.
2) Se está dañando la ecología y acabando la pesca, una forma primaria de subsistencia, para las comunidades afrodescendientes e indígenas.
3) La sedimentación ha cambiado la composición del agua y ha causado problemas para el agua potable y la agricultura.
4) Las playas que sirven como sitio donde las comunidades limpian la ropa, se bañan y como recreación no existen más.
5) La minería está causando divisiones entre comunidades—entre personas quienes están de acuerdo y facilitan la minería y otros que no.
6) Los y las personas que resisten la minería o critican la forma en que se está haciendo han sido amenazados, hostigados y victimas de montajes judiciales.
7) Como no hay regulación de las actividades mineras se trabaja la minería en condiciones de alto riesgo y han habido muertos debido a accidentes.
8) La minería artesanal solo se puede hacer cuando los dueños de las maquinarias de las minas ilegales dejan que los mineros artesanales realicen barraqueo.
9) Se reportan casos de abuso de mujeres quienes van a trabajar en las minas y son forzadas a tener relaciones y el aumento de prostitución.
10) La cultura y seguridad alimentaria de los afrocolombianos se está cambiando porque personas dejan de cultivar para buscar oro, no cultivan más lo necesario para el pan coger y tiene que importar los alimentos. En fin, después que una zona ha sacado el mineral quedan las comunidades sin nada.
El gobierno solo está interviniendo en la formalización de títulos mineros pero no en asegurar que se practique de forma sostenible. El ministro del ambiente y CODECHOCO no están poniéndole límites a la minería para minimizar los impactos ambientales y humanos. El estado interviene quemando maquinas en situaciones donde pequeños o medianos mineros están en proceso de formalizarse que es una perdida para esas comunidades. Pero no está combatiendo el manejo de los grupos al margen de la ley de la minería o la corrupción de autoridades. Entonces muchas veces sus acciones perjudican el pequeño minero o minero artesanal en vez de quienes son realmente los problemáticos.
4) Existe una situación particularmente grave con comunidades indígenas de desnutrición y falta de acceso de salud.
5) El desplazamiento interno es un fenómeno que sigue siendo muy problemático en el Chocó. Aquí vemos dos fenómenos. Uno es el continuo desplazamiento de personas en esta región y el otro es el abandono de las personas de
splazadas quienes llevan desde 10 hasta 17 años sin tener sus necesidades básicas como vivienda digna, empleo, etc. resuelto. Entre el 1997-2013, más de 40% de la población del Chocó fue desplazada (más de 170,000 personas), se han visto más de 2,586 amenazas de muerte y 777 desaparecidos. En el 2013, se vieron 10 desplazamientos masivos donde 82% eran afrocolombianos y 13% indígenas. Estos últimos son desproporcionadamente desplazados y se les rompe el tejido social con el desplazamiento. Ese año se dieron unos 32 combates. Los retornos que se dan son sin ayuda o sin condiciones óptimas de seguridad y sin asistencia integral para que sean duraderos. Líderes siguen bajo amenazas de los grupos.
Visitamos a Villa España donde personas quienes se han desplazado desde el 1996 y adelante siguen sin tener sus derechos restituidos. Pese al logro del Auto 005 para desplazados internos y acciones de tutelas las personas siguen sin soluciones duraderas y posibilidades de empleo o proyectos productivos. Ellos se sienten re-victimizados y mal tratados cuando acuden a las autoridades para que los asistan. Los apoyos de la UNP si se dan son insuficientes o no apropiados. La situación en las zonas rurales esta tan complicada que desplazados no suplementan más su alimentos yendo y viniendo de los ríos. Esto ha llevado a que haya hambre.
Otro sitio que visitamos fue el barrio de Curvarabí en Quibdó donde unas 200 familias desplazadas, afrocolombianas e indígenas, invadieron unas tierras. Ahí se ven casas construidas por los desplazados mismos inclusive unas pequeñas tiendas. Al principio del 2013 una persona que insiste en ser el dueño de esas tierras pidió a la municipalidad que desalojen los desplazados. Según lo que nos indicaron las victimas para el mes de Abril el ESMAD ingreso con motosierras a desmantelar las casas y sacaron a la gente. Ahora existe una disputa entre dos personas que se presentan como dueños de la tierra, uno que dice que si la municipalidad le paga la tierra que los desplazados se pueden quedar y otro que los quiere desalojar. Ellos viven bajo la amenaza constante que se repitan los hechos de desalojo. Esta es una situación que se podría resolver con la voluntad política de la alcaldía.
6) Hay un abandono del estado en las zonas rurales muy grande y en Quibdó existe una falta de capacidad de proveer servicios básicos a la mayoría de los pobladores. Uno de los sectores donde se nota más la ausencia es en la salud. En las zonas rurales acceso a servicios de salud más allá de primer auxilio es casi nulo y si hay enfermeras no hay materiales o medicamentos para atender la gente. Hay una debilidad institucional muy fuerte. Parte del problema es la incertidumbre política—8 gobernantes en 4 años y tres ministros de salud—esto rompe la continuidad se empiezan procesos y luego se paran y empiezan de nuevo. El otro problema es la corrupción y las altas deudas que se pasan de una administración a otra.
7) Existe un problema de seguridad serio en Quibdó ligado a los grupos paramilitares que han formado una alianza AGC. Ellos cometen homicidios y reclutan los jóvenes para el micro-tráfico. La impunidad en dichos casos es muy alta. La policía dice que muchas veces por temor o desconfianza las personas no denuncian hechos y no ayudan con las investigaciones y esto obstaculiza los esfuerzos de identificar y sancionar a los responsables.
8) Pese a todas las dificultades se ve un gran esfuerzo de líderes de consejos comunitarios, religiosos y grupos de base de encontrar soluciones a los problemas. La Red Departamental de Mujeres Chocoanas hace un colegio para ensenar la política limpia y proyectos económicos con mujeres que generan ingresos. El FISCH, que agrupa 67 consejos comunitarios, cabildos indígenas y grupos de base, está desarrollando propuestas frente la minería y apuestas a la paz. Las Diocesis de Quibdó y Istmina-Tadó están activamente apoyando procesos organizativos, la mesa minera y esfuerzos de construir la paz.
A raíz de lo que hemos notado tenemos varias recomendaciones:
En términos del caso de Operación Génesis:
Mientras que las condiciones en el medio del conflicto no son las mejores para implementar la sentencia debido que la reparación se está dando dentro del marco de la ley de victimas que ha demostrado pocos resultados, que sigue la presencia y control paramilitar en Truando, Turbo y Riosucio, que el ejército hace sobrevuelos a escasa altura y que hay una base militar bi-nacional Panamá/Colombia en el territorio colectivo de Cacarica sin una consulta previa con las comunidad, si pensamos que esta sentencia si tiene el potencial de servir como un caso emblemático de reparaciones. Para que esto sea el caso se requiere veeduría, vigilancia e incidencia de la sociedad civil regional, nacional e internacional. La comunidad ha recomendado que como la Corte ordena que haya visitas mensuales del Estado que se re-active la Comision Mixta que se creó cuando la comunidad de Cacarica se retornó a sus territorios. Esta tendría delegados de las Embajadas, agencias de cooperación, ONU y organizaciones nacionales).
Recomendaciones acerca de la situación en la región del Chocó:
Las partes que están negociando en Habana deben impulsar un acuerdo de cese fuego para limitar las violaciones de DIH y derechos humanos sucediendo en el Pacifico y Chocó, Nariño y Cauca in particular. La comunidad internacional debería hacer llamados para apoyar dicho cese fuego.
A mano a la Operación Titán y la fuerza pública en esta región deben ir esfuerzos que garantizan respeto por civiles en el marco de DIH. Los puestos de policías y ejército deben estar situados lejos de centros comunitarios, escuelas y puestos de salud. Se requiere veeduría a la policía auxiliar que está presente en ciertas comunidades para que sean más profesionales y disciplinados.
El alto nivel de riesgo que enfrentan líderes de los procesos de CAVIDA, Curbaradó/Jiguamiando, COCOMOPOCA, ADOM, AFRODES y CIJP requiere atención y acciones más concretas por parte del estado colombiano para prevenir daños irreparables. La respuesta de la UNP debe ser mejor, más eficaz y adaptarse a las condiciones particulares de comunidades afro e indígenas y personas habitantes de zonas rurales. Una propuesta es el desarrollo de un transporte fluvial para emergencias de seguridad.
La Fiscalía tiene que investigar los ataques, asesinatos y hostigamientos contra los líderes y las lideresas afrodescendientes para garantizar no-repetición de dichos hechos.
A raíz del proceso de paz hay mucha preocupación sobre cómo se transformara la guerrilla en el Chocó. Se teme que ellos terminaran en las tierras de afrocolombianos e indígenas y estarán imponiendo su visión política y económica en dichas áreas. Se requiere consulta y concertación con las comunidades afectadas de cómo sería una transición en dichas áreas donde se desmovilizaran y medidas para proteger las comunidades locales.
En el Chocó se requiere que el Estado trabaje fuertemente para desmantelar las estructuras paramilitares que continúan operando en la región y que se investiguen y sancionen miembros del ejército, policía, políticos e intereses económicos quienes trabajan con ellos.
El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para analizar y buscar soluciones reales a la minería. Debe actuar para mitigar las serias consecuencias ambientales y afectaciones humanas de la minería. Fortalecer esfuerzos para combatir el lavado de dinero que sucede con los minerales. Se requiere impulsar esfuerzos con los consejos comunitarios y autoridades locales de ensenar a pequeños mineros de cómo protegerse de los riesgos laborales de la minería para prevenir más muertes y enfermedades. Adicionalmente, con la formalización de la minería se requiere la aplicación del Plan de Acción Laboral EEUU y Colombia en esta región y en particular fomentar esfuerzos de organización y sindicalización de trabajado
res mineros.
Las autoridades locales deben respetar la autonomía de los pueblos afrodescendientes e indígenas y consultar y concertar con los consejos comunitarios y cabildos indígenas.
El Gobierno nacional debe creer un plan especial para resolver los problemas de pobreza extrema, situación particularmente vulnerable de los indígenas y las necesidades básicas de la población en el Chocó. Se requieren esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gobernación y elecciones.
Donantes/Comunidad Internacional
Los donantes como EEUU, Union Europea y otros deberían formular un plan de apoyo que busca fortalecer los procesos organizativos, buscar soluciones duraderas para los desplazados, alternativas económicas al cultivo de coca y minería criminal, fortalecen la salud en zonas rurales e impulsar proyectos económicos de vida que son consultados y concertados con los consejos comunitarios y grupos desplazados.
Se requieren apoyos a los esfuerzos de educación y capacitación técnica que se enfoca en los mercados laborales donde se requieren personas como la medicina/enfermería o expertos para crecer nuevos sectores económicos en la región.
En resumen, donantes deben apoyar proyectos que generan empleo y proyectos de vida para los desplazados y comunidades rurales. Pero proyectos tienen que ser acompañados con garantías y veedurías fuertes de que será utilizado para lo indicado y que lleguen a sus recipientes.
Esfuerzos positivos como los del programa indígena y afrocolombiano de ACDIVOCA deben recibir más financiamiento y ser ampliados en el Chocó y zona Pacifica como en Buenaventura. La dirección y los proyectos de dicha programación deben ser consultados y concertada con los recipientes de dichos fondos.
EEUU y Colombia deben parar el programa de fumigación en Colombia y hacer un plan alternativo para la erradicación de coca en territorios étnicos que es consultada y concertada con los líderes de las comunidades afectadas.
EEUU, Canadá y otros países cuyos Tratados de Libre Comercio están incentivando la economía a grande escala en el Chocó deben formular planes de mitigación de los impactos negativos de los mismos en las comunidades afrodescendientes e indígenas. En el caso del Chocó, se requiere que el Gobierno de Colombia sea transparente acerca de a quien han ido las concesiones mineras y madereras en los territorios colectivos afro e indígena y los consejos comunitarios, Diocesis, Foro Inter-Étnico Chocó (FISCH) deben ser no solo informados pero integrados en las decisiones económicas siguiendo la consulta previa que toman los gobiernos municipales, regionales y el nacional acerca de proyectos económicos que impactan estos territorios. Un plan que los impactos negativos humanos, ambientales y de derechos colectivos y humanos se debe formular conjuntamente y explorar formas que los afrodescendientes e indígenas como dueños de estos territorios puedan beneficiar de dichas nuevas economías en una forma que sigue con sus propios planes de vida e económicos.
La comunidad internacional y activistas nacionales e internacionales deben incidir en que la UNP responda de manera eficaz y contundente a las necesidades de protección. Tiene que avanzar con el protocolo de protección colectiva y aplicarlo en el caso de AFRODES y de comunidades afrocolombianas.
La comunidad internacional debe fortalecer los procesos organizativos de las comunidades de forma política y financiera para que ellos puedan preparar a sus comunidades para enfrentar todos los obstáculos que enfrentan.
Para finalizar, el área del Chocó será un gran reto si se da un acuerdo entre el Gobierno y las FARC en la Habana porque ahí se presentaran obstáculos grandes en términos de la desmovilización y transformación de combatientes a civiles y el reto del narco-tráfico y economías ilícitas requieren desmantelamiento para asegurar una paz duradera. Pero al mismo tiempo, atención en esta región puede servir como ejemplo emblemático de cómo construir paz y democracia en el país.