Foto por Kaveh Kazemi/Getty Images
Foto por Kaveh Kazemi/Getty Images
En Colombia, el mercado de la coca, la planta cuyas hojas pueden utilizarse para producir cocaína, se encuentra en un momento de colapso histórico, que ha traído consigo una crisis humanitaria en zonas rurales ya empobrecidas. La inusual caída brusca y prolongada del precio de la coca tiene varias causas. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha identificado 12 posibles explicaciones, unas más contundentes que otras.
Independientemente del motivo, la crisis sin duda será temporal, ya que la demanda mundial de cocaína se mantiene fuerte. El gobierno colombiano, y los gobiernos donantes y aliados, incluyendo a Estados Unidos, deben aprovechar esta ventana de oportunidad antes de que se cierre. La crisis humanitaria crea la oportunidad de restablecer una presencia gubernamental civil en áreas donde los grupos armados, la inseguridad y el hambre son prevalentes.
Putumayo, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
Los compradores dejan de llegar
En los primeros seis meses de 2022, los compradores de la hoja y la pasta de coca (productos en la etapa inicial del procesamiento de la hoja de coca a cocaína) dejaron de ir a la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. A lo largo del año, así como en 2023, el mercado de la coca siguió colapsando en todo el país.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 200.000 hogares en Colombia (con una población de 52 millones de habitantes) viven del cultivo de coca, que en 2021 constituyó 204.000 hectáreas de tierras. Si se suman las personas que viven de forma menos directa del cultivo —recolectores, vendedores de suministros agrícolas y otros— la cantidad de hogares que viven del cultivo de coca asciende a 400.000.
La mayoría son familias campesinas que viven en zonas rurales con tasas de pobreza que superan el 60 por ciento y que cuentan con muy poca presencia del gobierno colombiano. En este contexto, el cultivo de coca es una estrategia de supervivencia, ya que el cultivo ilegal genera un precio más alto pagado en efectivo y es más fácil de transportar en áreas con pocas carreteras y con limitado acceso al mercado.
El desplome del precio de la coca ha tenido graves consecuencias para estas familias. Sus ingresos han bajado drásticamente y en medio del hambre claman por asistencia de emergencia a sus alcaldes, gobernadores y al gobierno central. Los campesinos han decidido enterrar la pasta de coca o intercambiarla por comida. Los padres de una familia en La Gabarra, al norte de Tibú, en el Catatumbo, declararon al medio de investigación colombiano Vorágine que habían contemplando el suicidio después de haber vivido un año y medio sin compradores. Algunos han aceptado trabajos mal pagados en minas ilegales de carbón y en plantaciones de palma aceitera.
Este tipo de desplomes tan agudos no son comunes en un producto cuya ilegalidad y escasez normalmente aumentan su precio. Una caída similar ocurrió en 2017, después de la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando informes provenientes de algunas regiones, como el Catatumbo, señalaban que los cultivadores de coca pasaban hambre y enterraban su producto, mientras el mercado de la cocaína luchaba por ajustarse —algo que ocurrió en cuestión de meses—.
Putumayo, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
La crisis actual del precio de la coca es más prolongada que la de 2017 y no tiene una causa única. Aunque WOLA no ha realizado investigaciones de campo en las zonas cocaleras durante la crisis actual, en consulta con aliados e informes de medios de comunicación y ONGs locales hemos identificado 12 posibles razones por las que cayó el precio.
Estas posibles causas tienen que ver con la sobreproducción, disrupciones en las dinámicas entre compradores y vendedores, cambios en la demanda, dinámicas de paz y conflicto, y cambios políticos recientes. La mayoría de las causas son hipotéticas, y en el caso de algunas solo hay escasas pruebas para sustentarlas. Unas son más convincentes que otras, y la mayoría son más pertinentes para regiones específicas del país.
La sobreproducción —aumentos en la oferta superiores a aumentos en la demanda— es la causa más citada en la caída del precio.. El gobierno estadounidense calcula que los cultivos de coca en Colombia se triplicaron entre 2013 y 2020.
Colombia dejó de erradicar coca a través de la fumigación aérea de herbicidas en 2015, pero ha habido un rezago en reemplazar las fumigación con acciones decididas del gobierno en las zonas cocaleras y ayudar a los agricultores a hacer la transición a otros cultivos. Además, a partir de 2017, la desmovilización de las FARC alteró los mercados de la coca en todo el país.
De repente, no había ningún actor con la capacidad para fijar y estabilizar el precio. Al principio, en el período de 2018 a 2019, el precio se infló, lo que hizo que el cultivo fuera más atractivo para más agricultores, explicó recientemente a El Espectador Estefanía Ciro del colectivo colombiano “A la Orilla del Río” y exinvestigadora de la Comisión de la Verdad. Según Felipe Tascón, experto en políticas antidroga y director del programa de sustitución de cultivos del gobierno colombiano, muchos de los compradores que ofrecían precios inflados eran miembros de organizaciones criminales mexicanas. Las incautaciones de cocaína por parte de las autoridades colombianas se dispararon cuando la oferta creció más rápido que las rutas de transbordo.
Con la oferta saturada por la sobreproducción, según esta hipótesis, la burbuja se reventó y el precio cayó drásticamente. El auge de la coca llegó a su fin repentinamente, de forma dispareja entre regiones en 2022.
La sobreproducción de coca no es solo un fenómeno colombiano. Las tierras cultivadas de coca en Perú incrementaron de 44.000 hectáreas en 2016 a 95.000 en 2022. En Bolivia, desde principios de 2010 han pasado de aproximadamente 20.000 a más de 30.000 hectáreas. Asimismo, han sido identificados cultivos y laboratorios de coca en Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala y México, lo que aumenta la oferta y podría seguir disminuyendo el precio.
Interrupciones entre compradores y vendedoresVarias de las razones citadas para explicar la caída del precio de la coca tienen que ver con cambios en quién compra y quién facilita las relaciones entre compradores y vendedores.
Una hipótesis interesante está relacionada con la remoción ordenada por el presidente Gustavo Petro de más de 70 generales y coroneles del ejército y la policía en agosto de 2022, poco después de asumir el cargo. Se sospecha que algunos de estos oficiales estarían implicados en casos de corrupción o de abusos contra los derechos humanos.
La purga de altos mandos corruptos puede haber afectado la cadena de suministro de la cocaína. “Analistas están viendo que el hecho de haber retirado rápidamente a militares y gente de la Policía que estaban conectados con facilitar que pudiera salir la coca del país, ha producido un efecto muy serio de la caída de precio“, dijo Francisco de Roux, quien dirigió la Comisión de la Verdad de Colombia hasta el término de su mandato en 2022. “Creo que eso sí puede mover [el precio] en unos lugares”, dijo Estefanía Ciro a El Espectador. “No en todos, porque no es todo el Ejército o las fuerzas las que están involucradas, pero… sí podría haber habido un cambio en esos pactos sobre los cuales funcionaba el mercado.”
Sin embargo, otros indicadores desafían esta hipótesis. Si Petro reemplazó a oficiales permisivos con el narcotráfico por colegas más respetuosos de la ley, se esperaría que las incautaciones de cocaína y las detenciones de los principales liderazgos de narcotraficantes hubieran aumentado desde agosto de 2022. Pero eso no ha ocurrido: ninguna de las dos medidas ha aumentado.
Así como la desmovilización de las FARC agitó los mercados de coca, también lo hicieron algunas detenciones o asesinatos de altos jefes criminales y de grupos armados en 2021 y 2022. Militares colombianos, o grupos armados rivales, mataron a varios comandantes disidentes de las FARC durante esos años, entre ellos “Gentil Duarte”, “El Paisa”, “Romaña” y “Mayimbú”.
Sin embargo, en términos de impacto en el mercado de la coca, los analistas citan con mayor frecuencia la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo, un grupo armado fundado por exlíderes de bloques paramilitares progubernamentales que se desmovilizaron a mediados de la década del 2000.
La detención de Úsuga —a quien un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de prisión en agosto de 2023— puede ser la razón por la que los compradores de coca dejaron de llegar a la región del Catatumbo, informó La Silla Vacía. “Otoniel tenía el visto bueno de la disidencia del frente 33 y del ELN para entrar a los compradores y se encargaba de asegurar las rutas de los cargamentos”.
Daniel Parra, de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, dijo que los sucesores de Úsuga podrían estar menos interesados en generar ingresos a través del tráfico de cocaína a gran escala. “También pueden estar tratando de castigar a aquellos en la industria de la coca que consideran en parte responsables de la captura de Otoniel”, añadió.
Otro factor que probablemente deprime el precio de la coca es la naturaleza de los grupos que han llenado el vacío dejado por la desmovilización de las FARC en 2017. “Ahora hay más de 500 grupos criminales en todo el país. Las bandas que compran cocaína al por mayor pueden elegir en qué regiones la adquieren y hacer bajar los precios a nivel local”, informó The Economist en agosto, citando a Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia.
Catatumbo, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
Estos grupos se enfrentan con frecuencia, lo que aumenta la incertidumbre en los mercados de coca. “No se ha logrado tener un orden ni un control hegemónico como antes”, dijo Ricardo Vargas, de la Corporación Viso Mutop de Colombia. “Todas esas disputas territoriales por controlar [el narcotráfico] generan una inestabilidad grande.”
Los nuevos grupos están mucho menos organizados de lo que estaban las FARC, rígidamente jerarquizadas, dijo Estefanía Ciro a El Espectador. Las FARC tenían “cuadros políticos y financieros que tienen ciertas trayectorias,” pero los grupos actuales sufren de “desestructuración política y sobre los objetivos y demás.… el escenario está mucho más desorganizado y eso para una persona que compra, vende y que vive del negocio es mucho más complicado.”
“Con la salida de la guerrilla de las FARC del control de la producción de coca en el país, los insumos para fabricar la pasta de coca se encarecieron mucho”, observó la revista Cambio de Colombia. El suministro de insumos como los fertilizantes también se vio interrumpido por la pandemia y la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, lo que elevó aún más el precio pagado por los insumos. El costo de producción de la pasta de coca aumentó por encima de su precio de venta. La Silla Vacía informó que en el Catatumbo los compradores dejaron de ir porque la calidad del producto no era suficientemente buena como para producir las cantidades deseadas de cocaína.
“Algunos traficantes que solían comprar coca se están haciendo cargo de todo el proceso de producción, incluido el cultivo, con el fin de mejorar la calidad, eliminando a los agricultores tradicionales en el proceso”, informó InSight Crime en abril. Los antiguos compradores, añade Salomón Majbub, investigador de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del gobierno colombiano, “decidieron echar a andar sus propios procesos de producción y eso dejó, una vez más, relegados a los cultivadores en estas zonas.”
El estudio de la ONUDD de octubre de 2022 sobre cultivos de coca en Colombia señala una tendencia reciente: la formación de unos 14 pequeños “enclaves” geográficos, principalmente en zonas fronterizas y costeras, donde los traficantes han combinado el cultivo, los laboratorios y los puntos para el transbordo. Estos enclaves eliminan la necesidad de usar químicos y de comprarle hojas y pasta a los agricultores de zonas más remotas. Por fuera de los enclaves, es más probable que los cultivadores se enfrenten a una demanda más baja y a la caída de precios.
Actualmente, el precio de la onza de oro es cerca de dos tercios más alto que a mediados de la década del 2010. Como sucedió la última vez que los precios de los metales preciosos subieron al máximo, a principios de la década del 2010, los grupos delictivos están participando en la minería ilegal, causando grandes daños en zonas frágiles desde el punto de vista medioambiental, en una actividad en la cual suelen correr menos riesgo de ser interceptados por las autoridades. Como resultado, “se observa que ha habido migración de capitales de pasta de coca hacia la minería en zonas de la cordillera de Nariño, sur de Bolívar o bajo Cauca antioqueño,” dijo Sandra Bermúdez de la Corporación Viso Mutop. En el sur de Bolívar y sur de Córdoba, Felipe Tascón le dijo a Cambio que “los grupos armados han dado una orden directa de no compra para presionar el tránsito hacia la minería.” Los medios de comunicación indican que tanto el Clan del Golfo como el grupo disidente de las FARC, el Frente Carlos Patiño, se están alejando de la coca y acercándose a la minería.
En un discurso pronunciado en julio ante el Congreso de Colombia (y en un tuit del 12 de agosto) el presidente Petro afirmó que las exportaciones de cocaína al mayor mercado del mundo, Estados Unidos, habían disminuido a medida que los consumidores de drogas estadounidenses se inclinaban por compuestos sintéticos más baratos, especialmente el fentanilo y la metanfetamina.
Esto no es del todo preciso: mientras que el consumo de otras drogas sintéticas más baratas se ha multiplicado, la demanda estadounidense de cocaína se mantiene estable o ha aumentado ligeramente desde mediados de la década del 2010, medida por el precio en la calle, las incautaciones en las zonas fronterizas o las muertes por sobredosis (cuando no se combina con un opioide). Mientras tanto, como señala el último Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDD, la demanda de cocaína está aumentando en casi todo el mundo, especialmente en Asia, África y Oceanía.
Informes desde territorios en disputa a lo largo de Colombia señalan que grupos armados y criminales que compiten entre sí prohíben la compra de coca y pasta de coca para atajar los ingresos de sus rivales. Esto deja a los cocaleros sin compradores. En Briceño, Antioquia, “si le venden a un grupo, sufren las represalias del otro,” dijo un líder social a Cambio. En Nariño, en 2022, disidentes de las FARC mataron a representantes del Cartel de Sinaloa que estaban comprando “mercancía” en territorio bajo la influencia de un grupo rival, lo que detuvo todas las compras en esa zona, informó El Espectador. En el Catatumbo, estos grupos destruyen los laboratorios de procesamiento y pistas de aterrizaje clandestinas rivales.
Catatumbo, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
Informes del Cauca y Catatumbo indican que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está empezando a desincentivar el cultivo de coca y la producción de cocaína. “Decían que ya eso [la coca] no tenía futuro y que entre todos tocaba sacarla ya de la región”, dijo a La Silla Vacía un líder social del Catatumbo.
Varios medios de comunicación colombianos señalan que los negociadores de la estrategia gubernamental de “Paz Total” —conversaciones para orientar a los grupos armados y criminales hacia la desmovilización— hicieron una petición verbal como gesto de buena voluntad. “La solicitud se hizo de manera confidencial”, informó La Silla Vacía. “Fue dentro de los primeros acercamientos entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las Farc y el ELN. El pedido fue desincentivar tanto el comercio como el cultivo de coca en las regiones donde operan como muestra de buena voluntad.“
Si eso realmente ocurrió, los grupos involucrados en las negociaciones podrían estar cumpliendo, al menos parcialmente, en algunas regiones. Sandra Bermúdez de la Corporación Viso Mutop le dijo a Cambio que “hay regiones controladas por las disidencias de las Farc que, actualmente, están desincentivando el narcotráfico, pues las mismas disidencias quieren consolidar un buen ambiente para el proyecto de la Paz Total.”
Una última hipótesis implica la decisión del gobierno de Petro de concentrar las operaciones de reducción de la oferta en la interdicción de la cocaína, en lugar de la erradicación forzosa de coca que afecta principalmente a comunidades campesinas empobrecidas. Felipe Tascón, director de la Oficina de Sustitución de Cultivos de Colombia, le dijo a El Espectador que desde que las intensificadas operaciones de interdicción han dificultado a los traficantes sacar cocaína del país, sus reservas son más altas y están comprando menos.
Esta hipótesis es menos cierta: durante los primeros seis meses del 2023, las fuerzas de seguridad del gobierno Petro han incautado un 12 por ciento menos de cocaína que su predecesor durante los primeros seis meses del 2022.
Algunas de estas presuntas razones del colapso de los mercados de coca colombianos tienen más peso explicativo que otras, y muchas son más ciertas en unas regiones que en otras. Aun así, apuntan a una “tormenta perfecta” de factores que contribuyeron a una crisis humanitaria en territorios que ya estaban debilitados por la pobreza y que están mal atendidos por el gobierno.
Cauca, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
El colapso de los mercados de coca ha hecho colapsar —por el momento— la fe de muchas personas campesinas en que el cultivo ilegal podía garantizarles ingresos suficientes para sobrevivir. Esto presenta una oportunidad de oro para que el Estado entre en estas zonas y establezca una nueva relación con las poblaciones abandonadas. El gobierno de Petro, en cooperación con sus aliados internacionales, debe ponerse a la altura de las circunstancias y ayudar a estas personas campesinas a integrarse en la economía legal.
“El mercado va a volver a activarse en algún momento,” dijo Estefanía Ciro. “Pero en este interregno hay que, primero, paliar el hambre y asegurar que la gente tenga comida, y luego, empezar todo el proceso de transformación territorial y asentar las bases para la transición económica de estas regiones.”
A corto plazo, eso implica dar ayuda humanitaria a las poblaciones que enfrentan una emergencia de seguridad alimentaria. Esto puede abrir la puerta a esfuerzos a más largo plazo para establecer y consolidar una presencia estatal civil en estas zonas con ausencia estatal y poner fin a su abandono histórico.
La presencia civil del Estado significa un mayor acceso a la educación y al cuidado de la salud. Significa la titulación masiva de tierras, una deuda pendiente. Significa asistencia técnica y acceso a crédito. Significa utilizar el sistema judicial para resolver disputas y exigir responsabilidades por la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Y significa proteger a los líderes locales que quieren tener voz y voto sobre la gobernanza de sus comunidades.
En los últimos 30 años, los gobiernos colombianos han llevado a cabo varias de estas iniciativas de “construcción de presencia estatal,” pero ninguna ha tenido éxito. Algunos se han apoyado demasiado en el ejército y han descuidado el sector civil del gobierno. Otras estrategias eran demasiado limitadas y carecían de financiación suficiente. La mayoría se iniciaron en una administración presidencial y se cerraron en la siguiente.
Los esfuerzos más recientes, que van con retrasos pero siguen vigentes, son los compromisos de “reforma rural” y “cultivos ilícitos” adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) representan la mayor parte del presupuesto del acuerdo. Aun así, ofrecen exactamente el tipo de desarrollo participativo que necesitan las zonas abandonadas de Colombia para que las familias puedan hacer una transición sostenible y dejar de depender de la coca, así como para evitar nuevas expansiones de los cultivos ilegales o futuras emergencias humanitarias causadas por el desplome del precio.
Llevar el Estado a tantas regiones remotas es complicado y ambicioso. Sin embargo, la crisis actual lo facilita. Aunque desconfían del Gobierno tras años de abandono y promesas incumplidas, las poblaciones están más abiertas en un momento de necesidad urgente. Así mismo, se trata de territorios que votaron mayoritariamente por el presidente Petro en las elecciones de 2022, lo que puede hacer que estén más dispuestos a adquirir ciertos compromisos. Los esfuerzos de construcción del Estado y de asistencia humanitaria también pueden vincularse a las negociaciones en curso con los grupos armados: si estos grupos realmente tienen la intención de desmovilizarse, la paz futura de sus regiones de influencia exige que dejen de ser un obstáculo.
Las comunidades que sufren la crisis cocalera en Colombia no esperarán eternamente a que venga el gobierno, ni tampoco tienen por qué hacerlo. La demanda mundial de cocaína va en aumento, y en algunas regiones, como Tumaco, en el suroeste de Colombia, el precio de la coca ya está empezando a recuperarse, según explicó a Insight Crime Diego García-Devis, de Open Society Foundations. Estefanía Ciro también ha oído hablar de compradores que regresan al Caquetá, en el centro-sur de Colombia. Incluso donde el precio no se está recuperando, algunos residentes de zonas sin presencia gubernamental se han involucrado en la minería ilegal, uniéndose a grupos armados o desplazándose a otros lugares.
Cauca, Colombia. Fotografía: Adam Isacson
La ventana de oportunidad se está cerrando. “Es un momento propicio para implementar programas sociales y alternativas de desarrollo. Pero el gobierno no lo está aprovechando,” advirtió Pedro Arenas de Viso Mutop en marzo. “Están diseñando y diseñando la política,” lamentaba Ciro en mayo. “Que nos demoremos seis, ocho meses, un año, en plantear qué hay que hacer, me parece muy complicado.”
El gobierno de Petro ha asumido un fuerte compromiso con la implementación de las políticas rurales del Acuerdo de Paz de 2016, afirmando que espera gastar 50,4 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 12.500 millones de dólares) en la implementación del acuerdo durante su mandato de 4 años. A corto plazo, el gobierno lanzó un plan en julio para combatir el hambre que consistió en otorgar 2 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$500) a más de 77.000 familias. Tascón, el jefe de sustitución de cultivos, había dicho anteriormente que el gobierno esperaba establecer “ollas comunitarias” para satisfacer las necesidades urgentes de seguridad alimentaria en las zonas cocaleras, pero que este esfuerzo se vio frenado por los mecanismos de contratación dejados por la administración anterior.
A mediano y largo plazo, el gobierno de Petro está a punto de poner en marcha una nueva política antidroga esperada por mucho tiempo. Es probable que incluya una versión revitalizada del programa de asistencia a la sustitución de cultivos considerada en el Acuerdo de Paz, pero que acabó con promesas incumplidas de ayuda a decenas de miles de familias que erradicaron su coca.
El gobierno de Petro apenas logró reiniciar modestamente el esfuerzo de sustitución de cultivos del Acuerdo durante su primer año. Con el apoyo de aliados internacionales, tendrá que actuar con celeridad para implementarlo dentro de su política, que aún está por lanzar, a pesar de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, estimó preliminarmente que costaría 18 mil millones de pesos colombianos (unos US$4.500 millones).
Hasta ahora, el gobierno Petro no se ha movido con rapidez. Como escribió Ana María Rueda de la Fundación Ideas para la Paz, en El Espectador en agosto, después de un año de gobierno ni siquiera está claro qué funcionario está plenamente encargado de llevar a cabo su nueva política de drogas. Tampoco es claro cuál será la estrategia para ejecutar esta eventual política.
El gobierno tendrá que moverse a un ritmo más rápido. Una vez que surja la nueva política, el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para ayudar a implementar tanto las respuestas humanitarias de corto plazo como las de “presencia estatal” de largo plazo, incluso si “aprovechar la oportunidad mientras la ventana sigue abierta” implica ayudar a personas campesinas que todavía tienen algo de coca.