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El Congreso de Estados Unidos está considerando actualmente el presupuesto federal para el año 2024, junto con una solicitud de presupuesto suplementario para Ucrania, Israel, Gaza y la frontera entre Estados Unidos y México. A cambio de su aprobación (especialmente para la solicitud suplementaria de US$106 mil millones de dólares), los legisladores del Partido Republicano —que controlan la Cámara de Representantes y 49 de los 100 escaños del Senado— exigen cambios en la política fronteriza y migratoria, incluyendo una serie de medidas que limitarían severamente el derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos.
El “Grupo de Trabajo Republicano”, compuesto por tres senadores republicanos, presentó propuestas sobre la frontera y migración a incluir en el presupuesto suplementario. Las demandas del grupo se basan en el H.R. 2, la “Ley para Asegurar la Frontera de 2023”, aprobada en la Cámara de Representantes el 11 de mayo sin votos demócratas, ya que bloquearía el acceso al asilo para la mayoría de los solicitantes en EE. UU.
Estas propuestas se dan en un momento en que el hemisferio occidental está experimentando niveles récord de migración, debido a regímenes autoritarios, pobreza extrema, violencia, persecución, discriminación y cambio climático lo que obliga a más y más personas y familias a abandonar sus países de origen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que actualmente hay 20,6 millones personas en movimiento en el continente americano. Si bien Estados Unidos recibe sólo una parte de este flujo, la llegada de más de 200.000 personas por mes, la mayoría de estas solicitantes de asilo vulnerables (principalmente infantes y madres y padres con hijas e hijos), pone de relieve la urgencia de un sistema de asilo estadounidense confiable.
Este sistema se basa en una promesa crucial, consagrada en la Convención sobre Refugiados de 1951 y en la Ley de Refugiados de 1980 de Estados Unidos, las cuales consagran que no se expulsará de suelo estadounidense a personas no ciudadanas que teman regresar a su país de origen debido a la probable pérdida de la vida o la libertad por razones de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social determinado.
Las disposiciones del H.R. 2, incluidas aquellas presentadas en la propuesta de los senadores republicanos el 6 de noviembre, debilitarían esa promesa histórica hasta dejarla irreconocible, pues crean una serie de obstáculos y barreras que harían que una cantidad muy reducida de personas puedan obtener refugio en los Estados Unidos.
“De implementarse estas propuestas, cada vez más personas que no tienen otra opción que huir para salvar sus vidas serán enviadas de regreso para enfrentarse una vez más a persecución y perjuicios. Algunos morirán”, se lee en una carta del 9 de noviembre dirigida al presidente Joe Biden, firmada por unas 200 organizaciones no gubernamentales, incluida la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “El daño recaerá desproporcionadamente en las personas refugiadas negras, morenas e indígenas que ya están marginalizadas a nivel mundial”.
A continuación exploramos nueve de las propuestas más alarmantes, entre muchas otras de las radicales leyes aprobadas por la Cámara en mayo:
1. Prohibir el acceso al asilo a personas que no cruzaron la frontera por los puertos de entrada
Esta disposición, que aparece en las demandas realizadas por los senadores en noviembre, limitaría la elegibilidad para asilo solo a las personas que llegaron a Estados Unidos por un puerto de entrada o un cruce fronterizo oficial. Si cruzaran por otro lugar (como el Río Grande, un desierto, o el muro fronterizo), dichas personas que acaban de realizar este peligroso viaje serían deportadas sin una audiencia justa, incluso si pudieran calificar para protección.
Muchas personas que intentan entregarse a la Patrulla Fronteriza para presentar una solicitud de asilo, no saben que existe una manera “correcta” de cruzar la frontera, o son engañadas por los traficantes de personas migrantes.
Pero incluso si lo supieran, esta no suele ser una opción. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) restringe el número de personas solicitantes de asilo que pueden cruzar la frontera y acceder a suelo estadounidense en los puertos de entrada cada día. El resultado ha sido listas de espera (este año, mediadas por una aplicación para teléfonos inteligentes llamada CBP One) que obligan a las personas a esperar durante meses en peligrosas ciudades fronterizas del norte de México, donde muchas son presa del crimen organizado y viven en condiciones miserables debido a la falta de servicios de apoyo y a la imposibilidad de trabajar legalmente.
La ley estadounidense existente establece que las personas solicitantes de asilo tienen derecho al debido proceso independientemente de cómo crucen la frontera. El hecho de que hayan cruzado por un puerto de entrada o que se hayan entregado a las autoridades estadounidenses en el desierto no influye en el grave peligro que podrían enfrentar de ser deportadas. No debería tener ninguna relación con su derecho a solicitar protección.
2. Prohibir el uso de la aplicación CBPOne para programar citas para asilo u otras ayudas migratorias, (actualmente el único mecanismo para programar citas)
Esta disposición, que fue aprobada por la Cámara bajo H.R. 2, pero que no recibe una mención explícita en la propuesta de una página de los senadores republicanos, impediría que la CBP use su aplicación para teléfonos inteligentes para programar citas de asilo en los puertos de entrada. A pesar de todos sus defectos, la aplicación proporciona al menos un mecanismo para 1.450 citas diarias en los cruces fronterizos oficiales. Sin un sistema de citas, las y los funcionarios de CBP en los puertos de entrada podrían volver a bloquear a todas las personas solicitantes de asilo en la frontera, excepto a un grupo muy restringido, una práctica legalmente dudosa conocida como “medición”.
3. Prohibir el acceso al asilo a personas que pasan por otros países y no solicitaron asilo allí
Esta disposición, que aparece en la propuesta de los senadores republicanos, codificaría y ampliaría la “prohibición de tránsito” de asilo de mayo de 2023 de la administración Biden. Negaría asilo a cualquier migrante que pasara por un tercer país en ruta hacia la frontera entre Estados Unidos y México (es decir, ciudadanas y ciudadanos de todos los países excepto México), a menos que todos los países por los que hayan pasado rechazaran sus solicitudes de asilo. (La norma de asilo de Biden requiere que los migrantes que cruzan entre puertos de entrada demuestren que fueron rechazados en al menos un país). Por lo tanto, las y los solicitantes de asilo incluso tendrían que buscarlo en países más empobrecidos, peligrosos y mal gobernados a través de los cuales pasan.
4. Elevar los estándares de elegibilidad para pasar una entrevista de miedo creíble
Poco después de entregarse en la frontera, muchas personas solicitantes de asilo deben someterse a una entrevista de selección inicial con un oficial de asilo de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Actualmente, las y los oficiales de asilo deben concluir que existe una posibilidad significativa de que la persona solicitante pueda establecer su elegibilidad para el asilo. Según H.R. 2 y la propuesta de los senadores republicanos, ahora se exigiría a la persona solicitante un estándar más estricto, por medio del cual sea menos probable que pueda establecer su elegibilidad para el asilo.
Las entrevistas de miedo creíble, que se llevan a cabo durante los procedimientos de “expulsión acelerada”, ya plantean preocupaciones sobre el debido proceso, ya que las personas solicitantes de asilo a menudo deben realizarlas por teléfono, unos días o semanas después de ser detenidos, en instalaciones similares a cárceles de la CBP, con acceso limitado a pruebas para respaldar sus casos y rara vez con acceso oportuno a asesoría legal.
Actualmente, alrededor de dos tercios de las personas solicitantes de asilo pasan las entrevistas de miedo creíble. Al parecer, los republicanos del Congreso creen que esta cifra es demasiado alta. A WOLA le preocupan los informes que indican que la administración Biden y un sector de legisladores demócratas clave han indicado que están abiertos a negociar un cambio hacia este estándar más estricto.
“Las propuestas para elevar el estándar de prueba que deben cumplir los migrantes que presentan solicitudes de protección para acceder a procesos legales completos harán que Estados Unidos incumpla aún más nuestras obligaciones legales internacionales vinculantes bajo la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, así como la Convención contra la Tortura”, advertía una carta del 13 de noviembre del sindicato que representa a las y los funcionarios de asilo. “Hacerlo también socavaría el propósito de realizar el examen mediante la aplicación de los mismos estándares aplicables en audiencias de méritos completos, sin las correspondientes protecciones del debido proceso”.
5. Reavivar los acuerdos de “tercer país seguro”
H.R. 2 requeriría que la administración Biden renegociara los “Acuerdos de Tercer País Seguro” con países de toda América. (No está claro si esto forma parte de la propuesta de los senadores republicanos).
La administración Trump había convencido a Guatemala, Honduras y El Salvador de firmar acuerdos en los que esos países aceptarían a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades, trasladadas en avión desde la frontera entre Estados Unidos y México, para buscar asilo en los sistemas de estos países. Estas tres naciones difícilmente son vistas como países de refugio: con altas tasas de pobreza y de crímenes violentos y gobiernos que, en algunos casos, persiguen a la prensa libre, a las y los activistas de derechos humanos y a quienes luchan contra la corrupción. Y están en segundo, tercer y octavo lugar, respectivamente, entre los países que más envían migrantes a los Estados Unidos desde el año 2020. El único acuerdo de “tercer país seguro” de la era Trump que funcionó fue en Guatemala: el DHS de Trump envió a 945 migrantes de otros países a buscar asilo en la Ciudad de Guatemala; a ninguna de estas personas se le concedió protección.
6. Reavivar la política de “Quédate en México”
La propuesta republicana adopta otro elemento de H.R. 2 que involucra a un tercer país: la controversial política de “Quédate en México”. Entre sus condiciones para obtener fondos suplementarios para Ucrania y otras prioridades, los republicanos del Congreso exigirían que la administración Biden reviva un programa de la era Trump que en 2019 y 2020 obligó a 71.068 personas solicitantes de asilo de terceros países a esperar en México por sus citas en los tribunales de inmigración estadounidenses, principalmente en ciudades fronterizas mexicanas con algunas de las tasas de crimen violento más altas del país. Al menos 1.500 personas solicitantes de asilo sufrieron ataques violentos después de ser obligadas a quedarse en México, según información compilada por Human Rights First.
7. Ampliar la detención de personas migrantes, incluyendo solicitantes de asilo, y reabrir los infames centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
Las personas solicitantes de asilo de México no pueden “Quedarse en México” y quizás algunas otras puedan evadir este programa. Sin embargo, H.R. 2 ordenaría la detención de casi todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluso si han pasado las entrevistas de miedo creíble. La indicación es la detención durante todo el proceso de adjudicación de asilo, lo que significa que algunas personas estarían detenidas durante años, considerando los tiempos de procesamiento y las apelaciones. Para hacer esto, H.R. 2 requeriría la reapertura de los centros de detención de ICE que el gobierno de Estados Unidos cerró en 2021 debido a la gravedad y frecuentes preocupaciones sobre abusos derechos humanos.
8. Reiniciar y ampliar la detención de familias e infancias
Si bien la propuesta de los senadores republicanos no menciona específicamente un mandato de detención de ICE, sí parece implicarlo, ya que sus demandas incluyen una reactivación de la detención para familias solicitantes de asilo. La única manera de hacerlo sería cambiar la ley para revocar el Acuerdo de Conciliación Flores, una orden judicial que prohíbe la detención de infancias durante más de 20 días en entornos que no sean instalaciones de cuidado infantil autorizadas. Estados Unidos se convertiría en un país que encierra a madres, padres, hijas e hijos, a un costo que supera con creces los 300 dólares por familia por año.
9. Restringir el permiso temporal humanitario
La administración de Biden ha buscado hacer innecesario que las personas migrantes de algunas nacionalidades lleguen a la frontera y soliciten asilo, utilizando una facultades presidenciales de la década de 1950 para otorgar dos años de “permiso humanitario” a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tengan pasaportes y patrocinadores en EE. UU. Esta vía legal, aunque limitada a 30.000 personas en libertad condicional por mes, ha ayudado exitosamente a muchas personas migrantes a evitar la peligrosa ruta hacia la frontera entre Estados Unidos y México.
Tanto H.R. 2 como la propuesta de los senadores republicanos reducirían drásticamente la facultad presidencial para otorgar permiso humanitario. La propuesta pondría fin al programa de permiso humanitario para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. También podría poner fin al programa “Unidos por Ucrania” de 2022 de la administración Biden para personas que huyen de la invasión rusa.
Conclusión
Si la propuesta republicana presentada en el Senado el 6 de noviembre se convirtiera en ley, negaría asilo a casi todas las personas migrantes que buscan protección, a menos que:
Si una persona solicitante de asilo supera esos obstáculos, la propuesta republicana requeriría que esperara sus audiencias judiciales bajo detención del ICE (incluso si es un padre o madre con hijos o hijas) o mientras se queda en México.
Esta propuesta es extraordinariamente radical. Las demandas de los republicanos de vincularla al gasto de 2024 ponen a la administración de Biden en una posición difícil. Es una elección terrible tener que elegir entre asegurar financiación para Ucrania (y otras prioridades) y poner fin al papel histórico de Estados Unidos como país de refugio, incumpliendo compromisos internacionales que se remontan a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
H.R. 2 y las demandas de los senadores republicanos prácticamente suprimirían el derecho al asilo. Este es un precio demasiado alto. En las negociaciones sobre el gasto para 2024, las y los legisladores demócratas y republicanos moderados deberán mantenerse firmes en su apoyo al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. A ninguna persona que corra peligro de muerte o de encarcelamiento tras ser deportada se le debe negar el debido proceso en nuestro territorio.
