(AP Photo/Martin Mejia)

23 Jun 2021 | Análisis

Tras elecciones del 6 de junio, democracia del Perú pende de un hilo

El 6 de junio de 2021, los peruanos y peruanas votaron por el próximo presidente de su país. Con todos los votos contados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el 15 de junio que Pedro Castillo prevalecía sobre Keiko Fujimori, con 50,125 por ciento contra 49,872 por ciento, un estrecho margen de 44.240 votos, de los casi 19 millones de votos totales. Esta votación extremadamente cercana representó la culminación de una campaña electoral fuertemente polarizada, con el candidato de izquierda Castillo abogando por profundas reformas económicas y cambios políticos, y una Fujimori extremadamente conservadora que prometía defender un modelo peruano de libre mercado.

Sin ofrecer evidencia creíble alguna, Keiko Fujimori ha alegado fraude, en un evidente intento de buscar anular los resultados electorales. Las autoridades electorales peruanas están examinando cuidadosamente los alegatos de fraude presentados por la campaña de Fujimori, que aunque en su mayoría ya han sido desestimados y los reclamos restantes no tienen el potencial de cambiar el resultado.

Los organismos de observación nacionales e internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), no han encontrado evidencia de fraude. Observadores creíbles han dejado claro que el voto fue limpio, y han felicitado a las autoridades electorales peruanas por la calidad del proceso, pese a las circunstancias agravadas por el COVID-19.

Notablemente, después de dos semanas de casi completo silencio, el Departamento de Estado de Estados Unidos se unió recientemente a las felicitaciones, elogiando “a las autoridades peruanas por administrar de forma segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los desafíos de la pandemia del COVID-19. Estas últimas elecciones fueron un modelo de democracia en la región. Apoyamos el tiempo dado a las autoridades electorales para que procesaran y publicaran los resultados de acuerdo con la ley peruana.”

Pese a las críticas de Fujimori, queda claro que las instituciones electorales han operado en este ciclo electoral de forma justa, eficiente y transparente. No es una ironía menor que estas instituciones hayan tenido que ser minuciosamente reconstruidas después de ser politizadas y cooptadas entre 1999 y el 2000, cuando Alberto Fujimori (padre de Keiko), buscó su tercera reelección en un proceso electoral que fue calificado de fraudulento por los organismos de monitoreo nacionales e internacionales. Fujimori huyó de Perú tan solo meses después de ser juramentado como presidente por un inconstitucional tercer periodo, luego de que se hicieran públicos  videos que terminaron por dejar al descubierto la corrupción de su régimen. En 2009, Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad por autorizar asesinatos y desapariciones perpetrados por escuadrones de la muerte, y le fue ordenada una pena de 25 años en prisión, también siendo condenado por numerosos casos de corrupción.

En vista del consenso existente entre los organismos de monitoreo electoral de que las elecciones fueron realizadas con integridad y transparencia, parece obvio que los alegatos de fraude de Keiko Fujimori carecen de fundamento, y pretenden retrasar el anuncio de un ganador, convencer a sus votantes de que le robaron la elección, y generar un clima de incertidumbre y miedo, que por último busca anular las elecciones o revertir sus resultados. Bloquear la juramentación de Castillo constituiría un ataque directo al derecho fundamental de peruanos y peruanas a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas.

Un candidato perdedor que intenta robar una elección alegando fraude sin evidencia alguna puede sonar muy familiar. Tras el final de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, Donald Trump y sus partidarios pujaron por la misma narrativa infundada de fraude electoral, fomentando el conflicto y una violenta y mortal insurrección. La “gran mentira” de Trump no logró prevenir que el candidato ganador, Joe Biden, asumiera la presidencia. Sin embargo, millones de ciudadanos estadounidenses creyeron la narrativa de fraude de Trump, y no consideran a Joe Biden como su presidente legítimo.

Perú recuperó su democracia en el 2000, después de dos décadas de mandato autoritario y violencia política. Desde entonces, la democracia peruana ha sorteado muchas tormentas. Sin embargo, existen preocupaciones reales respecto a si sus instituciones son lo suficientemente fuertes para soportar los ataques mendaces de Fujimori y sus partidarios.

A pesar de que los alegatos de fraude de Fujimori son fabricados, los riesgos que presentan para la democracia peruana y el Estado de derecho son muy reales. El peligro en el que se encuentra la democracia peruana se agrava por el papel grotescamente irresponsable de los medios de comunicación nacionales, que dieron total cabida a la gran mentira de Fujimori, al forzar una narrativa de fraude que  genera un clima de tensión y conflicto. Resulta alarmante que esta narrativa falsa y peligrosa haya sido amplificada por notables figuras, tales como el Premio Nobel (y antiguo candidato presidencial) Mario Vargas Llosa. Pese a haber hecho campaña en contra de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016, Vargas Llosa terminó apoyándola esta vez, dado que veía a su rival como un peligroso radical que pondría en peligro a la economía de libre mercado peruana. En su columna dominical de El País, fue incluso más allá de apoyar a un candidato, montando una defensa totalmente temeraria de la gran mentira de Fujimori.

Para sumar a este sentimiento de riesgo, oficiales militares en retiro han emitido dos cartas separadas, en las cuales piden la intervención por parte de las fuerzas armadas peruanas, de ser Castillo proclamado como presidente electo. La segunda carta, que contiene los nombres de unos 1.300 oficiales en retiro, fue de tal proporción, que el presidente Francisco Sagasti convino una conferencia de prensa denunciándola como un acto de sedición en contra de la democracia peruana.

Keiko Fujimori ya ha estado del lado perdedor en dos elecciones anteriores en 2011 y 2016. Aunque nunca reconoció formalmente su derrota en 2016 (que también fue por un estrecho margen de 41.000 votos), posteriormente usó su mayoría en el Congreso para generar un clima de ingobernabilidad. Tan solo un indicador: Perú ha tenido cuatro presidentes entre 2016 y 2020, dos de los cuales fueron removidos de su cargo por el Congreso, y dos que fueron removidos después de días de protesta, que incluyeron la muerte de dos jóvenes peruanos.

Ahora, Fujimori se está rehusando nuevamente a reconocer la realidad de su derrota, valiéndose de los medios tradicionales y las redes sociales para esparcir alegatos de fraude, con el objetivo de socavar los resultados electorales. No es coincidencia que Fujimori esté afrontando la posibilidad de una seria condena a prisión por acusaciones de lavado de activos, liderar una organización criminal, y obstruir la justicia, y quedaría vulnerable a las acusaciones fiscales de no obtener la inmunidad que le otorgaría la presidencia.

Estos alegatos de fraude caen en estereotipos racistas y buscan negarle la presidencia a Castillo, un campesino, profesor y líder sindical de la Cajamarca rural. En la antesala de  las elecciones del 6 de junio, Fujimori y sus aliados lanzaron una feroz campaña macartista que buscó retratar a Castillo como un peligroso comunista, e incluso como un militante de Sendero Luminoso. Esta obvia manipulación de viejos miedos, con la intención de desacreditar ampliamente a Castillo, ha sido replicada ampliamente por los medios tradicionales. Ahora, esta manipulación está siendo usada como argumento para justificar la nulidad de las elecciones peruanas de ser Castillo declarado presidente. La histeria de las élites por la victoria de Castillo se ha intersectado con la necesidad urgente de Fujimori de ganar la presidencia y evitar la cárcel.

Con la revisión de las últimas actas impugnadas llegando a su fin, parece claro que Castillo ha ganado la elección justamente, y debería ser juramentado como presidente del Perú el próximo 28 de julio. Pero, de lograr Fujimori su cometido, ella y su partido encontrarán una forma de anular las elecciones y prevenir la juramentación de Castillo. Este es el momento para que los líderes democráticos de todo el mundo se pronuncien defendiendo la integridad del proceso electoral, y que acepten la voluntad de la mayoría de votantes, después de que las autoridades competentes hayan certificado el resultado. Si Fujimori logra anular las elecciones en el Perú, las consecuencias serían terribles, no solo para Perú, sino para todas las democracias en la región.