AP Foto/Ivan Valencia
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Las próximas elecciones presidenciales de Colombia, el 29 de mayo, se celebran en un momento de gran tensión, aumento de la inseguridad, retos económicos, polarización y desconfianza en el gobierno.
Son siete las candidaturas que se presentan para el máximo cargo. Los candidatos que lideran actualmente las encuestas son el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, por la coalición de izquierda Pacto Histórico; el exalcalde de Medellín y candidato conservador Federico Gutiérrez, conocido como “Fico”, por el conservador Equipo por Colombia; el exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente Rodolfo Hernández; y el candidato liberal Sergio Fajardo, por la Coalición Centro Esperanza.
Si ninguno de los contendientes consigue más del 51 por ciento de los votos, los dos candidatos con mayor cantidad de votos pasarán a una segunda ronda el 19 de junio.
Estas elecciones también marcan la primera vez que un candidato socialmente progresista, Gustavo Petro, tiene la posibilidad de ganar la presidencia en un país que durante décadas fue gobernado por la derecha y los moderados.
Este es un repaso general de algunos de los principales retos en materia de derechos humanos y seguridad a los que se enfrenta Colombia y que el próximo presidente tendrá que abordar, y algunas ideas sobre cómo los responsables políticos de Estados Unidos pueden apoyarle en ello.
Un clima político cargado, con racismo contra candidatos afrocolombianos
El 13 de marzo, Colombia celebró elecciones al Congreso y primarias presidenciales que determinaron los candidatos de las distintas coaliciones.
El asunto más polémico de las elecciones legislativas fue la cuestión de los 390.000 votos a favor de la coalición del Pacto Histórico que no se contabilizaron inicialmente. Esto llevó a un pedido de dimisión contra el Registrador, quien se negó a hacerlo. También alimentó los argumentos del partido Centro Democrático de que se había producido un fraude y allanó el camino para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzara a desacreditar el posible resultado de las elecciones presidenciales.
La coalición del Pacto Histórico fue la mayor ganadora de estas elecciones y el partido Centro Democrático, su mayor perdedor. La ampliación del Pacto Histórico a 20 escaños significa que si Petro gana la presidencia tendrá una buena coalición en el Congreso para ayudar a avanzar su agenda. El Pacto Histórico también ganó el escaño internacional en el Congreso, que fue para una indígena colombo-suiza, Karmen Ramírez.
Aunque la violencia registrada en torno a las elecciones legislativas fue menor que en anteriores elecciones antes del Acuerdo de Paz de 2016, las amenazas de muerte fueron abundantes. La violencia y la intimidación se concentraron principalmente en los candidatos que se presentaban a los “escaños de paz” previstos en el acuerdo de paz de 2016.
También se han dado casos de ataques racistas y clasistas, en particular contra quienes tienen más alto perfil, como Francia Márquez, activista medioambiental, lideresa afrocolombiana y candidata a la vicepresidencia por la Coalición Histórica.
Aunque estas opiniones contra personas afrodescendientes y del campo son bastante comunes en Colombia, la posibilidad de que se convierta en vicepresidenta ha inspirado comentarios racistas, como el de la cantante Marbelle, que la comparó con el simio King Kong. El Racismometro, que hace un seguimiento de este tipo de abusos, registró 561 casos de ataques racistas contra Márquez. También documentó cinco ataques racistas contra Luis Gilberto Murillo, el candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, el candidato afrocolombiano con el segundo mayor número de incidentes.
Otros motivos de preocupación en torno a las elecciones son los intentos de influir indebidamente en ellas, las denuncias de campañas ilegales, los intentos de socavar la credibilidad del sistema electoral, la difusión de desinformación y la intimidación violenta contra candidatos y candidatas. Se ha develeado que el presidente Iván Duque ha hecho 95 comentarios desfavorables sobre Petro en los últimos meses.
Petro y Márquez, en particular, han sido objeto de campañas de desinformación y de miedo. Asimismo, aunque todas las candidaturas presidenciales requieren seguridad, Gustavo Petro y Francia Márquez se han enfrentado a niveles de amenazas especialmente elevados, lo que hace que su situación sea especialmente preocupante. Colombia tiene un largo historial de asesinatos de candidatos presidenciales, especialmente de candidatos de izquierda y alternativos, con cuatro asesinados desde la década de 1980.
Alcance e influencia indiscutibles de los grupos armados ilegales
La fallida política de seguridad del presidente Duque ha provocado la proliferación de grupos armados ilegales y su expansión a zonas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaron en gran medida cuando se desmovilizaron en 2016. Grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los disidentes de las FARC realizan actividades ilícitas y violentas y generan estragos en todo el país.
En un informe de septiembre de 2021, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) documentó que 93 grupos ilegales operan en toda Colombia, afectando especialmente a los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Meta, Córdoba, Bolívar y Chocó. Las bandas armadas mataron al menos a 70 personas entre enero y abril de 2022 en Quibdó, la capital urbana del Chocó. Los lugareños describen la situación en la ciudad como una “zona de combate” que está impidiendo la vida cotidiana de quienes allí viven. La delincuencia y los homicidios en general han aumentado; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registró el año 2021 como el de mayor tasa de homicidios de los últimos siete años.
Otra muestra del poder que siguen teniendo los grupos armados ilegales en amplias zonas del país fue el paro armado impuesto por las AGC, el grupo paramilitar también conocido como el Clan del Golfo, a principios de mayo. El grupo alegó que la acción se llevó a cabo en represalia por la extradición a Estados Unidos de su líder, Darío Antonio Úsaga David alias “Otoniel”. El paro armado afectó a 281 municipios en 11 de los 32 departamentos del país, confinó 130 comunidades, bloqueó 16 carreteras y dejó 24 civiles muertos. El cierre de empresas y comercios también impactó significativamente en las economías de las zonas de paro. Por ejemplo, la BBC informó de que la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) sufrió pérdidas de US$3,2 millones.
Situación humanitaria y de derechos humanos crítica
La evidencia de la ineficacia de la política de seguridad de la actual administración también se puede ver en el creciente número de asesinatos de líderes sociales, masacres, eventos que conducen al desplazamiento interno y crisis humanitarias.
INDEPAZ registró 36 masacres en lo que va de 2022, con un total de 133 víctimas, 96 masacres con un total de 338 víctimas en 2021 y 91 masacres en 2020. Hasta el 15 de mayo, la organización ya había registrado el asesinato de 75 líderes sociales y 20 excombatientes en el año.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que 2021 fue el año con el mayor número de impactos de los conflictos armados en Colombia en los últimos cinco años. La organización registró el desplazamiento interno de 77.568 personas, el confinamiento de 45.108 (con el 78 por ciento de ellas sólo en el departamento del Chocó), 184 violaciones del derecho humanitario, 485 víctimas de artefactos explosivos (con 50 que resultaron mortales), 168 casos de desapariciones (145 de ellos civiles) y 553 agresiones contra misiones médicas (un aumento del 70 por ciento respecto a 2020).
En lugar de apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger a la población civil, el gobierno de Duque ha intentado desacreditar a entidades como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Duque sustituye el acuerdo de paz de 2016 por la “Paz con Legalidad”
Las elecciones presidenciales de 2022 serán las segundas que se celebren tras la firma del histórico Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado interno. Las primeras elecciones tuvieron lugar en 2018, justo cuando la implementación del acuerdo estaba arrancando. Durante esas elecciones, el miedo y la desinformación en torno al proceso de paz por parte de las élites económicas y políticas llevaron a la elección del candidato de derecha, Duque, del partido Centro Democrático, cuya campaña prometió hacer trizas el Acuerdo de Paz. En contra de lo acordado inicialmente por el Estado colombiano y las FARC, el gobierno de Duque ha impulsado una política paralela denominada “Paz con Legalidad” que adapta los compromisos del acuerdo inicial para ajustarlos a la agenda política, económica y de seguridad de su partido. Como resultado, la implementación del Acuerdo, tal y como se acordó en 2016, es irregular y el enfoque de la política paralela sabotea el espíritu del acuerdo.
Protestas, represión e impunidad
El esfuerzo del gobierno de Duque por imponer una reforma fiscal, que habría gravado a los ya afectados por la pandemia, dio lugar a protestas pacíficas en forma de un paro nacional al que el Estado respondió con una represión sin precedentes, desencadenando disturbios sociales a mediados de 2021. La Policía Nacional colombiana cometió ejecuciones extrajudiciales, hizo un uso excesivo de la fuerza y tortura, y ejerció la violencia sexual. Al menos 87 personas murieron y cientos resultaron heridas, muchas con daños oculares permanentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que la policía había hecho un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en muchos casos durante las protestas. Esta respuesta brutal de mano dura y la incapacidad de Duque para negociar realmente con el comité del paro cívico no hicieron más que generar más resentimiento contra el gobierno, alimentando la impopularidad de Duque.
La justicia no ha avanzado en la mayoría de los abusos cometidos por la fuerza pública durante el paro nacional y las protestas. Según la Fundación Comité de Presos Políticos (CSPP), en 2021 la Procuraduría abrió 231 procesos disciplinarios contra la policía. Sólo en 11 casos hubo un resultado. Otros 120 se cerraron porque no se encontró responsabilidad en la comisión de delitos. Hasta el 26 de abril de este año, nadie ha sido condenado ni en el sistema penal ordinario ni en el militar. Esto demuestra la impunidad que ha protegido a la fuerza pública, ante los 7.649 hechos victimizantes ocurridos en 2021.
Desconfianza en los organismos de control independientes
Dada su propuesta de reformas económicas y políticas que fueron consideradas como favorecedoras de las élites económicas y políticas, la continua frustración por la desigualdad de ingresos y el debilitamiento del Acuerdo de Paz de 2016 por parte de su gobierno, Duque también se enfrentó a otras protestas de menor escala en 2019 y 2020. La falta de voluntad de su gobierno para encontrar una solución basada en el diálogo con el ELN llevó a un aumento de los actos violentos con consecuencias devastadoras para las comunidades.
Duque también debilitó los contrapesos en el país al colocar a amigos y aliados políticos como jefes de los organismos de control independientes, como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Durante el paro nacional, Duque se negó a dialogar verdaderamente y a encontrar soluciones con los principales actores. Todas estas situaciones han llevado a un cierre del espacio democrático y a una falta de confianza en las instituciones del país.
Papel de los responsables políticos de Estados Unidos
Colombia sigue siendo el aliado número uno de Estados Unidos en la región. Es un socio estratégico en materia de seguridad, antinarcóticos, política y comercial. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia siempre han sido muy fuertes en beneficio de ambos países. Esta relación no cambiará independientemente de quién sea el próximo presidente del país.
Dadas las tensiones, la polarización y el alto riesgo de violencia que rodean a las elecciones presidenciales colombianas, corresponde a los legisladores estadounidenses seguir de cerca la situación. Deberían enviar el mensaje de que la violencia contra los candidatos y la violencia basada en los resultados será condenada enérgicamente por EE.UU. Será importante seguir afirmando que el resultado de las elecciones debe ser respetado independientemente de quién gane y que una transición pacífica al poder forma parte de una democracia fuerte. Los legisladores estadounidenses también deberían dejar claro a todos los candidatos presidenciales la necesidad de dar prioridad a la aplicación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Los retos que se avecinan
Quien asuma la presidencia de Colombia se enfrentará a múltiples retos e intereses contrapuestos. El próximo presidente debe buscar soluciones para disminuir las crisis humanitarias que enfrentan muchas personas en Colombia. Esto debería incluir la exploración del diálogo con el ELN y el apoyo a las propuestas de la sociedad civil para que se establezcan acuerdos humanitarios en regiones violentas como el Chocó, Nariño, Cauca, Arauca y Catatumbo, entre otras. Otras tareas del nuevo presidente serán reformar efectivamente la policía, garantizar la no repetición de la violencia estatal y fortalecer el sistema judicial para que pueda combatir la impunidad en los casos de derechos humanos e investigar y sancionar la corrupción. Hay que animar al próximo presidente a dialogar con la sociedad civil, incluso con aquellas personas con quienes no está de acuerdo, y a integrar las propuestas de la sociedad civil en las políticas públicas y la planificación. Una solución real para evitar las amenazas, los ataques y los asesinatos de líderes sociales (personas defensoras de derechos humanos, líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas, activistas por el derecho a la tierra, quienes defienden el medio ambiente, periodistas y líderes comunitarios) es primordial para garantizar un país democrático sano.
Es necesario mejorar las relaciones con Venezuela para abordar las crisis de seguridad, humanitarias, económicas y de desplazamiento que ambos países están experimentando en su frontera común. Además, el nuevo gobierno tendrá que abordar las crisis humanitarias multidimensionales de Colombia que incluyen a las personas migrantes y refugiadas venezolanas, a quienes tuvieron que desplazarse internamente en Colombia durante el conflicto y a quienes todavía lo hacen, especialmente quienes cruzan por el Tapón del Darién. El nuevo presidente debe volver a priorizar la atención a los derechos individuales y colectivos de personas afrocolombianas, palenqueras, raizales e indígenas. Debe hacerlo reforzando los esfuerzos para implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016 y trabajando con los Estados Unidos para renovar el Plan de Acción Racial Colombia-Estados Unidos (CAPREE) destinado a abordar la discriminación racial contra personas afrocolombianas, indígenas, afroamericanas y nativas americanas. Además, dadas las relaciones comerciales a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia y el retroceso en la aplicación de los derechos laborales desde su aprobación, el nuevo presidente debería trabajar con EE.UU. para revitalizar el Plan de Acción Laboral EE.UU.-Colombia.
