La creación de una gendarmería nacional forma un elemento principal de la estrategia de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y su establecimiento ya ha sido acordado por los principales partidos políticos del país en el Pacto por México. A más de dos meses en la nueva administración, Manuel Mondragón y Kalb, el Comisionado de la recién creada Comisión Nacional de Seguridad, finalmente proporcionó los detalles de esta nueva fuerza durante su audiencia de confirmación del 25 de febrero. A pesar de que el gobierno no ha definido aún las principales responsabilidades de la gendarmería —como si su rol consistirá en reaccionar ante o evitar el delito—lo que está claro es que sus miembros provendrán del ejército mexicano. Mondragón declaró que la gendarmería estará en operación para finales del 2013 y que el primer grupo estará compuesto por 10.000 miembros del ejército de la Secretaría para la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de la Marina (SEMAR) de México. Aunque el gobierno de Peña Nieto ha insistido que la gendarmería es parte de la solución a los problemas de seguridad de México, existen varios peligros potenciales en la creación de una nueva fuerza federal de seguridad equipada con soldados, incluyendo la militarización adicional de la seguridad pública en México y el potencial para violaciones generalizados de los derechos humanos contra la población.
Al establecer otra fuerza federal de seguridad de elementos principalmente con entrenamiento militar, Peña está siguiendo los pasos de sus predecesores de militarizar la seguridad pública en México. Desde el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), todo presidente mexicano ha expandido el uso de las fuerzas armadas en las operaciones contra las drogas y su papel en las instituciones civiles y los organismos de seguridad pública. Por ejemplo, cuando Zedillo estableció la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999, un poco más de 5,000 elementos del ejército—casi la mitad de la fuerza total—fueron contratados para servir en puestos supuestamente temporales hasta que suficientes agentes civiles fueran seleccionados y capacitados. Sin embargo, a lo largo de la existencia de la PFP, el ejército continuó teniendo una fuerte presencia en la fuerza y el número de elementos del ejército en sus filas, de hecho, aumentó con el tiempo, en particular durante el gobierno de Fox[1]. De igual forma, mientras que el ex presidente Calderón afirmó originalmente que el uso del ejército en la seguridad pública era temporal y sólo duraría hasta que la policía federal pudiera asumir totalmente sus responsabilidades, al final de su gobierno, el ejército aún tenía un papel importante en las operaciones para combatir al crimen organizado.
El continúo uso de miembros del ejército en las tareas de seguridad pública durante el gobierno de Peña consolidará adicionalmente el papel del ejército mexicano en la seguridad pública y borrará cualquier ilusión de que este papel es de hecho temporal. La dependencia en los organismos militarizados, incluso bajo el liderazgo civil, también puede ser a expensas de esfuerzos incrementados por fortalecer las fuerzas policiacas civiles. Hasta ahora no ha habido ninguna indicación de que en el mediano a largo plazo, los miembros de la gendarmería nacional serán obtenidos de los organismos civiles de las fuerzas de aplicación de la ley.
Es importante señalar que a diferencia del modelo que el gobierno de EE.UU. ha promovido en los países latinoamericanos (incluyendo a México), la ley estadounidense restringe fuertemente a nuestro ejército de realizar papeles de las fuerzas de aplicación de la ley en el país, y por una buena razón—la policía y el ejército no son organismos intercambiables. Las fuerzas militares están entrenadas para situaciones de combate en las cuales la fuerza se utiliza para oprimir al enemigo armado. La policía son cuerpos civiles, entrenados para abordar amenazas a la seguridad pública mientras utiliza la menor cantidad de fuerza posible y para hacer frente al delito con la cooperación de las personas. Existen riesgos inherentes al tener fuerzas con entrenamiento militar en contacto directo con la población civil. Un claro y aleccionador ejemplo de esta realidad es el hecho de que entre 2007 y 2012, 20 civiles (incluyendo a varios niños) fueron asesinados por los soldados mexicanos que abrían fuego a vehículos que no se detuvieron en retenes. En el caso de la gendarmería, Mondragón le dijo al Senado que la fuerza estará bajo un estricto sistema de disciplina militar y que los cuerpos recibirían capacitación policial para complementar su entrenamiento militar. Es particularmente inquietante que la capacitación predominantemente militar de esta fuerza pueda ser contraria a sus responsabilidades, en particular si se convierte en una policía de proximidad que aborde delitos bajo del fuero común, como lo sugirió Mondragón en su audiencia de confirmación.
Además del daño potencial causado por el aumento de la militarización de la seguridad pública, el deprimente record de derechos humanos de las fuerzas armadas no augura un buen futuro para la gendarmería. Durante el gobierno de Calderón y como resultado del despliegue del ejército en los operativos contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vio un aumento de cinco veces en las quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros del ejército mexicano, aumentando a 1.503 en 2012. La marina mexicana también vio un disparo de las quejas mientras sus fuerzas fueron utilizadas cada vez más en los operativos en el interior del país; a pesar de ser menores a la cifra de las relacionadas con el ejército, las quejas relacionadas con la marina aumentaron de 31 en 2007 a 418 en 2012. Estas violaciones incluyen casos documentados de tortura, ejecución extrajudicial, detención arbitraria y desapariciones forzadas. La falta de investigaciones de y procesos judiciales contra los soldados responsables de estos abusos—SEDENA reportó en octubre de 2012 que desde el 2006 sólo 38 soldados habían sido sentenciados por los Tribunales militares por abusos a los derechos humanos—también ha facilitado su persistencia. A pesar del compromiso expresado por el presidente Peña para mejorar el respeto a los derechos humanos en México, desde el 1° de diciembre de 2012 al 26 de febrero de 2013, la CNDH recibió 257 quejas por abuso de los soldados mexicanos.
A su favor, la gendarmería estará bajo el control y jurisdicción civiles. Sin embargo, el record de los derechos humanos del ejército señala claramente que cualquier fuerza de seguridad compuesta por soldados mexicanos debe tener mecanismos sólidos de rendición de cuentas internos y externos. Si no, esta nueva fuerza podría cometer el mismo patrón de abusos a la población a la que debe proteger que hemos visto del ejército mexicano en los últimos años. Y una falta de responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos también significará una falta de responsabilidad por la corrupción y otro tipo de delitos en la fuerza.
[1]Por ejemplo, en sus primeros años en el cargo, Fox transfirió ocho unidades completas del ejército y 1,600 miembros de varios batallones de la Marina a la PFP.
