WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
6 Abr 2016 | Análisis | Noticias

La sociedad civil: La mejor apuesta de Colombia para la construcción de la paz

Background En el contexto del proceso de paz y posibles futuros anuncios por parte de los equipos involucrados en las conversaciones de paz de la Habana, WOLA estará publicando una serie de segmentos analíticos sobre cómo asegurar un exitoso cese bilateral al fuego. Esta serie de artículos va a estar acompañada  de entrevistas con expertos y líderes que trabajan cercanamente con el proceso de paz y quienes aportan información de primera mano.
  • El primer artículo explora el tema de las zonas de concentración de las FARC.
  • El segundo artículo plantea la necesidad de incorporar a las comunidades afro-colombianas e indígenas en la mesa de negociaciones.
  • El tercer artículo aborda el tema de la misión de la ONU que quedará a cargo del proceso de verificación de cese al fuego.
  • El cuarto artículo analiza el papel del ejército colombiano en el posconflicto.
  • El quinto artículo examina como la sociedad civil colombiana ha fortalecido el proceso de paz.

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Una de las grandes fortalezas de Colombia como nación es el hecho de que el país cuenta con una sociedad civil, diversa y multisectorial, que por décadas a estimulado a organizaciones, movimientos y propuestas de políticas que impulsan el cambio social en Colombia. Esta es una sociedad civil que ha enfrentado periodos de extrema violencia, persecución, y una fuerte estigmatización proveniente de diferentes actores. Sin embargo, esta ha logrado crear e implementar propuestas en medio de estos ambientes tan hostiles. A pesar de las diversas dificultades que enfrenta la sociedad civil colombiana, tales como la inseguridad y falta de soporte político y financiero, esta ha logrado prosperar debido a su tajante determinación, coraje y creatividad.

La sociedad civil sin lugar a dudas representa el lado no violento de Colombia lo que ha permitido crear un ambiente de esperanza y dignidad. Esta ha logrado detectar las necesidades de los desplazados, las mujeres, los afrocolombianos, los grupos indígenas, los jóvenes y las victimas del conflicto en momentos donde las instituciones gubernamentales no lo han hecho. Los grupos de la sociedad civil colombiana consistentemente han monitoreado y abogado por la creación de mejores políticas publicas, por la transparencia en la gobernanza, y en la búsqueda de justicia para las victimas.

Existen innumerables ejemplos  de esfuerzos realizados por la sociedad civil así como se pueden encontrar innumerables lecciones aprendidas sobre la capacidad de estos  grupos para adaptarse a las diferentes circunstancias.

La integración de selectos grupos de la sociedad civil en las conversaciones de la Habana, tales como grupos de victimas, mujeres y delegaciones de representantes personas desaparecidas, han fortalecido las negociaciones  así como los acuerdos preliminares que han surgido. Sus voces y propuestas han colaborado para la incorporación  de diversos puntos de vista antes ignorados por las partes negociantes, así  como gracias a estos se ha logrado identificar los pasos a seguir para superar temas álgidos para la mesa de negociación. La contribución de la sociedad civil en el proceso de paz no solo se caracteriza por ser innovadora. Mas aún la contribución de estos grupos ha servido para fortalecer el proceso de paz, así como para la generación de credibilidad y soporte en los acuerdos logrados hasta ahora. Los diferentes grupos de la sociedad civil serán los actores claves que permitirán que la implementación de los acuerdos, una vez pautados, sea efectiva.

Profundizar la democracia colombiana mientras esta se encuentra bajo amenaza

A pesar de sus grandes contribuciones, las organizaciones de la sociedad civil colombiana enfrentan en la actualidad numerosas amenazas. La seguridad de los defensores de derechos humanos y de los movimientos sociales se ha visto gravemente deteriorada en los últimos años. El año pasado, la organización Somos Defensores reporto que 63 defensores de derechos humanos fueron asesinados lo que representó un incremento del 13% en comparación con el 2014. Veeduría Social, un grupo compuesto por organizaciones tales como: Frente  Amplio por la Paz;  el Dialogo Inter-eclesial para la Paz; El Comité  permanente  para la defensa de los Derechos Humanos (CPDH); la Iglesia Menonita entre otros, monitorearon el conflicto de manera independiente  y encontraron que en Marzo del 2016, cinco lideres sociales fueron asesinados en tan solo una semana. Muchos de los amenazados formaban parte de la sociedad civil, grupos comunitarios y organizaciones progresistas. Por lo menos 16 activistas sociales, defensores de Derechos Humanos, Afro-Colombianos,  indígenas  y líderes rurales fueron matados desde comienzos del 2016. Muchos de estos asesinatos tomaron lugar en el contexto de las olas de limpieza social llevadas a acabo por grupos neo-paramilitares. Amenazas contra la sociedad civil incluyendo grupos tales como Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, indígenas, afrocolombianos, académicos y reporteros han incrementado en gran proporción en los últimos días.

Amenazas de muerte y paro armado: combustibles para un ambiente donde predomina el miedo

Recientemente, en Marzo 28, las Águilas Negras, un grupo neo-paramilitar, amenazaron a reporteros, educadores, activistas sociales, miembros de organizaciones de izquierda, afrocolombianos y grupos Indígenas  del Departamento de Cauca, entre los cuales se encuentran grupos con los que WOLA trabaja diariamente. Las Águilas Negras declararon abiertamente que estas organizaciones, así como los individuos que las integran y sus familias, son objetivo militar. Este grupo acusa a periodistas de “traición a la patria por estar a disposición del presidente Santos quien a través del proceso de paz está entregando al país al narcoterrorismo y les ordena que dejen el territorio de Cauca en una semana o si no van a ser matadas como ratas”.

Seguido de esto, en Marzo 31 un grupo neo paramilitar conocido como “Los Urabeños” o Gaitanistas, ordenaron un paro armado en el norte de Colombia. El paro se dio después de que los paramilitares circularon panfletos en la región, en los cuales se declaraba que quien no siguiera las ordenes sufriría las consecuencias. Inmediatamente, las actividades comerciales cerraron y se creó un ambiente de pánico creado por lo paramilitares.

La coalición católica y grupos minoritarios que operan en el área del Pacifico, los cuales se agrupan bajo el nombre de Coordinación Regional del Pacifico han documentado las consecuencias  pagadas por la población local a raíz de este paro, así como las que dejo el paro ordenado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Febrero de 2016. El grupo encontró que este tipo de acciones están ligadas a las amenazas de muerte contra los lideres locales y defensores de derechos humanos que trabajan en la zona. La coalición ha pedido la acción urgente del gobierno contra estos grupos armados así como que se investigue y sancione a los responsables de estas actividades.

Una examen para las instituciones de Colombia

Si bien no es de extrañar que la violencia y las amenazas de los posibles saboteadores de los diálogos de paz estén aumentando en el tramo final de las negociaciones, es esencial que el problema sea priorizado y dirigido por el gobierno de Colombia. La falta de protección eficaz de los defensores de derechos humanos y líderes sociales es una prueba de fuego para determinar el grado de preparación de las instituciones colombianas para pasar de la paz al post-conflicto. Tratándose de poblaciones diferentes, el buen manejo que Colombia de a la protección de la sociedad civil, también dice mucho su capacidad para garantizar la seguridad de miembros desmovilizados de las FARC. Es hora de que Colombia tome este asunto más en serio y desarrolle mecanismos que vayan más allá de la protección material para prevenir realmente que puedan ocurrir muertes.

Un grupo de trabajo a nivel nacional llamado mesa de garantías compuesto por expertos y personas directamente afectadas por las amenazas a la sociedad civil colombiana, han hecho numerosas recomendaciones sobre cómo se puede mejorar la protección. Una de ellas es que las autoridades prevengan ataques, mediante la investigación de las amenazas y haciendo rendir cuentas a los autores responsables. Los grupos e individuos amenazados también se verían beneficiados mensajes públicos de apoyo de funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano y de la comunidad internacional, en particular los Estados Unidos, lo cual garantiza la toma de acciones cuando surgen amenazas y otras situaciones hostiles.

El papel de la Comunidad Internacional

Además de respaldar el proceso de paz en Colombia, la comunidad internacional puede desempeñar un papel importante en el apoyo a la labor de la sociedad civil colombiana. La provisión de fondos a los grupos de la sociedad civil, tales como las asociaciones de víctimas, los grupos afrocolombianos e indígenas y las organizaciones de mujeres, garantizan recursos para aquellos que tienen la capacidad de influir e implementar los acuerdos de paz en el territorio. El gobierno de Colombia tiene una larga trayectoria presentando a la comunidad internacional programas y planes muy detallados y que dicen lo correcto, pero que no consultan adecuadamente con la sociedad civil permitiéndole un papel proactivo. Teniendo en cuenta esto, es imperativo que la comunidad internacional designe fondos independientes para estos grupos. De lo contrario, los acuerdos fracasarán, o sólo los aspectos priorizados por el gobierno – influenciados por las políticas del momento- tendrán la atención que se merecen.

Las áreas donde mejor puede darse la financiación y las políticas de apoyo de la comunidad internacional incluyen la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos territoriales. Esta es una agrupación de autoridades indígenas y afrocolombianas étnico-territoriales y redes a nivel nacional y regional, la mayoría situadas en zonas donde los acuerdos enfrentarán los mayores obstáculos para su implementación. Otra área importante de trabajo es el conjunto de propuestas para la verdad, la justicia y la reparación indicado por CONPAZ, una red de organizaciones y comunidades con el apoyo de la Comisión Inter-Eclesial de Justicia y Paz (CIJP).

Esta red reúne a las comunidades que han sobrevivido en medio del conflicto mediante la utilización de modelos no violentos de participación como el establecimiento de “zonas humanitarias” para garantizar la auto-protección, la sostenibilidad del medio ambiente, prevenir nuevos desplazamientos y buscar soluciones comunes a sus necesidades básicas. Otro grupo con la capacidad para ayudar a minimizar los riesgos y los conflictos en la etapa posterior al conflicto es la recién formada Comisión de No Repetición, dirigido por Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). La comisión está desarrollando mecanismos dirigidos a la protección de los defensores de los derechos, la transformación de las doctrinas de seguridad del país y sus fuerzas públicas para tiempos de paz y para desmantelar el paramilitarismo. En cuanto al tema de los derechos de la mujer, organizaciones como la subcomisión de género, que participaron en las conversaciones de La Habana, están liderando esfuerzos para integrar la perspectiva de género y garantizar sanciones contra delitos basados en género cometidos durante esta larga guerra. El 15 de marzo, el Comité de Desaparición Forzada de la plataforma de derechos humanos conocida como Coordinación Colombia-Europa-Estado Unidos (CCEEU) entregó a los equipos negociadores de La Habana, las recomendaciones sobre la mejor y efectiva manera de buscar, localizar e identificar a los desaparecidos. Entre las recomendaciones, el Comité propone la reestructuración y fortalecimiento de herramientas de búsqueda, así como la formación de una estructura participativa que garantice que la búsqueda de personas desaparecidas esté dentro del derecho a la verdad de las víctimas.

La Esperanza para una Paz Duradera

En una reunión reciente del equipo de WOLA en Colombia, Lourdes Castro miembro de la Coordinación Colombia Europa y Estado Unidos, hizo énfasis en el hecho de que “la paz no puede llevarse a cabo sin la protección y defensa de los derechos humanos”. Esto resulta ser muy cierto, mientras que la comunidad internacional debería apoyar al gobierno colombiano en su esfuerzo para alcanzar la paz, esta ayuda también debería enfocarse en el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Para que  Colombia logre alcanzar una paz duradera, es absolutamente esencial y necesario el reconocimiento de los derechos humanos.

El hecho de que estas organizaciones estén llevando acabo un trabajo de tan grande impacto, a pesar de estar enfrentando una situación de violencia e intimidación, no deja de ser inspirador. Juntos, todos estos grupos de la sociedad civil colombiana representan la esperanza para la garantía de los derechos humanos y la efectiva implementación de los acuerdo de paz. Sin embargo para lograr esto, la sociedad civil necesitara de recursos, ellos no podrán lograrlo si no están debidamente financiados y apoyados por la comunidad internacional.