(Foto AP/Moises Castillo)
(Foto AP/Moises Castillo)
El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan desafíos persistentes para abordar la inseguridad, la impunidad y la corrupción. ¿En qué áreas han avanzado estos países en el fortalecimiento del Estado de derecho y en dónde se requieren reformas con mayor urgencia? Gestores de políticas necesitan respuestas a estas preguntas, a fin de determinar la manera más estratégica de invertir la asistencia extranjera encaminada a fortalecer las instituciones de justicia y seguridad y mejorar la gobernanza en la región.
El Monitor Centroamericano es un proyecto basado en la recopilación y análisis de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos en ocho áreas fundamentales relacionadas con la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos. En asociación con organizaciones del Triángulo Norte—la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de Honduras— el Monitor examina una amplia gama de fuentes de datos a fin de obtener un panorama detallado de la forma en que la región avanza o retrocede en la creación de órganos de justicia y seguridad más eficaces, en la lucha contra la corrupción, en la protección de los derechos humanos, en el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas.
El sitio web del Monitor ofrece infografías y los informes de la primera serie que examinan las medidas, que cada país está tomando en las ocho áreas específicas, para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad ciudadana. La primera fase del proyecto se centra en un período de cuatro años (2014-2017) e incluye la publicación de ocho informes de referencia en cada país. Los datos y hallazgos del Monitor se actualizan periódicamente, a fin de poner a disposición del público un instrumento que ayude a evaluar tendencias más amplias y los niveles de avance o retroceso en El Salvador, Guatemala y Honduras. La próxima serie de datos se publicarán en el segundo semestre de 2020.
Hasta ahora, los datos recopilados y analizados han revelado tendencias y áreas de preocupación en la región, entre las que pueden mencionarse:
Sin embargo, esos esfuerzos se enfrentaron a crecientes obstáculos por parte de sectores poderosos. Es necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer los órganos de supervisión, la capacidad de investigación de las instituciones locales y las normas existentes a fin de cumplir mejor las normas internacionales.
Con el apoyo de mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción, se adoptaron medidas para fortalecer las capacidades de persecución penal de los ministerios públicos de Guatemala y Honduras para afrontar la corrupción y se establecieron tribunales especializados para tramitar casos complejos de corrupción. Sin embargo, a medida que avanzaron los casos, se observó un fuerte retroceso y medidas encaminadas a debilitar los esfuerzos anticorrupción.
El Salvador, Guatemala y Honduras han adoptado normas y reglamentos encaminados a detectar e impedir la corrupción. No obstante, persisten los problemas para actualizar o reformar la legislación vigente, y en algunos casos se aprobaron leyes regresivas. El fortalecimiento de los marcos jurídicos que desalienten la corrupción, aumentaría la capacidad de erradicar este flagelo de manera preventiva, en lugar de depender de los fiscales para detectar e investigar los delitos ya cometidos. La principal ley anticorrupción de El Salvador, por ejemplo, impone multas en colones, moneda que el país no ha utilizado desde 2001. En Honduras, se aprobó un nuevo código penal que reduce las penas para una serie de delitos relacionados con la corrupción.
La capacidad de Honduras, Guatemala y El Salvador para impedir que la corrupción persista es un asunto especialmente urgente en medio de la pandemia de COVID-19. Muchos gobiernos aumentan el gasto público para responder a la actual crisis sanitaria, sin la suficiente supervisión ni mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que no se produzca alguna malversación.
En Honduras, Guatemala y El Salvador existen leyes que requieren que las entidades gubernamentales respondan a las solicitudes de información pública, mantengan la transparencia presupuestaria y respeten los lineamientos relativos a la información que deben divulgar.
Otro instrumento fundamental para promover mayor transparencia gubernamental es la declaración de bienes de los funcionarios públicos. Los sistemas mediante los cuales se recogen y verifican las declaraciones son sumamente disfuncionales.
Sin embargo, algunas de las instituciones examinadas, en concreto los ministerios encargados de la defensa y seguridad pública, se quedan cortos en cuanto a poner a disposición del público información importante sobre su funcionamiento. En El Salvador, las tres instituciones que con mayor frecuencia restringieron la información fueron el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En el caso de Honduras, el gobierno ha promulgado contrarreformas en los últimos años que aumentan la secretividad y dificultan el acceso a la información.
Otro instrumento fundamental para promover mayor transparencia gubernamental es la declaración de bienes de los funcionarios públicos. Los sistemas mediante los cuales se recogen y verifican las declaraciones son sumamente disfuncionales. En Honduras, por ejemplo, el órgano encargado de examinar las declaraciones financieras de los funcionarios públicos no tiene forma de determinar de manera proactiva que la información sea veraz y exacta. En Guatemala, las declaraciones de bienes de los funcionarios del Estado no están a disposición del público en general; en El Salvador, la misma Corte Suprema de Justicia estableció que las auditorías sobre las declaraciones patrimoniales que presentan los funcionarios públicos ha sido clasificada como reservada, lo que impide que puedan ser de conocimiento público. Todo esto es indicativo de las muchas oportunidades de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la región.
Honduras y Guatemala han adoptado medidas que, en principio, están dirigidas a crear un entorno más propicio para el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, estas necesitan ser fortalecidas. En Honduras, por ejemplo, a finales de 2017 las dependencias del Sistema Nacional de Protección encargadas de recibir los casos y realizar los análisis de riesgos sólo contaban con 10 empleados para ocuparse de los casos en todo el país.
En una tendencia preocupante, en Guatemala y Honduras se abusa frecuentemente del derecho penal para tratar de impedir o detener la labor de los defensores de los derechos humanos.
A pesar de la creación de órganos y mecanismos especiales dedicados a investigar las violaciones de los derechos humanos y a proteger a los defensores amenazados, la impunidad sigue siendo elevada. Entre 2014 y 2017, sólo el 8,5 por ciento de los casos de violación de los derechos y garantías fundamentales del individuo iniciados por la Fiscalía General de El Salvador fueron llevados a los tribunales. En Guatemala, la gran mayoría de las investigaciones abiertas por la fiscalía especial de derechos humanos no dieron lugar a condenas. En Honduras, donde 141 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en un período de cuatro años, entre el 95 y el 98 por ciento de los delitos contra los defensores quedan impunes.
En una tendencia preocupante, en Guatemala y Honduras se abusa frecuentemente del derecho penal para tratar de impedir o detener la labor de los defensores de los derechos humanos. En Guatemala, la organización no gubernamental UDEFEGUA registró 104 detenciones judiciales de defensores durante el periodo examinado.
Sin embargo, la brecha entre los niveles de violencia e inseguridad y las condenas sigue siendo bastante grande. Si bien las tasas generales de homicidio disminuyeron, la violencia y la inseguridad siguen siendo una de las principales preocupaciones de la población.
En toda la región, la persecución penal y las condenas por diversos tipos de delitos violentos siguen siendo bajos.
Los tres países han hecho avances jurídicos para hacer frente a la violencia y la delincuencia organizada, han adoptado técnicas modernas de lucha contra la delincuencia y han creado unidades fiscales y tribunales especializados. Sin embargo, a pesar de la amplia legislación adoptada en El Salvador, las leyes no abarcan de manera exhaustiva las diferentes formas de violencia que afectan a la población. En el caso de Honduras, en general, las normas de seguridad aprobadas en los últimos años son de carácter reactivo y militarista, concentrando el poder en el ejecutivo y van acompañadas de legislaciones que restringen el acceso a la información pública.
En toda la región, la persecución penal y las condenas por diversos tipos de delitos violentos siguen siendo bajos. En Guatemala, por ejemplo, en 2017, por lo menos 57 de cada 100.000 mujeres fueron objeto de femicidio u otras formas de violencia contra la mujer. En ese mismo año, de los sospechosos acusados por el Ministerio Público, sólo 3% fueron condenados. En El Salvador, un elevado número de casos asumidos por el Ministerio Público fueron posteriormente archivados—por ejemplo, nueve de cada 10 casos de secuestro y privación, terminaron siendo archivados; en cuanto a los casos de homicidio, 8 de cada 10 fueron archivados.
En conjunto, estas cuestiones comprometen la capacidad de los sistemas de justicia para investigar y enjuiciar los delitos de manera eficiente. En Honduras, sólo el 9 por ciento de los casos procesados por el Ministerio Público en 2014 terminaron con cargos presentados. En El Salvador, sólo el 8,4 por ciento de los casos procesados por el sistema judicial terminaron en condenas en 2017; en Guatemala, ese mismo año, sólo el 2 por ciento de las denuncias presentadas al Ministerio Público terminaron en condenas.
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