MONITOR CENTROAMERICANO:
EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE
La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.
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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.
WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.
Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.
Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.
Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.
Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia
Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.
Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.
Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.
Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.
Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.
Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.
Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.
Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.
Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.
Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.
Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.
Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.
Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.
Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.
Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.
Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.
Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.
Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.
Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.
El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.
El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.
Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen: