(AP Photo/Salvador Melendez)
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y organizaciones contrapartes en Honduras, El Salvador y Guatemala están publicando datos actualizados que serán de vital importancia para comprender las condiciones de seguridad y el Estado de derecho en el Triángulo Norte. La última entrega de este extenso proyecto de investigación y análisis destaca algunos desarrollos preocupantes como los retrocesos en la independencia judicial, altos niveles de ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la persistencia de la desigualdad de género en los sistemas judiciales de estos países.
Las cifras históricas de personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y otros países de Latinoamérica y el mundo, en un contexto en que la pandemia de COVID-19 y el cambio climático han agudizado las desigualdades, hacen claro que hoy más que nunca la toma de decisiones de políticas públicas e inversión por parte de gobiernos, agencias internacionales y privados, deben estar centradas en los datos y orientadas por la perspectiva de los derechos humanos.
“Con datos, gobiernos, donantes, y organizaciones de sociedad civil tienen las herramientas para identificar deficiencias y proponer políticas y estrategias basadas en evidencia para fortalecer las instituciones, el Estado de derecho, y la seguridad ciudadana en los países del Triángulo Norte”, afirma Maureen Meyer, Vicepresidenta para Programas en WOLA.
Cambios en las políticas y en programas de asistencia e inversión extranjera podrían detener la migración de estos países, cuyos habitantes están victimizados diariamente por funcionarios del gobierno, las fuerzas de seguridad y diferentes grupos criminales. Con frecuencia, las condiciones actuales imposibilitan que estas poblaciones tengan acceso a servicios básicos como la salud, educación y seguridad, además de despojarlas de garantías para una justicia imparcial e independiente, y de disminuir el potencial de participación en los procesos electorales.
“No se trata de arrojar dinero, y menos en un contexto de corrupción tan elevada”, dijo Lissette Vasquez de la Fundación Myrna Mack en Guatemala. “El hecho de que a pesar de invertir mucho dinero y tiempo durante la última década no ha habido mejoras significativas en la situación de derechos humanos para la mayoría de los habitantes de estos países, quienes aún prefieren huir a pesar de los riesgos que representa la migración y una nueva vida, revela aprendizajes importantes para el futuro”.
Análisis de los datos del Monitor Centroamericano señalan la urgencia de un nuevo paradigma donde el fortalecimiento de las instituciones de justicia, el Estado de derecho, y un enfoque de prevención de violencia prevalezca sobre las fracasadas políticas de seguridad militarizadas. El Monitor destaca la necesidad de crear un ambiente propicio que incentive el trabajo efectivo de la sociedad civil y las agencias internacionales para implementar proyectos basados en los derechos humanos y la salud pública igual como la necesidad de abordar inmediatamente las amenazas a las personas que representan a estos grupos y causas ambientales, LGBTQ+, y derechos de las mujeres.
“Aunque la cultura patriarcal prevalente en muchas de estas sociedades invisibiliza la violencia de género a través del subregistro y la impunidad, durante los últimos años hemos visto un reflejo de cómo esta cultura se ha convertido en una amenaza de seguridad que va más allá de las fronteras familiares y nacionales, impulsando la migración de mujeres y familias” dijo Laura Andrade de Iudop de El Salvador. “En este contexto, las leyes regresivas de salud pública actuales para las mujeres y la vulnerabilidad de los núcleos familiares frente a las economías ilegales, deben ser priorizadas si se quieren abordar estas problemáticas”.
Desde 2017, el Monitor Centroamericano ha recopilado información de varios indicadores sobre seguridad, Estado de derecho, y derechos humanos en Guatemala, El Salvador, y Honduras. Este análisis pretende impulsar una toma de decisiones más informada de parte de los actores estatales y enfocar en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Triángulo Norte. Empezamos con una serie de indicadores de base de las instituciones en estos países de Centroamérica recopilando datos de los años 2014 a 2017. Estos arrojan luz sobre los retos que está enfrentando la región en términos de inseguridad y para fortalecer las instituciones judiciales. El Monitor actualizará esta base de datos regularmente y actualmente, muchos de los datos están disponibles hasta 2019.
“En el contexto actual, Estados Unidos y la comunidad internacional deben promover la implementación de leyes e iniciativas que aseguren justicia y un ambiente propicio para el actuar de las organizaciones de la sociedad civil que representan no solo la lucha contra la corrupción, sino también muchos otros grupos de víctimas o personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, indígenas, defensores ambientales y la comunidad LGTBI+” dijo Migdonia Ayestas de IUDPAS en Honduras. “Actualmente la agenda legislativa del Congreso y Presidencia de los tres países parece más enfocada en aprobar leyes y reformas que velan por la impunidad por casos de corrupción, crimen organizado, delitos atroces de guerra y graves violaciones de derechos humanos, cometidos por ellos mismos o su círculo íntimo, incluyendo financistas de sus campañas”.
El Monitor Centroamericano es posible gracias a la colaboración entre WOLA, la Fundación Myrna Mack en Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en Honduras. Aprenda más sobre los indicadores y porqué los escogimos acá.
