Por Natasha Pizzey, James Fredrick y WOLA
Haga clic aquí para leer las recomendaciones de WOLA a los gobiernos de los EE.UU y México para proteger mejor a los niños mexicanos no acompañados que huyen de la violencia.
*Los nombres de todos los niños que se mencionan en la historia se han cambiado por su propia seguridad.
NOGALES, MÉXICO—Cuando se atraviesa en auto el Desierto de Sonora, que se extiende desde el noroeste de México hasta Arizona y California en los Estados Unidos, es imposible no ver los árboles de mezquite. Sus ramas anchas y bajas, de finas hojas, se arrastran por el suelo del desierto. El humo de su madera sale de las parillas para las barbacoas.
Para Esteban, un chico de 17 años de Sonora, México, el árbol de mezquite tiene un significado muy diferente.
“A un amigo mío se lo llevaron de su casa. Desapareció”, dice, rascando la palma de su mano con uñas sucias. “Lo encontraron al mes debajo de un mezquite, hecho en pedazos”.
Su destino no fue casual. Hacía poco se había unido a una de las mafias locales, y le había advertido a Esteban, “El que comete un error en la mafia, pues ya no…”
Ese tipo de asesinato y mutilación hoy en día rara vez aparece en los titulares en México, en donde algunos estados básicamente están bajo el control de grupos del crimen organizado. En septiembre de 2014, la policía municipal, en complicidad con un grupo criminal, aparentemente detuvo y desapareció a 43 estudiantes en el estado de Guerrero. En la misma región de este estado, se han encontrado al menos 50 fosas comunes.
De hecho, Esteban vive a lo largo de una de las rutas de tráfico del poderoso Cartel de Sinaloa. Para muchos adolescentes como él, el reclutamiento parece inevitable.
“A mí me dijeron que si le entraba, pero no estaba loco yo para entrar a esa cosa”, dice Esteban, dejando escapar una risa nerviosa. “No me llamaba la atención agarrar billete así como lo agarraban ellos”.
A sus 17 años, ya lleva más de un año fuera de la escuela y ha encontrado trabajo recolectando almejas. Apenas logra ganarse la vida y tiene pocas perspectivas de futuro, “La única opción es meterse a trabajar que le ayuda a entrar a trabajos que le den chance, o meterse a la mafia. O venir para acá para Estados Unidos para ver si entra”.
Consciente de que su trabajo no podría mantenerlo a flote mucho más tiempo y preocupado por la próxima vez que vinieran las mafias por él, Esteban se aventuró al desierto de Sonora con una mochila de camuflaje y un grupo de otros migrantes. Pero cuando el guía que contrataron los abandonaron, terminó en manos de la migra—la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. Cuarenta y ocho horas después de ser detenido en el desierto, estaba en camino a su casa, donde se enfrentaría a la amenaza del reclutamiento forzado por parte del cartel.
Pero no debería haber sido enviado de regreso a México y las mafias, al menos no tan rápido. Bajo la ley de los EE.UU, algunos menores como Esteban podrían tener derecho a ciertos tipos de alivio migratorio o asilo.
Pero al empujar a Esteban a través del sistema de deportación en tan solo unas horas, ninguna autoridad de ninguno de los dos lados de la frontera escuchó su relato sobre tiroteos, secuestros, ni el cuerpo mutilado bajo el mezquite.
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La historia de Esteban, un menor indocumentado no acompañado que escapa de la violencia, puede sonar familiar tras la avalancha de noticias del verano 2014 sobre niños de Honduras, Guatemala y El Salvador que huían de la violencia en sus países de origen y buscaban refugio en los Estados Unidos. Más de 50.000 niños no acompañados procedentes de Centroamérica llegaron a los EE.UU en el año fiscal 2014, muchos de ellos muy jóvenes. Uno tras otro, los niños dijeron que huían de la violencia de las pandillas en sus países de origen. Habían cruzado a los EE.UU a pie, al igual que Esteban.
La mayoría de esos niños centroamericanos aún se encuentran en los EE.UU. Casi todos han sido puestos al cuidado de familiares o un patrocinador y están a la espera de presentar su caso en una corte de inmigración.
Por el contrario, los niños de los países que comparten una frontera con los EE.UU (México y Canadá) son deportados por la vía rápida y rara vez ven a un juez de inmigración.
“Los niños mexicanos no deberían ser procesados de forma diferente solo porque son de un país vecino”, afirma Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de WOLA. “En el actual sistema, muchos niños vulnerables no son detectados y son rápidamente retornados, a menudo a situaciones peligrosas.”
Las diferencias en el trato están escritas en la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas (conocida como Wilberforce, o TVPRA). Esta ley busca proteger a los extranjeros víctimas de trata o violencia que huyen a los Estados Unidos sin papeles. Su prioridad es la protección de niños vulnerables.
Bajo esta ley, los niños centroamericanos no acompañados detenidos por la Patrulla Fronteriza son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una rama del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde reciben cobijo y algunos obtienen asesoramiento legal. Más del 90 por ciento son entregados a un familiar o patrocinador residente en los EE.UU, a la espera de su audiencia ante el tribunal de inmigración, en la que se les podría conceder asilo, estatus especial para jóvenes inmigrantes o una visa para permanecer en los EE.UU.
Por el contrario, la ley impide a los niños mexicanos acceder a estos derechos automáticamente. De hecho, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a niños mexicanos que están cruzando a los EE.UU, los evalúan in situ y tienen solo 48 horas para transferirles fuera de su custodia. La mayoría son procesados en solo unas horas.
En ese corto periodo, según la TVPRA los agentes deben comprobar tres cosas antes de deportar a un niño mexicano: 1) no son víctimas de trata; 2) no tienen un temor creíble de regresar; y 3) pueden y están dispuestos a retornar voluntariamente a México.
Si todo está claro, el niño firma un formulario de retorno voluntario y es enviado rumbo al sur, a las autoridades mexicanas. Pero si la respuesta a cualquiera de estos puntos no está clara, el niño debería ser transferido a la ORR e ingresado al mismo proceso que todos los demás niños migrantes no acompañados.
La realidad es que, para niños como Esteban, las probabilidades de tener una oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración son remotas. En 2013, solo el 4,5% de los más de 17.000 niños mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza fueron puestos bajo la custodia de la ORR.
Pero la evidencia sugiere que un porcentaje mucho mayor de niños mexicanos están huyendo de la violencia.
Mientras Centroamérica ocupaba los titulares, más cerca de los Estados Unidos los estados mexicanos azotados por la guerra contra las drogas, como Guerrero y Tamaulipas, sufren perturbadores niveles de crimen y violencia. Los asesinatos, la extorsión y los secuestros son moneda común. Y cada vez más, los jóvenes son el blanco de esa violencia. Según datos de UNICEF, la tasa de homicidios de varones mexicanos menores de edad se duplicó entre 2007 y 2011. Las listas de personas desaparecidas son in
terminables, con más de 9.000 desapariciones desde que el presidente Peña Nieto asumió el cargo en diciembre de 2012.
En uno de los pocos informes que evalúan los motivos de los menores para migrar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) halló en una encuesta que el 59% de los menores mexicanos detenidos cuando ingresaban a los EE.UU citaban la violencia como una de sus razones para abandonar sus hogares.
“Hay menores que han comentado que prefieren intentarlo cruzar al ingresar al crimen organizado en sus lugares de origen, al narcotráfico, etc.”, dice Gloria Valdez, una investigadora sobre migración infantil del Colegio de Sonora, en el norte de México.
Entonces, ¿por qué, a pesar de que existe una ley claramente pensada para ofrecer a los niños en situación de riesgo una oportunidad real de protección, hay tantos niños mexicanos que no están siendo escuchados o ayudados?
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Uno de los problemas de fondo del actual sistema es la autoridad responsable de evaluar a los niños mexicanos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (que incluye la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo en los puertos de entrada). Sus agentes tienen la tarea de proteger las zonas fronterizas de los EE.UU; su principal objetivo es impedir el ingreso ilícito de bienes y personas al país.
La naturaleza de su trabajo hace que rara vez los agentes sean una cara amable para los niños que detienen, quienes para entonces ya están agotados y desorientados. En general, cuando estos jóvenes se encuentran con la Patrulla Fronteriza, ya han realizado angustiosos viajes que la mayoría de las personas relatarían por el resto de sus días—largos días en el desierto, expuestos a temperaturas extremas y enfrentamientos con contrabandistas.
“Un migra me apuntó con un arma”, dice sin rodeos Alberto, un chico de 17 años de Chiapas, desde su litera en un albergue para niños repatriados. Acaba de ser deportado. “Yo quería correr, ¿pero para qué, que también me dispara? Yo he escuchado que hay veces que los migras te dispara…Me preguntaron cuál era mi mochila y dije que ‘es esta’, entonces la abrieron y la tiraron todo”.
“Y posteriormente puede llegar un oficial y hacer una entrevista que les impone más”, dice Maru Cortázar. Ella es la directora ejecutiva de Appleseed México, y lleva años proporcionando ayuda legal a niños migrantes mexicanos no acompañados. “Es muy difícil que un niño puede llegar a decir, ‘tengo miedo’ o ‘esto me puede estar pasando’ o ‘vengo huyendo de esto’, y puede estar huyendo de violencia intrafamiliar, explotación en sus comunidades…Es muy difícil que un niño lo abra ante una autoridad cuando su misión es control”.
Según un vocero de la Patrulla Fronteriza para el sector de Tucson, en el estado de Arizona, Bryan Flowers, “Durante el proceso de entrevista, si hay algún individuo que está intentando expresar cualquier tipo de temor creíble, sin duda nos lo tomamos muy en serio, tomamos nota y dejamos constancia en sus documentos”.
Sin embargo, un análisis realizado por ACNUR de la revisión de niños migrantes no acompañados por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (U.S. Customs and Border Protection, CBP) encontró numerosas deficiencias. En el caso de los niños mexicanos, ACNUR afirmó que había una tendencia a no reconocer su necesidad de protección, y señaló que estos niños casi siempre eran retornados a México. Muchos agentes de la Patrulla Fronteriza incluso pensaban que los niños mexicanos eran automáticamente deportados.
En la investigación de campo de WOLA, ni uno solo de los siete niños deportados entrevistados dijo que le habían preguntado acerca de los peligros que podrían enfrentar cuando regresaran a sus países.
“Me preguntaron mi nombre, que edad tenía, a qué parte iba y con quién, si tenía algún familiar [en los EE.UU.]”, dice Susana, una chica de 15 años de Chiapas. “Y ya me tomaron mi foto, mis huellas y sólo”. Tras 12 días en el desierto, estaba desorientada y agotada. Si los agentes de la Patrulla Fronteriza le dieron alguna explicación acerca de lo que estaban haciendo, no la entendió.
“Firmé un papel, pero todo estaba en inglés; no sabía qué era”, dice Susana. “Todos lo firmaron en inglés, pero nadie sabía qué decía”. Sin saberlo, Susana estaba firmando su “retorno voluntario”.
Otro niño, Alberto, preguntó qué iba a pasarle, y la Patrulla Fronteriza le ofreció una llamada al consulado mexicano. “Yo no sabía qué era un consulado”, se ríe, “pero les dije, ‘quiero hablar con el consulado”.
En la práctica, hay muchos problemas con la evaluación de los niños mexicanos por parte de la Patrulla Fronteriza: a menudo las entrevistas se realizan en un entorno público que intimida a los niños; los agentes no cuentan con el entrenamiento adecuado para lidiar con niños vulnerables; y quienes los evalúan a menudo no saben cómo preguntarles acerca de posibles abusos o trata. No es sorprendente, pues, que muchos niños, como Esteban, nunca tengan la oportunidad de contar su historia y solicitar protección.
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Las autoridades mexicanas tampoco están protegiendo a estos niños. El consulado mexicano—el siguiente filtro que debería protegerlos—también hace entrevistas con estos niños, pero no está identificando de manera eficaz a menores en situación de riesgo como Esteban.
“Creo que los números hablan por sí mismos”, dice Sandra Mendoza refiriéndose al apenas 4,5% de los niños mexicanos que consiguen aplicar para obtener un beneficio migratorio en los EE.UU. Mendoza es la directora de protección a mexicanos en los EE.UU de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, y supervisa el trabajo de los consulados fronterizos.
Al sur de la frontera, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibe a los jóvenes deportados, y es otro organismo gubernamental que habitualmente ignora a potenciales víctimas.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los servicios de protección infantil, entrevista a todos los niños repatriados a su regreso. WOLA pudo observar una de estas entrevistas con un chico incómodo de 17 años en Nogales, Sonora. El trabajador social en ningún momento estuvo cerca de preguntarle si tenía algún miedo de volver a casa, a pesar de que algo en su historia no cuadraba (véase su historia aquí).
El objetivo fundamental de estos albergues situados a lo largo de la frontera es reunificar a los niños con sus familias tan pronto como sea posible, bajo la suposición tradicional de que es el lugar más seguro para ellos. Pero también allí a menudo se procesa a los niños precipitadamente. E incluso cuando sí se hacen preguntas acerca de su seguridad e interés superior, el personal del albergue en Nogales insiste que los niños no les hablan de violencia en sus hogares.
El hecho de no evaluar cuidadosamente a estos niños ni ofrecerles alternativas seguras a volver a casa significa que podrían estar siendo enviados de regreso a las mismas circunstancias que los llevaron a huir en
primer lugar.
En el caso de Esteban, fue liberado del albergue de DIF 24 horas después de su entrevista inicial. Dice que nadie, de ninguno de los dos lados de la frontera, le preguntó sobre la violencia.
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Las autoridades tampoco están ateniendo a otra categoría de jóvenes: los niños de circuito. Se trata de adolescentes, generalmente varones, que cruzan sin papeles y son deportados una y otra vez. No son migrantes, trabajan para grupos del crimen organizado guiando a migrantes a través del desierto, o transportando drogas a través de la frontera. Algunos son reclutados forzosamente, mientras que otros lo hacen por el dinero. Pero en todos los casos, estos adolescentes están siendo explotados por el crimen organizado, y a menudo están en peligro.
Los grupos criminales, que controlan el negocio del cruce fronterizo, reclutan a estos jóvenes porque saben que serán enviados de vuelta cada vez. Los adultos en las mismas circunstancias serían procesados como traficantes.
“Los niños de circuito constituyen alrededor del 30% de los niños que repatriamos”, dice Mendoza. Con 15.634 menores mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2014, es probable que miles de niños mexicanos se hayan convertido en la fuerza laboral de los grupos del crimen organizado. (Ni la Patrulla Fronteriza, ni la SRE publican cifras sobre los niños de circuito, pero ambos mantienen algunos registros internos.)
Las autoridades a ambos lados de la frontera son muy conscientes de la prevalencia de los niños de circuito.
“Las grupos criminales transnacionales explotan a miles de jóvenes, usándolos como traficantes, guías y observadores”, informó a WOLA la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en una declaración escrita. “A su vez, estos jóvenes son responsables de traficar a miles de inmigrantes ilegales y grandes cantidades de narcóticos” (traducción por los autores).
Para Mendoza, no se trata de un nuevo desafío.
“Hace diez, quince años, pasaba lo mismo con los niños de circuito”, dice. “Esto es un problema que ha existido durante mucho tiempo”.
Según ACNUR, “Una vez reclutados, a los niños no se les permite fácilmente dejar de realizar tareas de tráfico, y se ven atrapados en una red de actividad criminal y amenazas contra su seguridad y bienestar” (traducción por los autores).
Del lado mexicano de la frontera, está claro que las autoridades no han hecho mucho para poner fin al problema de los niños de circuito. El personal en los albergues de DIF reconoció que algunos niños cruzan repetidamente, pero en entrevistas con WOLA no quiso admitir que trabajaban para el crimen organizado.
Sin embargo, WOLA supo que el personal de algunos albergues patrocinados por el gobierno había recibido instrucciones de dejar pasar libremente a los niños de circuito para evitar represalias de los grupos criminales locales. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato por su propia seguridad, dijo además que la policía municipal había recibido denuncias acerca de supuestos casos de niños de circuito, pero nunca los investigan.
“La realidad es que ahora no existe ningún programa eficaz en ningún lado de la frontera capaz de ayudarlos a salir de este círculo de violencia que viven”, dice Sandra Mendoza.
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Sin embargo, en mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza dio inicio a un programa piloto en el sur de Texas para intentar lidiar con estos niños, que se llama el Proceso de Derivación de Menores (Juvenile Referral Process, JRP). Hasta ahora, se ha revelado muy poco acerca del programa, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) envió por email a WOLA un comunicado sobre el programa, lo que está diseñado para luchar contra la criminalización y el reclutamiento de menores.
Según CBP, tiene tres objetivos: estandarizar el tratamiento de los traficantes menores de edad para desbaratar el crimen organizado; sacar a los menores del ciclo del tráfico; y desincentivar el reclutamiento de traficantes menores de edad. Los jóvenes pueden ingresar al programa por actividad delictiva comprobada o confesada.
Una vez detenido, si la Patrulla Fronteriza sospecha que un menor está atrapado en los círculos del tráfico, pueden trabajar con la Fiscalía Federal de los EE.UU para determinar si se acepta el caso para procesamiento penal, según el comunicado.
Si no presentan cargos, el menor es transferido a la custodia de ORR bajo los mismos procesos y procedimientos que otros niños migrantes no acompañados. Algunos pueden ser puestos en una instalación segura de ORR (que es más restrictiva) si se considere necesario.
Entre mayo y el 12 de noviembre de 2014, CBP derivó a 376 menores mexicanos al JRP en el sur de Texas. De estos, 272 aún se encontraban en los EE.UU como parte del programa en noviembre. Según cifras provistas por CBP, los niños que pasan por este programa permanecen bajo la custodia de EE.UU durante un promedio de 71 días.
“Los datos iniciales sugieren que el programa está teniendo resultados positivos”, dijo la CBP en su comunicado a WOLA, aunque no detalló cuáles son esos resultados (traducción por los autores).
Cuando WOLA llevó a cabo entrevistas sobre el JRP en octubre de 2014, el programa llevaba 6 meses en funcionamiento, sin embargo funcionarios mexicanos dijeron que nadie se lo había explicado en detalle.
“Estamos preocupados porque el proceso no está muy claro, y hemos documentado casos de niños que han sido considerados para este programa habiendo sido capturados sólo dos veces”, informó Mendoza a WOLA. Ella es la principal funcionaria para los mexicanos en los EE.UU y lidera las iniciativas para mejorar los protocolos del gobierno sobre niños de circuito deportados.
Si bien CBP presenta el programa como un instrumento para enjuiciar a los niños de circuito, el Departamento de Justicia aún no ha iniciado una sola causa penal contra estos menores. Por ello, algunos cuestionan la misión del JRP.
“En algunos puntos, se siente que es un programa más orientado a la inteligencia, para poder detectar algunas organizaciones delictivas… Y que después de algunos meses en algunos casos que estuvieron se regresan y se retornan sin mayor coordinación y protección”, dice incrédula Maru Cortázar de Appleseed.
De los 104 niños que pasaron por el JRP desde mayo de 2014, 94 fueron deportados tras ser vistos por un juez de inmigración. Retornar a esos niños a México podría implicar exponerlos a graves riesgos de represalias por parte de grupos del crimen organizado.
“Si dieron información y regresan a Mexico, obviamente nuestro temor es que pueden tener otro tipo de peligro”, dice Cortázar. Un niño de circuito, que antes era valioso para su jefe traficante, se convierte en un problema una vez que habla con autoridades de la aplicación de la ley.
CBP está de acuerdo con que los menores mexicanos deportados después de pasar por el JRP “deberían recibir apoyo adicional a su regreso para que puedan reintegrarse a su comunidad y evitar volver a caer en comportamientos riesgosos” (traducción por los autores). Sin embargo, en la actualidad no existe ningún programa que proporcione este tipo de apoyo o protección.
“Si no tiene continuidad en México mediante un programa paralelo, algún tipo de programa que pueda captarlos y darles una opción para salir de este círculo, es realmente inútil”, dice Mendoza.
Además podría ser ilegal. Según Cortázar, si la Patrulla Fronteriza está usando este programa para proteger a los niños, es legal. Si es para recabar inteligencia, no lo es.
Mendoza critica el programa por criminalizar a los adolescentes—alguno
s de los cuales pueden haber sido forzados a participar en el tráfico—y empujarlos aún más hacia una carrera en el crimen organizado. Aquellos niños que estén manteniendo a su familia con estos ingresos necesitarían alternativas reales, y en muchos casos protección contra los grupos para los que trabajan.
En octubre de 2014, Sandra Mendoza le dijeron que la Patrulla Fronteriza iba a ampliar el programa a El Paso, Texas. La CBP informó a WOLA que aún estaba evaluando la posible expansión del programa.
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Las leyes estadounidenses han sido redactadas para dar cobijo a niños que buscan protección. Pero la mayoría de los jóvenes mexicanos rara vez se benefician de ellas.
En EE.UU. se desconocen los pedidos de protección, mientras que en México se hacen sólo mínimos esfuerzos por apartar a estos niños de situaciones peligrosas.
Del lado de EE.UU., la responsabilidad de evaluar a los niños mexicanos no acompañados debe ser transferida. Una agencia gubernamental experta en bienestar infantil y la identificación de víctimas, como la ORR, debería ser la encargada de evaluar la situación de los niños, en lugar de CBP, una agencia de aplicación de la ley. Sin embargo, mientras esta responsabilidad siga estando a cargo de CBP, es fundamental que los agentes sean capacitados para lidiar adecuadamente con los niños vulnerables y víctimas de tráfico y persecución bajo su custodia. CBP debería también desarrollar protocolos de evaluación y asegurarse de que las entrevistas se realicen en un entorno privado que no intimide a los niños, y que éstos sean plenamente informados de sus derechos y opciones en un idioma que entiendan. Asimismo, CBP puede emplear a profesionales especialistas en bienestar infantil en las estaciones de CBP para que supervisen el cuidado, custodia y evaluación de los niños detenidos.
En México, las autoridades deben adoptar un papel más activo a la hora de evaluar la situación de los niños repatriados para identificar quiénes podrían necesitar protección, y no suponer que la reunificación familiar es la opción más segura para el niño. Según Sandra Mendoza, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está implementando un nuevo proceso de entrevistas en todos los consulados a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México para identificar a niños en situación de riesgo, que esperemos logre llenar los vacíos que han dejado otras autoridades.
Aparte de esto, las autoridades mexicanas deben examinar los motivos de fondo por los cuales el niño dejó su hogar, y establecer pautas o herramientas para determinar una ubicación segura. Asimismo, el gobierno federal y los gobiernos estatales de México deberían invertir más recursos en programas de prevención de la violencia con el fin de ampliar y fortalecer los programas en sus comunidades para jóvenes en situación de riesgo.
Si no se hacen cambios al actual sistema, numerosos niños seguirán siendo retornados a un entorno inseguro.
“Se acabó, ya voy a volver otra vez a lo mismo”, dice Esteban unos minutos antes de abandonar el albergue de los servicios de protección a la infancia en Nogales, México. “La verdad, no veo futuro ahí donde estamos”.
Todos los niños que puedan estar en peligro tienen derecho a ser escuchados y protegidos.
“Hablamos de miles de niños de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México. Cada historia es diferente”, dice Cortázar. “Y nos debe de mover el querer saber qué está pasando con cada uno. No puedes generalizar.”
