Después de dos años de espera y varios intentos fallidos, el 16 de marzo de 2016 se dio inicio al nuevo juicio contra el ex dictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio en contra de la población Maya Ixil durante 1982 y 1983. El proceso judicial comenzó a pesar de la controversia existente sobre la legalidad de los procedimientos resaltados por los actores de la sociedad civil querellantes en el caso.
El caso fue escuchado por el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, presidido por la jueza María Elena Castellanos. Ríos Montt no estuvo presente debido a su estado de salud, pero su co-acusado, Rodríguez Sánchez, sí estuvo presente. Algunas víctimas de la región Ixil asistieron a la audiencia, así como algunos observadores internacionales y miembros de la prensa. Sin embargo, debido a que el tribunal había determinado en agosto del año pasado que el juicio se iba a realizar a puerta cerrada, después de media hora la jueza ordenó que el público y la prensa fueran removidos de la audiencia.
Antecedentes
El juicio original por el caso de genocidio, el cual fue presidido por la jueza Yassmín Barrios del Tribunal Mayor Riesgo “A”, inició el 19 de marzo de 2013 y culminó el 10 de mayo de ese mismo año con una condena en contra de Ríos Montt y la absolución de Rodríguez Sánchez. Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y fue condenado a 80 años de prisión. Sin embargo, apenas diez días de dictada la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una decisión afirmando que se había violado el derecho del debido proceso, y por tanto declaró inválidas las actuaciones después del 19 de abril, dejando sin efecto la sentencia.
Organizaciones nacionales e internacionales desafiaron esta decisión con argumentos sustantivos y procedimentales. Sustantivamente, se argumentó que la presunta violación del debido proceso había sido corregida por el tribunal; sumado al hecho que la decisión de anular una decisión judicial en un caso que incluye crímenes graves fue un acto desproporcionado a la presunta violación. Procesalmente, se argumentó que la Corte de Constitucionalidad violó las reglas procedimentales al emitir una decisión antes de que el caso llegase al Tribunal de Apelación.
Como consecuencia de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, el caso de genocidio fue transferido a un nuevo tribunal, el Tribunal de Mayor Riesgo“B”, en octubre de 2013. Este tribunal pospuso la fecha para el reinicio del proceso hasta el 5 de enero de 2015, pero el nuevo juicio no arrancó en ese momento puesto que los abogados de la defensa recusaron a la jueza directora del debate Janeth Valdez, argumentando que debido a que ella escribió su disertación sobre el genocidio, no podría actuar imparcialmente en el caso. Si bien la jueza Valdez presentó varios argumentos en contra de la recusación en la audiencia del 5 de enero de 2015, las otras dos jueces del tribunal optaron por aceptar la recusación, terminando así las actuaciones. Desde entonces, diferentes intentos para dar nuevamente inicio al juicio del caso de genocidio también han fracasado.
A su vez, Ríos Montt fue declarado incompetente mentalmente, lo cual llevó al tribunal a tomar la decisión de que el juicio se realizaría a puerta cerrada, y, de declararse culpable a Ríos Montt, no sería aplicable una sentencia. El Ministerio Público y los querellantes han presentado peticiones argumentando que la decisión de sostener la audiencia del caso contra Ríos Montt a puerta cerrada no debe aplicar en el caso de Rodríguez Sánchez dado que la ciudadanía y las víctimas tienen el derecho de escuchar estos procedimientos en un juicio abierto. Aún no hay una decisión definitiva respecto a esta cuestión. En una audiencia anterior, el tribunal decidió que no empezaría el juicio hasta que todas las mociones legales hayan sido solucionadas, lo cual hizo suponer a las partes que también se suspendería el reinicio del juicio por genocidio anunciado para el 16 de marzo.
El sorprendente comienzo del juicio por genocidio
Dado estos antecedentes, fue sorprendente que la jueza Castellanos declarara en la audiencia del 16 de marzo el inicio del juicio por el caso de genocidio. El abogado querellante Francisco Vivir, representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), y Edgar Pérez, representante de la Asociación Justicia y Reconciliación, coincidieron en argumentar que el proceso actual sufría de vicios procedimentales que podrían violar el debido proceso. Dijeron que aunque el tribunal autorizó un juicio especial de puerta cerrada en el caso de Ríos Montt, que incluye algunas medidas especiales de seguridad, eso no venía al caso en relación a su co-acusado Rodríguez Sánchez. Se deberían separar los dos procesos y realizar un juicio abierto y público contra Rodríguez Sánchez; de lo contrario, representaría una violación del debido proceso.
Vivar también señaló que los querellantes habían presentado un amparo solicitando la reincorporación de la jueza Valdez el cual todavía no ha sido resuelto. Adicionalmente, recordaron que hay otros tres recursos legales presentados por la defensa pendientes de resolver, incluyendo una moción de recusación contra la jueza Valdez, otra moción de recusación contra dos otros jueces, y una moción solicitando la cesación de la acción penal contra Ríos Montt. Así mismo expresó su preocupación ante el hecho de que tales violaciones podrían generar más cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y podría revictimizar a las víctimas del caso.
El abogado defensor de Ríos Montt, Jaime Hernández Girón, expresó que estaba de acuerdo con los argumentos presentados por los querellantes, y afirmó que el proceso contra Ríos Montt debe ser separado del proceso contra Rodríguez Sánchez. A su vez demandó que las mociones legales pendientes sean resueltas antes de iniciar el juicio público. El abogado defensor de Rodríguez Sánchez, Mario Federico Hernández, rechazó estos argumentos, diciendo que desde la perspectiva de su representado, era aceptable continuar con el proceso de manera conjunto contra los dos acusados.
La jueza Castellanos rechazó categóricamente los argumentos de los abogados querellantes, acusándolos incluso de participar en “litigio malicioso” con el fin de posponer injustificadamente el proceso. También justificó el procesamiento de los dos acusados en el mismo juicio con el fin de evitar obligar a las víctimas a testificar en dos juicios distintos, debido a que esto puede revictimizarlas.
Seguidamente hubo un intercambio tenso entre los abogados querellantes y la jueza Castellanos. Los abogados Pérez y Vivar insistían en que bajo los términos actuales, el proceso violaría los derechos básicos de las víctimas al debido proceso. Por su parte, la jueza Castellanos rechazó el pedido de los querellantes de suspender el proceso en marcha. Acto seguido, la jueza ordenó la salida de la prensa y otros miembros del público de la sala. El abogado de Ríos Montt solicitó además que los observadores internacionales fueran removidos de la sala, pero la jueza determinó que estos podrían permanecer en la sala dado que estaban acompañando a las víctimas. La jueza también determinó que quedaban prohibidos las fotografías y grabación de las audiencias. A partir de ese momento, los observadores del juicio y miembros de la prensa fueron obligados a salir de la sala y se imposibilitó la observación directa del proceso en curso.
Según nuestras fuentes, después de que la fiscal Hilda Pineda García leyó la acusación formal contra los dos acusados, presentó la primera evidencia documental, el documento militar conocido como “Operación Sofía“, el cual fue leído en voz alta. Según el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), la Operación Sofía contiene 359 páginas de documentos originales de planificación, directivos, telegramas, mapas e informes escritos por el Estado Mayor General del Ejército, el comandante de las fuerzas aéreas de Guatemala, quien planeó y dirigió la operación, y comandantes en acción. Según el Archivo de Seguridad Nacional, el contenido del documento señala que:
“[L]a orden inicial de comenzar la operación fue emitida el 8 de julio de 1982 por el Jefe del Personal del Ejército Héctor Mario López Fuentes. Los registros dejan claro que la “Operación Sofía” se realizó como parte de la estrategia militar del presidente de facto de Guatemala, Gen. Efraín Ríos Montt, bajo el control de los oficiales superiores militares, incluyendo el vice-ministro de defensa Gen. Mejía Víctores”.
Las audiencias continuaron el 17 y 18 de marzo a puerta cerrada, sin la participación de la prensa y el público en general. Nuestras fuentes confirman que en la audiencia del 17 de marzo continuaron con la lectura de los documentos de la Operación Sofía y que dos testigos expertos fueron llamados para testificar el 18 de marzo. El juicio reanudará el 28 de marzo, finalizando la semana de vacaciones por Semana Santa.
*Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada contribuyó a la investigación y la preparación de este informe.
Este artículo fue originalmente publicado en el Monitor de Justicia Internacional (International Justice Monitor) y reimpreso con su permiso.
