Por Maureen Meyer y Clay Boggs
La reunión del 6 de enero entre los presidentes de los Estados Unidos y México se lleva a cabo en un momento particularmente difícil para el gobierno mexicano. El Presidente Peña Nieto asumió su cargo en diciembre de 2012 con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, e intentó cambiar el enfoque hacia la economía, la educación y su ambiciosa agenda de reformas. Pero después de una serie de escándalos en los últimos meses, el tono triunfalista de su primer año de gobierno se ha desvanecido. Peña Nieto está en medio de la peor crisis de su presidencia, y su popularidad entre los mexicanos se ha reducido a un mero 39 por ciento.
El tan cacareado “momento mexicana” comenzó a desmoronarse el 30 de junio, cuando soldados mexicanos mataron a 22 personas en una bodega abandonada en la localidad de Tlatlaya (cerca de la Ciudad de México). En relación a este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llegó a la conclusión de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, señalando a los continuos abusos por parte de militares de México. El encubrimiento inicial por parte de los militares del incidente y la demora del gobierno federal de tres meses en investigar el caso también plantearon serias dudas sobre la voluntad de las autoridades para investigar y procesar a militares implicados en violaciones de derechos humanos.
Luego, el 26 de septiembre 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron a manos de la policía municipal de Iguala, Guerrero. Rápidamente se hizo evidente que el alcalde de Iguala estaba detrás de la desaparición; después de pedir licencia, dejó el estado sin trabas y pasó a la clandestinidad (más tarde fue encontrado y detenido en la Ciudad de México). El gobernador del estado renunció. El manejo del caso por parte del gobierno federal sólo ha exacerbado el problema: la respuesta fue lenta, las autoridades han demostrado una falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas, y hay serias dudas acerca de la teoría de las autoridades sobre el caso, así como su capacidad para llevar a cabo una investigación efectiva e imparcial sobre el paradero de los 42 estudiantes que siguen desaparecidos (los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, fueron identificados el 6 de diciembre).
Además, los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto para presentar la corrupción como un problema local fueron gravemente socavados por un escándalo de conflicto de intereses; en noviembre, agencias de noticias informaron que la esposa del presidente poseía una casa que fue propiedad de Grupo Higa, un contratista del gobierno con lazos cercanos a Peña Nieto.
Tlatlaya, Ayotzinapa y el escándalo del conflicto de intereses han provocado protestas masivas en México contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos. También ha habido protestas en ciudades de todo el mundo. Decir que hay una gran cantidad de ira y desconfianza en la población y frustración con el estado de cosas en México sería quedarse corto.
Dado el nivel de indignación en México y en todo el mundo, el presidente Obama no puede ignorar estas tragedias en su reunión con el presidente Peña Nieto. Durante la reunión, el presidente Obama debería hacerse eco de este sentimiento (un sentimiento que él mismo recientemente expresó en una entrevista acerca de Ayotzinapa, que calificó como una “tragedia indignante”). Él debería pedir al presidente Peña Nieto proveer detalles sobre sus planes para investigar y enjuiciar a los responsables de estas atrocidades, para evitar su repetición, y para hacer frente a la crisis de los derechos humanos en México. El presidente Obama también debería aprovechar esta reunión para redefinir las prioridades y para poner la lucha contra la corrupción y violaciones de derechos humanos en el centro de la agenda bilateral, que ha sido excesivamente centrado en la lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, temas de seguridad fronteriza.
A largo plazo, simplemente proporcionar las fuerzas de seguridad mexicanas con más entrenamiento y equipo sin abordar la preocupación generalizada por la corrupción y el abuso hará poco para mejorar la seguridad en México, y es probable que siga empeorando la situación de los derechos humanos. En los últimos años, los Estados Unidos ha comenzado a cambiar el enfoque de la cooperación con México a través de un apoyo adicional para las reformas a las instituciones de justicia penal y aplicación de la ley en México. Ahora es el momento para profundizar este cambio en la cooperación binacional. Los Estados Unidos debería asignar fondos en la mayor medida posible hacia la reforma de la policía, en particular el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas; apoyo adicional para la transición completa de México a su nuevo sistema de justicia; el fortalecimiento del estado de derecho; y la lucha contra la corrupción en México.
En los últimos meses, el presidente Obama ha demostrado un gran liderazgo y valor, tomando medidas audaces tanto en la política de inmigración como en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Él debe acercarse a su reunión con el presidente Peña Nieto con el mismo espíritu y tomar una posición fuerte en contra de algunos de las peores violaciones de los derechos humanos que se ha visto en México en las últimas décadas.
