WOLA mandó una carta hoy al Presidente Peña Nieto sobre la decisión reciente de la Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU de condenar a México por los actos de tortura que sufrieron cuatro civiles a manos de militares en Baja California Norte en junio de 2009.WOLA considera que la decisión del CAT y sus correspondientes medidas recomendadas representan una oportunidad para el gobierno mexicano de reconocer el problema de tortura en el país y establecer un precedente de efectiva investigación y procesamiento para romper con el patrón de impunidad que prevalece en casos de tortura.
En este caso, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión el 16 de junio de 2009 en Playas de Rosarito, estado de Baja California Norte. Con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas, elementos del Ejército sometieron a los cuatro hombres repetidas veces a actos de tortura y malos tratos durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana. Estos actos incluyeron descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, extracción de uñas y amenazas de muerte. Hasta la fecha, las cuatro víctimas se encuentran en prisión preventiva en un centro federal en el estado de Nayarit y tienen graves problemas de salud debido a la tortura y la ausencia de atención médica adecuada.
El CAT determinó que México violó varios artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual México es parte desde 1986. De acuerdo con esta convención, el CAT concluyó que el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas; de no haber impedido los actos de tortura durante la detención y el arraigo; de haber omitido una investigación oficiosa, inmediata e imparcial sobre los hechos de tortura; de no haber reparado a las víctimas y sus familiares de los daños; y de dictar el auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
A raíz de estas determinaciones, el CAT urge al gobierno de México a iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos; procesar y castigar “con penas adecuadas” a los responsables; determinar la inmediata puesta en libertad de las víctimas de tortura; conceder una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, a las víctimas del caso y sus familiares; eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanas para asegurar que toda violación a los derechos humanos sea de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.
Por todo lo anterior, WOLA solicita que el gobierno mexicano dé cumplimiento efectivo a las medidas recomendadas por el CAT, especialmente que las victimas recuperen la libertad y que los responsables de los hechos de tortura sean llevados ante un juez civil. Considera que las recomendaciones del CAT representan una oportunidad de reforzar salvaguardias para prevenir casos similares y demostrar un fuerte compromiso del gobierno de enfrentar el uso de tortura en México. La implementación de las recomendaciones del CAT señalará un esfuerzo sincero del gobierno para proteger a sus ciudadanos y reparar el daño que les ha afectado.
