El 14 de septiembre de 2010, WOLA, AIUSA, HRW y LAWG, junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos enviaron una carta al Congreso estadounidense afirmando que contrario al informe del Departamento de Estado, México no ha cumplido con los cuatro requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida. Por consiguiente, nuestras organizaciones afirman que el Congreso no debe entregar los fondos de la Iniciativa Mérida que fueron condicionados a estos requisitos en el presupuesto adicional de 2009 y el presupuesto general de 2010.
El 2 de septiembre de 2010, el Departamento de Estado emitió un informe al Congreso en el cual concluyó que México cumplía con los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida y expresó su intención de liberar cerca de US$ 36 millones de asistencia en seguridad que habían sido retenidos. No obstante, la investigación llevada a cabo por nuestras respectivas organizaciones y otros muestra claramente que México no ha cumplido de manera efectiva ninguno de los requisitos establecidos por el Congreso, especialmente los relacionados con el juzgamiento de abusos por parte de militares y hechos de tortura. Según el informe más reciente emitido por el Ejército mexicano, los tribunales militares han condenado a un sólo soldado en relación con violaciones de derechos humanos desde 2007 y ningún soldado ha sido juzgado por los tribunales civiles desde que se puso en marcha la Iniciativa Mérida en julio de 2008. Además, aunque el informe del Departamento de Estado enumera diversas medidas adoptadas por el gobierno mexicano para poner fin a la tortura, estas medidas no han logrado erradicar la práctica sistemática de la tortura para obtener confesiones.
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Maureen Meyer
Encargada del programa de Mexico y Centroamérica
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