Washington, D.C.—El 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar decidió remitir al fuero civil las investigaciones de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes en dos hechos separados fueron violadas sexualmente y torturadas por miembros del ejército mexicano en el estado de Guerrero en 2002. Además de significar una víctoria para estas mujeres que han luchado por más de nueve años por la justicia, esta decisión marca un paso importante al transferir casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares a los tribunales civiles, afirma la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
“Históricamente, la Procuraduría General de Justicia Militar no ha castigado a aquellos miembros que cometen violaciones contra civiles, lo que ha dejado a muchas víctimas sin justicia”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica en WOLA. Meyer agregó, “El caso de estas mujeres sienta un procedente histórico sobre cómo se van a manejar las violaciones de derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas”.
En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos fallos obligando al gobierno mexicano a transferir los casos de estas mujeres al fuero civil, pero por un año el gobierno mexicano no tomó los pasos para transferir los casos a la Procuraduría de Justicia General. Al mismo tiempo, el 12 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una decisión histórica, que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas deberán de ser juzgadas por tribunales civiles, lo que generó esperanza de que los casos de las mujeres y otros similares serían trasladados al fuero civil.
“Esta decisión es un paso adelante para poner fin a la impunidad que rodea a las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México”, dice Meyer, sin embargo advierte: “La transferencia de los casos de Inés y Valentina no significa el fin de la lucha de estas dos mujeres, pero sí una nueva etapa en la que esperamos haya un fin a favor de la justicia”.
Contacto:
Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica
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