Comunicado de Prensa
Washington, D.C.—En febrero de 2015, el señor Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra del jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López, por haber ofrecido una conferencia de prensa vinculada con el caso de genocidio que se sigue en Guatemala en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta conferencia se realizó en Madrid, España, en mayo de 2014. En la acusación penal, se alegó que el señor López había cometido los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros.
El pasado 13 de abril de 2015 se llevó a cabo la primera audiencia del caso, en la que el juez Darwin Homero Porras Quezada no permitió la participación del Ministerio Público ni del Fiscal Orlando López, a la vez, impuso como medida cautelar el arraigo del fiscal López, impidiendo así su salida del país. Posteriormente, Méndez Ruiz amplió la querella contra todos los y las fiscales que pertenecen a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, y les señaló de “pertenecer a un grupo delictivo organizado u organización criminal” por haber emitido un comunicado en el cual criticaban la resolución antes citada. El Juez Porras Quezada, admitió la ampliación de la querella.
Ante estos hechos, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las actuaciones de las autoridades judiciales en este caso. Todo parece indicar que las querellas presentadas no tienen sustento legal alguno y buscan intimidar a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para que cesen en su labor de investigar y procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Guatemala, sin embargo, el juez responsable del caso ha dado curso a estas acciones y ha violentado el derecho de defensa del fiscal López.
Adicionalmente, las manifestaciones del fiscal López objeto de la querella, se limitaron a aspectos de conocimiento público y ya referidos durante el juicio. Así, es evidente que tanto sus declaraciones como el apoyo expresado por su colegas fiscales, constituyen expresiones legítimas protegidas por su derecho a la libertad de expresión de manera que no pueden ser susceptibles de sanción.
Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, señaló que “los jueces, fiscales, defensores y defensoras públicos en tanto que funcionarios públicos gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión el cual además es necesario para explicar, por ejemplo a la sociedad, algunos aspectos de interés y relevancia nacional”.
Nos preocupa profundamente que estos actos formen parte de una campaña en contra de los operadores de justicia que actúan en forma independiente e imparcial con el único objeto de impedir el acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Exhortamos al Estado de Guatemala y en particular al Poder Judicial para que asegure que en este caso, así como en otros similares, se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, no se permita el uso del derecho penal para criminalizar a las y los operadores de justicia por realizar su labor profesional, y no se toleren las expresiones de odio ni las acciones de intimidación hacia las personas que cumplen con su función de garantía de derechos humanos.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Open Society Justice Initiative (OSJI)
CONTACTOS:
WOLA: Jo-Marie Burt, Senior Fellow, jmburt.wola@gmail.com
CEJIL: Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México, maguiluz@cejil.org
DPLF: Leonor Arteaga, Program Officer, larteaga@dplf.org
GHRC: Kelsey Alford-Jones, Directora, kajones@ghrc-usa.org
PLATAFORMA: Anabella Sibrián, representante@plataforma.org.gt
OSJI: Liliana Gamboa, Program Officer, liliana.gamboa@opensocietyfoundations.org
