Comunicado de Prensa
El brutal asesinato de Lesbia Janeth Urquía subraya el patrón preocupante de violencia contra defensores de derechos humanos en Honduras
Washington, DC—El miércoles 6 de julio, las autoridades hondureñas confirmaron la muerte de Lesbia Janeth Urquía, activista ambiental y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada y dirigida por Berta Cáceres. En el contexto de aún otro asesinato de un defensor de los derechos humanos en el país, las autoridades hondureñas deben llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de este crimen, y condenar a todos los responsables.
“El brutal asesinato de Lesbia Urquía revela la alarmante situación en la que se encuentran quienes defienden los derechos humanos en Honduras”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora principal del programa en WOLA sobre seguridad ciudadana. “Es imperativo que las autoridades hondureñas lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del asesinato, y que garanticen que los autores tanto materiales como intelectuales sean llevados ante la justicia”.
Urquía era una líder indígena y defensora del medioambiente y los recursos naturales en el occidente de Honduras. Su asesinato ocurrió sólo cuatro meses después del asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres, el cual enfocó la atención internacional sobre la peligrosa situación de defensores de derechos humanos en Honduras. Dos semanas después de la muerte de Cáceres en marzo, Nelson García, otro miembro de COPINH, fue asesinado. El mes pasado, René Martínez, defensor destacado de los derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) también fue asesinado en San Pedro Sula.
Según informes, Urquía desapareció la mañana del martes, 5 de julio y su cuerpo fue encontrado al día siguiente cerca de un basureo en el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz. Ella había sufrido un trauma severo en la cabeza, y conforme informes iniciales, su cuerpo reveló signos de posible tortura. En una declaración hecha el jueves, el Ministerio Público de Honduras anunció la formación de un equipo especial para investigar el crimen.
“Estamos en un momento en que la ayuda de Estados Unidos a Honduras está bajo revisión. Será muy difícil justificar la entrega de asistencia a autoridades de Honduras a menos que el gobierno resuelva este caso y tome medidas significativas y serias para hacer frente a lo que parece ser un patrón de represión contra defensores de los derechos humanos en el país”, dijo Beltrán.
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