(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

2 Jun 2021 | Pronunciamiento conjunto

La vicepresidenta Harris debería abordar temas de derechos humanos y Estado de derecho en su primera visita a México y Guatemala

La Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos, el Latin American Working Group, Robert F. Kennedy Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional lanzaron este pronunciamiento conjunto en anticipación de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México y Guatemala.

En su primer viaje internacional como vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris visitará Guatemala y México el 7 y 8 de junio. En marzo, el presidente Joe Biden encomendó a Harris la tarea de liderar los esfuerzos del gobierno para abordar, conjuntamente con México y Centroamérica, las causas de la migración regional, entre ellas la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

El reconocimiento del gobierno estadounidense a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y combatir la desigualdad y la inseguridad económicas en la región es un cambio positivo después de las desastrosas políticas del gobierno de Trump. No obstante, nos preocupa la posibilidad de que, en nombre de establecer acuerdos de control migratorio para limitar el número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México, el gobierno de Biden omita abordar algunos de los temas urgentes de derechos humanos, estado de derecho y gobernanza, que deberían ser conversados con los gobiernos de México y Guatemala.

México y Guatemala han implementado mayores medidas de control migratorio, en parte como resultado de la presión de Estados Unidos. Sin embargo, dichas medidas no representan una respuesta efectiva e integral a la migración, ni tampoco deberían ser un pretexto para evitar conversaciones sobre la corrupción, la inseguridad, la independencia judicial y los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y funcionarios y funcionarias judiciales.

En Guatemala, el Estado de derecho se ha deteriorado rápidamente a partir del cierre en 2019 del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo auspiciado por las Naciones Unidas. En los últimos meses, ha habido ataques alarmantes contra la independencia judicial por parte de élites corruptas y redes criminales, quienes buscan garantizar la impunidad de sus propios crímenes y revertir los avances logrados en la consolidación del Estado de derecho. Guatemala no podrá abordar la corrupción sistémica ni lograr reformas estructurales esenciales si no cuenta con un poder judicial imparcial e independiente y un sistema eficaz de contrapesos.

En abril, el Congreso de Guatemala impidió la juramentación de una magistrada anticorrupción electa para otro mandato en la Corte de Constitucionalidad; y en cambio, sí juramentó a magistradas y magistrados acusados ​​de corrupción y otras irregularidades, quienes tienen estrechos vínculos con el gobierno y con el ejército. Estas acciones son motivo de gran preocupación porque en los últimos años la Corte de Constitucionalidad ha desempeñado un papel fundamental en la protección del Estado de derecho en el país. Además, durante más de dos años, el Congreso de Guatemala se ha negado a cumplir con un fallo judicial sobre el proceso de selección y confirmación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, en el marco de una investigación que reveló cómo personas nominadas, miembros del Congreso y personas intermediarias externas han intentado influir en la composición de la Corte.

Los ataques al Estado de derecho también incluyen una campaña sistemática que busca silenciar a quienes han estado al frente de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Fiscales, jueces e integrantes de la Corte de Constitucionalidad han sido objeto de acciones legales y demandas maliciosas. Periodistas independientes y actores de la sociedad civil que abogan por una mayor rendición de cuentas también han sido víctimas de campañas de difamación y hostigamiento. Es preocupante que, en las últimas semanas, la nueva composición de la Corte de Constitucionalidad haya anulado un fallo anterior que impedía provisionalmente que una polémica ley dirigida contra las ONGs entrara en vigor. La ley otorga al gobierno la potestad de disolver cualquier ONG sin tener que pasar por algún procedimiento legal ni proporcionar mecanismos de revisión judicial y de apelación, y le da un mayor control sobre los fondos provenientes de fuentes internacionales.

En México, preocupan la seguridad, el Estado de derecho, la independencia judicial, las violaciones de derechos humanos y el papel de las fuerzas armadas. El gobierno mexicano no ha logrado avanzar de manera importante en desafíos estructurales como desmilitarizar la seguridad pública y mejorar significativamente la investigación y persecución de los delitos. También ha buscado repetidamente debilitar los controles sobre el poder ejecutivo, promoviendo reformas a organismos judiciales y de procuración de justicia que reducen la independencia y la rendición de cuentas de estas instituciones.

El Congreso mexicano recientemente aprobó reformas legislativas que revierten varios avances logrados en el diseño institucional de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar los delitos federales en México, incluyendo la delincuencia organizada. Las reformas debilitan las garantías de rendición de cuentas e independencia política de la FGR en un contexto en que la actuación de esta institución en diversos momentos ha puesto en duda su autonomía del presidente.

Al mismo tiempo, el presidente López Obrador ha otorgado al ejército mexicano un papel cada vez mayor en tareas civiles, tanto dentro como fuera del sector de la seguridad pública, a pesar de que el despliegue militar en tareas policiales durante los últimos 15 años ha exacerbado la violencia y provocado graves violaciones de derechos humanos. También es preocupante que el Congreso mexicano, donde el partido oficial tiene mayoría, haya aprobado una reforma en abril que amplía de manera inconstitucional los mandatos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, vista como una acción diseñada para prolongar una configuración del poder judicial que es favorable para el presidente. El presidente López Obrador planea reformas para eliminar varios organismos autónomos, incluyendo el instituto encargado de garantizar el acceso a la información pública. También ha buscado en repetidas ocasiones deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil y a periodistas que percibe como críticos de su gobierno, una narrativa oficial preocupante en un país donde muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan amenazas, ataques y asesinatos.

En medio de estas preocupantes tendencias de derechos humanos, integrantes del gobierno de Biden han elogiado a los gobiernos de México y Guatemala por sus medidas militarizadas de control migratorio —acciones que provocan más violaciones de derechos humanos. En la reunión de abril entre el presidente guatemalteco Giammattei y la vicepresidenta Harris, los gobiernos anunciaron un acuerdo para que Estados Unidos capacite a miembros de una fuerza de tarea guatemalteca especializada, encargada de la seguridad fronteriza y del control migratorio. Reportajes de prensa previos a la reunión de Harris con López Obrador en mayo revelaron que autoridades estadounidenses están discutiendo propuestas para acciones adicionales contra la migración, incluida una posible solicitud de que México aumente las detenciones y deportaciones de personas migrantes. Las declaraciones posteriores a estas reuniones no mencionaron acciones para ampliar el acceso al asilo u otras formas de protección internacional, como fortalecer las capacidades del organismo encargado del asilo de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Tampoco hay indicios claros de cuándo EE UU alineará sus políticas fronterizas con sus obligaciones legales e internacionales para permitir el acceso a su sistema de asilo, empezando con poner fin a las expulsiones bajo el Título 42.

La priorización de acciones de disuasión y control migratorio por encima del acceso a la protección pone en peligro la seguridad de miles de familias e individuos que huyen de sus países de origen para salvar sus vidas. Ampliar la cooperación con México, Guatemala y otros países de la región para abordar las causas de la migración no será eficaz a menos que ponga en el centro el apoyo a la democracia y el Estado de derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, jueces y fiscales que valientemente denuncian la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

En una reunión clave con cuatro mujeres que han liderado el sistema de justicia de Guatemala y ahora están amenazadas por su trabajo, la vicepresidenta Harris expresó la importancia de defender el Estado de derecho y combatir la corrupción en el país. Abordar estos temas estructurales de buena gobernanza, independencia judicial y el papel fundamental que juegan las organizaciones, periodistas y personas defensoras de la lucha contra la corrupción debe seguir siendo la prioridad del gobierno de Biden en sus relaciones con los países de Centroamérica y México. Esperamos que la vicepresidenta y el Departamento de Estado continúen mostrando su apoyo a líderes de la sociedad civil, jueces y juezas, fiscales y otros actores en Guatemala y otros países de la región que defienden los derechos humanos y el Estado de derecho.