WOLA (la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos), una organización líder en investigación y derechos humanos, les hace llegar una nueva declaración que realizó el día de ayer el Senador estadounidense Patrick Leahy (D-Vermont) sobre justicia y el Estado de derecho en Centroamérica en seguimiento a la declaración emitida la semana pasada.
En particular, el Senador Leahy reconoció la importancia de la labor y colaboración entre la Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado de la CICIG Iván Velásquez en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Senador dio la bienvenida a la declaración pública del Presidente Morales en apoyo a la CICIG y al Comisionado Velásquez, particularmente ahora que se inician las discusiones sobre la continuidad de la ayuda de Estados Unidos a la región para apoyar el Plan de Alianza para la Prosperidad.
El Senador Leahy es el principal demócrata del Subcomité de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero del Senado, y por lo tanto juega un papel clave en asegurar que los fondos de la cooperación estadounidense son utilizados de manera efectiva.
En su declaración, el Senador Leahy enfatizó que “para que el Plan de Alianza para la Prosperidad tenga éxito, cada uno de los gobiernos centroamericanos necesita tomar medidas que sus predecesores no estaban dispuestos o no podían tomar. Estos pasos incluyen:
- Garantizar que altos funcionarios gubernamentales y sus asesores sean personas de integridad.
- Redefinir la relación antagónica entre el gobierno y la sociedad civil, hacia una de respeto mutuo dado el legítimo papel que juega cada uno.
- Apoyar plenamente los esfuerzos para combatir la corrupción realizados por la CICIG y por la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. El Salvador también debería reconocer el importante papel que estas entidades están desempeñando y apoyar el establecimiento de una comisión similar para combatir la corrupción y la impunidad en ese país.
- Incrementar el presupuesto de la Oficina del Fiscal General, para que cuente con el personal, la capacitación, el equipo y la protección necesaria para cumplir con sus responsabilidades en todo el país, especialmente en áreas donde nunca han tenido los recursos para operar.
- Apoyar la independencia del poder judicial, incluyendo la selección de jueces con base en el mérito y capacidades, y en el principio de la igualdad de acceso a la justicia.
- Crear instituciones democráticas, transparentes y responsables que puedan resistir los intentos de subvertir los derechos de la gente, incluyendo la desmilitarización de la seguridad pública y la creación de fuerzas policiales profesionales y civiles”.
La declaración completa puede verse en su forma original aquí y en español aquí.
