Michael M. Santiago/Getty Images
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La presidenta Xiomara Castro hizo campaña prometiendo combatir la corrupción en Honduras. Sin embargo, tras casi dos años en el poder, los avances han sido escasos. En febrero de 2022, pocas semanas después de su toma de posesión, Castro invitó a las Naciones Unidas a iniciar el proceso para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), creen podría marcar la diferencia, dada la falta de independencia judicial y de capacidad institucional del país para abordar la impunidad estructural. El vecino, Guatemala, puso en marcha con éxito un organismo similar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre 2007 y 2019. Pero poner en marcha la comisión en Honduras requerirá que el Congreso apruebe reformas impopulares, así como contar con voluntad política y el respaldo de la comunidad internacional.
¿Por qué Honduras necesita un organismo internacional para combatir la corrupción?
En enero de 2022, la presidenta Castro asumió el cargo en un país con un Estado de derecho quebrantado, con redes ilícitas incrustadas en la administración pública en todos los niveles. El crimen organizado estaba arraigado en las más altas esferas del gobierno, como demostró en abril de 2022 la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y armas de fuego. Hernández y sus predecesores no abordaron eficazmente los elevados niveles de impunidad, y negaron al pueblo hondureño el acceso a la justicia. En 2022, Honduras ocupó el puesto 157 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y el 119 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project en 2023.
La idea de un mecanismo internacional no es nueva para Honduras. En 2016, ante la falta de un poder judicial independiente, capaz de dirigir las investigaciones penales, la Organización de Estados Americanos apoyó una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pero su mandato expiró en 2020. Desde entonces, se han producido varios reveses en los esfuerzos anticorrupción en Honduras. Se introdujeron reformas legales para obstaculizar la lucha contra la corrupción, como leyes que impiden la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y el lavado de dinero, así como otras que reducen las penas por corrupción y que sancionan a activistas de la sociedad civil, así como a periodistas que luchan contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.
¿Qué medidas son necesarias para establecer un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción respaldado por ONU?
Tras una serie de discusiones y negociaciones, el 15 de diciembre de 2022, Honduras y las Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento (MOU), en el que se identificaban las condiciones, incluidas las reformas legales, requeridas antes del establecimiento de la CICIH. Posteriormente, la ONU nombró un grupo de expertos que realizó varias visitas a Honduras. En su última visita en octubre de 2023, discutieron los resultados del viaje y los preparativos para avanzar en la negociación del proyecto de acuerdo presentado por la presidenta Castro.
En cuanto a las reformas legales que fueron un obstáculo para investigar y enjuiciar la corrupción, el Congreso Nacional de Honduras ha logrado algunos avances desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a miembros del poder legislativo en su lista de sanciones de visados conocida como “lista Engel”. En julio de 2023, el Congreso derogó el Decreto 57-2020, que había impedido la incautación de documentos a personas acusadas de corrupción, y reformó el Decreto 93-2021 sobre lavado de dinero. En agosto de 2023 derogó el Decreto 116-2019, que protegía a los funcionarios públicos de las investigaciones fiscales sobre el uso de fondos públicos. Sin embargo, se necesitan más reformas. Por ejemplo, según los expertos de la ONU, el Congreso de Honduras debe derogar las disposiciones del Decreto 130-2017 del Código Penal, que reduce sustancialmente las penas por corrupción y crimen organizado, y el Decreto 117-2019, que incorpora la inmunidad parlamentaria, impidiendo que los diputados implicados en casos de corrupción rindan cuentas.
Además de estas reformas, se necesitan dos procesos paralelos para que la CICIH pueda avanzar. Aunque se requieren mutuamente, uno no depende del otro y cada fase puede avanzar por separado:
a. Resolución de la ONU
La Asamblea General de la ONU debe aprobar una resolución que otorgue al Secretario General un mandato y la facultad para establecer la CICIH. Este proceso debe ser liderado por el gobierno hondureño, pero su solicitud se limitó a la asistencia técnica para enfrentar la corrupción. Debe solicitar explícitamente un mecanismo internacional.
b. Acuerdo entre la Secretaría General de la ONU y el Gobierno
Para el último paso, la Secretaría de la ONU y el gobierno de Honduras deben negociar un convenio, estar de acuerdo en que se han cumplido las condiciones mínimas, emitir un dictamen favorable y acordar los términos del convenio y firmarlo.
¿Cómo podemos garantizar una CICIH eficaz?
Aparte de las reformas legales, para ser eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la CICIH debe tener un mandato claro que le permita operar de forma independiente con el pleno apoyo de las instituciones hondureñas. La MACCIH no fue muy eficaz debido a su limitado alcance.
También es necesario aclarar el marco legal que permitirá a la comisión investigar de forma independiente la corrupción y perseguir los delitos junto con el Ministerio Público. La CICIH necesitará independencia sobre qué casos investigar, independientemente de la afiliación política. Para ello, los miembros de la CICIH deben ser elegidos por un proceso independiente, no seleccionados a mano por la administración de Castro, como se ha propuesto durante las negociaciones.
Por último, como organismo de la ONU, los miembros de la CICIH necesitarán protección para poder llevar a cabo su trabajo. Las investigaciones sobre corrupción de alto nivel y crimen organizado conllevan serios riesgos. La ONU debe dar su pleno apoyo al personal de la CICIH, garantizando su seguridad mientras investigan casos delicados con vínculos con el crimen organizado y redes violentas. El gobierno hondureño también debe garantizar la inmunidad diplomática de los miembros de la CICIH para protegerlos de represalias, particularmente tras la criminalización de exfuncionarios de CICIG.
¿Cuáles son los principales obstáculos?
De instalarse, la CICIH requerirá del apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Organismo Judicial para enfrentar eficazmente la impunidad y desmantelar las redes ilícitas. El 1 de septiembre, el Congreso debía nombrar un fiscal general y un fiscal general adjunto, pero tras varias semanas de estancamiento del proceso, el 1 de noviembre el partido gobernante LIBRE utilizó una solución procesal para colocar a su candidato preferido como interino. En medio de violencia y desacuerdos, se instaló una Comisión Permanente del Congreso que celebró una sesión extraordinaria para designar a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, ambos en calidad de interinos.
Un Congreso dividido y la falta de voluntad política de la presidenta podrían complicar la aprobación de las reformas y enmiendas pendientes.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
En Honduras, la corrupción y la impunidad generalizadas perjudican a los ciudadanos a diario; abordar estos problemas es esencial para proteger los derechos humanos. A raíz de un proceso retrasado para establecer la CICIH, la comunidad internacional debe desempeñar un papel activo para impulsar el avance del proceso. Esto incluye:
El Congreso de Estados Unidos debería continuar apoyando a la sociedad civil en Honduras, abogando por su inclusión en el establecimiento de la CICIH y la selección del nuevo fiscal general. El Congreso también debería garantizar una financiación sólida para la CICIH si se cumplen las condiciones para su autonomía y funcionamiento adecuado. Los miembros del Congreso también deberían continuar emitiendo declaraciones públicas de apoyo a la instalación de este órgano crítico.
