Washington, DC—Hoy, después de más de dos años de debate, el Congreso de México dio un paso importante para mejorar la situación de derechos humanos al aprobar la “Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad del gobierno para investigar casos de desaparición y buscar a personas desaparecidas. La ley todavía debe ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, México debe mostrar la voluntad política para implementar la nueva ley pronta y completamente, lo que será un desafío importante dado el historial irregular del gobierno en la implementación de reformas legales, según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas.
“Mientras la aprobación de la Ley General de Desaparición es un buen avance, su implementación efectiva será fundamental para las miles de familias que buscan incansablemente a sus seres queridos”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA. “En el momento en que la ley sea vigente, las autoridades en México deben cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos e investigar a los agentes estatales y grupos criminales que cometen desapariciones”.
De acuerdo con la base de datos oficial del gobierno mexicano, al menos 33.000 personas han desaparecido en el país desde el 2007. Sin embargo, la mayoría de los casos nunca se investigan adecuadamente y todavía se desconoce el paradero de miles de personas desaparecidas. El gobierno mexicano solo ha reportado seis sentencias condenatorias a nivel federal por desapariciones forzadas en México y muchos de estos casos se refieren a incidentes ocurridos antes de 2007. Esta impunidad generalizada ha tenido un alto costo para la sociedad mexicana: en el 2016 México sufrió el mayor número de desapariciones registradas, con casi 5.000 personas desaparecidas, un promedio de 14 personas por día.
La nueva Ley General de Desaparición establece una serie de medidas y protocolos que, si se implementan correctamente, desempeñarán un papel crítico para terminar con esta crisis. La ley unifica la definición penal de desaparición forzada de conformidad con estándares internacionales y asigna roles claros a los diferentes organismos gubernamentales responsables de manejar estos casos, eliminando en parte las supuestas “complejidades jurisdiccionales” en que las autoridades a menudo justifican la falta de resultados en la investigación de desapariciones. La nueva ley también ordena la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y una Comisión Nacional de Búsqueda para que los familiares de los desaparecidos ya no tengan la carga de liderar los esfuerzos para buscar a sus seres queridos ni de realizar sus propias investigaciones, dado el poco apoyo que reciben de las autoridades.
Sin embargo, como WOLA ha mencionado anteriormente, aspectos importantes de la ley aprobada podrían mejorarse para fortalecer las investigaciones y la búsqueda de personas. El texto actual de la ley no aclara la forma en que las autoridades federales y locales se coordinarán para buscar en forma inmediata y exhaustiva a las personas desaparecidas. Tampoco regula la cadena de mando y con ello podría dificultar las investigaciones de los superiores jerárquicos de agentes estatales que cometan desapariciones forzadas. Otro problema es la distinción que la ley hace entre “persona desaparecida” y “persona no localizada”, lo cual puede llevar a casos de desapariciones forzadas que se consideren como desapariciones voluntarias. A pesar de estas limitaciones, hay espacio para que las autoridades que tengan voluntad política sigan mejorando y fortaleciendo la ley y es por ello que su aprobación es un paso fundamental para resolver las miles de desapariciones en México. Y también es por ello que el Presidente Pena Nieto debe promulgarla inmediatamente.
“Aún con sus limitaciones, la Ley General es un importante punto de partida para acabar con la práctica generalizada de desapariciones en México”, dijo Meyer. “Ahora toca al gobierno mexicano asegurar que hayan suficientes recursos para implementar la ley y para poner en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda y, con ello, acercar la justicia a las personas desaparecidas y sus familias”.
