Washington DC a 29 de junio de 2018.- Tras el rechazo del Congreso Nacional de Honduras a la primera propuesta de candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto formulada por la Comisión Especial para la preselección de tales funcionarios, se prevé que el día de hoy el pleno del Congreso vote la segunda propuesta proveniente de la Comisión. En ese sentido, en las manos de las legisladoras y legisladores descansa la última oportunidad para rectificar un proceso que se ha caracterizado por la premura y la opacidad.
Cabe recordar que en el marco del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en la República Dominicana durante el pasado mes de mayo, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con otras organizaciones internacionales y hondureñas, llamaron la atención de la CIDH sobre la falta de mecanismos de participación ciudadana efectivos y el preocupante hermetismo con el que se desarrolló el mandato de la Junta Proponente. Más aún, en seguimiento a dicha llamada de atención, tanto la propia CIDH como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán , y posteriormente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, se pronunciaron exhortando a las autoridades hondureñas a proteger la integridad del proceso de designación dada la centralidad de la figura del Fiscal General en la lucha contra la corrupción e impunidad.
A pesar de las múltiples recomendaciones realizadas por la sociedad civil local y la comunidad internacional, la inexplicable velocidad del proceso no decreció y, al contrario, una vez que la Junta Proponente envió la lista final de candidata/os al Congreso, la Comisión Especial ha acelerado de manera preocupante la tramitación de la elección sin dar cabida a un necesario escrutinio público suficiente respecto de los criterios que les llevaron a decantarse por los nombres anunciados el día de ayer y los que serán anunciados el día de hoy.
El avance que ha hecho Honduras en el combate contra la corrupción solamente podrá continuar si existe una Fiscalía General autónoma e independiente, con un compromiso probado con los derechos humanos, la democracia, y el estado de derecho. Para ello, la Fiscalía requiere una persona con liderazgo y que abrace la lucha contra impunidad. Sin embargo, sin el desarrollo de una designación transparente y participativa que culmine con el nombramiento de un nuevo Fiscal General, la selección de un funcionario de calidad se deja al azar. Y ello, en sí mismo – como ya lo han señalado los organismos internacionales de derechos humanos-, constituye una violación a los compromisos internacionales del Estado en esta materia.
Aún hay tiempo para que el Congreso Nacional rectifique. La comunidad internacional está observando.
Las siguientes organizaciones son signatarias de esta declaración:
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
