13 de octubre de 2018 – Las organizaciones internacionales de derechos humanos que firman este comunicado expresamos nuestra consternación y absoluta oposición a la iniciativa que busca separar de sus funciones al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade.
El día 12 de octubre, el Diputado Fernando Linares-Beltranena presentó una solicitud de destitución a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, alegando que el Procurador Rodas ha actuado en contra de la Constitución y la ley. La solicitud plantea algunas acusaciones claramente espurias, con el fin de intimidar y criminalizar el trabajo legítimo del Procurador. Entre ellas, se le cuestiona por defender el derecho humano a la protesta pacífica así como por haber defendido la independencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y específicamente la presencia del Comisionado Iván Velásquez en Guatemala.
Esta nueva amenaza en contra del Procurador ocurre una semana después de su participación en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denunció las acciones del gobierno guatemalteco para socavar el desempeño de la CICIG y del Comisionado Velásquez, así como el impacto de estas acciones en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.
Cabe recordar que desde su nombramiento en julio de 2017 (electo por 131 de los 133 diputados presentes), el Procurador Rodas se ha caracterizado por su defensa irrestricta de los derechos humanos de la población así como del Estado de Derecho. De manera consistente y en cumplimiento de sus obligaciones legales, el Procurador ha interpuesto acciones legales para frenar actos arbitrarios de abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo. En represalia por esa labor, el Procurador ha sido víctima de constantes amenazas y otros esfuerzos de destituirlo. De hecho, producto de esta situación de riesgo, la CIDH le otorgó medidas cautelares y por lo tanto el Estado guatemalteco está obligado a salvaguardar su vida e integridad, así como a garantizar su independencia.
La acción del Diputado Linares-Beltranena, se suma a otra iniciativa, también interpuesta por él, en la que se busca modificar la Ley en Materia de Antejuicio, es decir, se pretende eliminar el control previo que ahora ostenta la Corte Suprema de Justicia para que los y las diputadas puedan directamente remover a integrantes de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, el Procurador de Derechos Humanos y el Fiscal General. Esta iniciativa ya ha avanzado hasta la segunda lectura en el Congreso y de ser aprobado, representaría una amenaza significativa a la independencia de esas entidades.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes rechazamos toda acción que busca intimidar, criminalizar o limitar el cumplimiento de las funciones del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y en general, de las y los operadores de justicia del país que defienden los derechos humanos.
Recordamos que en su Resolución 1/17 del 12 de septiembre de 2017 sobre Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la obligación que tiene el Estado de Guatemala de respetar y garantizar la independencia de este tipo de órganos estatales, ya que de ello depende una lucha efectiva contra la corrupción.
Exhortamos a la comunidad internacional a seguir sumando esfuerzos para que cese esta ola de ataques y regresiones en Guatemala, y se respete la independencia de poderes como paso necesario para avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
- Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
- Impunity Watch
- Oxfam America
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Washington Office on Latin America (WOLA)
