Washington, DC y Buenos Aires—La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instan a Uruguay a investigar las amenazas circuladas ampliamente por WhatsApp el pasado sábado 23 de noviembre, firmadas por el autodenominado “Comando Barneix”, en la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El Estado debería tomar medidas para garantizar la identificación de quien o quienes circulan tales amenazas y asegurar la no repetición de los hechos.
El nombre del grupo hace referencia al general en retiro Pedro Barneix quien luego de ser procesado en 2015 por el asesinato de Aldo Perrini durante la dictadura militar, se quitó la vida. Esta es la segunda vez que un grupo con este nombre lanza una serie de amenazas. La primera amenaza de muerte, en el 2017, fue dirigida a 13 personas, entre ellas funcionarios públicos y defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo se relaciona con la rendición de cuentas para graves crímenes cometidos durante la dictadura.
Después de casi tres años de silencio, el Comando Barneix reapareció este sábado, en vísperas de las elecciones generales en Uruguay, con una serie de mensajes que “ordenaban” a los ciudadanos a votar por el candidato Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, “con el apoyo de nuestro Comandante Gral. de Ejército Guido Manini Ríos” quien ejerció como comandante de las Fuerzas Armadas hasta su destitución en marzo del 2019 por el Presidente Tabaré Vásquez a raíz de críticas lanzadas en contra de la justicia uruguaya frente al juzgamiento de a varios militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Los mensajes asimismo continuaban diciendo que “las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos como tratar a los traidores”. Terminaba con una citación bíblica y con las siguientes frases: “Empezamos a volver. Comando Barneix”.
Estas amenazas preocupantes ocurren en un contexto de tensión en el país de cara a las elecciones, en las cual se han conocido otros hechos y pronunciamientos por parte del sector militar que son contrarios al principio democrático de no intervención de las fuerzas armadas en la política. Los pronunciamientos incluyen un llamado de Manini Ríos, ahora senador electo, a votar por el candidato del Partido Nacional, y pronunciamientos de referentes militares que son contrarios a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y las garantías de verdad, justicia y reparación para los crímenes cometidos durante de la dictadura de los 70 y 80s.
“Es sumamente preocupante que grupos anónimos como el Comando Barneix, así como militares en retiro, apelen al uso de las amenazas con la clara intención de influenciar el resultado de las elecciones generales en Uruguay”, señaló Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. “Si bien el Ministro de Defensa rechazó el contenido de los diferentes comentarios, es urgente que el Estado actúe formalmente para que no se vuelva a repetir en el futuro, pues amenazas e intervenciones de este tipo generan un clima de miedo y de intimidación que son inadmisibles en un Estado democrático”.
“El Estado debe tomar medidas firmes para investigar de forma exhaustiva la procedencia de los mensajes y la actuación de este grupo criminal, tarea que Uruguay tiene ya pendiente desde que las primeras amenazas fueron denunciadas en 2017”, destacó María Noel Leoni, directora del programa del Cono Sur y Bolivia de CEJIL. “Es imperativo que las autoridades uruguayas y actores políticos repudien de forma contundente estas amenazas y pronunciamientos, destacando que las fuerzas armadas no deben tener rol alguno en la actividad política y en tareas de orden público, a modo de resguardar y fortalecer la profunda tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de este país”.
