WOLA aplaude la decisión de la administración Biden del 20 de septiembre de volver a designar y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas ciudadanas venezolanas por 18 meses, aplicable a aquellas se encuentren en Estados Unidos desde antes del 31 de julio de 2023.
El TPS proporciona un estatus legal temporal, incluyendo el acceso inmediato a una autorización de trabajo, para personas cuyo país está experimentando condiciones que temporalmente “impiden que los y las nacionales del país regresen de manera segura, o en ciertas circunstancias, donde el país no puede manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales.”
Además de los más de 242.700 titulares actuales del TPS de Venezuela, se estima que aproximadamente 472.000 personas ciudadanas venezolanas adicionales serán elegibles bajo esta redesignación.
Según la ley de asilo estadounidense (modificada en 1996) las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos no pueden obtener una autorización de trabajo hasta que su solicitud tenga seis meses de antigüedad. Estas personas solicitantes de asilo quieren trabajar y los empleadores quieren contratarlos en un momento de desempleo casi récord. Pero la ley les prohíbe obtener ingresos legales, razón por la cual algunos alcaldes y gobernadores estadounidenses han señalado una sobrecarga en los servicios públicos. La designación de TPS es un paso necesario para resolver un problema causado por una ley estadounidense anticuada que sólo el Congreso puede cambiar.
Las personas de Venezuela que llegan a Estados Unidos huyen del régimen de Nicolás Maduro y de violaciones masivas de derechos humanos cometidas en medio de una emergencia humanitaria. La inseguridad alimentaria, la desnutrición y el colapso de servicios públicos como la salud y la educación se encuentran entre las principales razones que han obligado a más de 7,7 millones de personas de Venezuela a emigrar. Esto, sumado a una tasa de inflación interanual del 422 por ciento y un salario mínimo de alrededor de cinco dólares estadounidenses, deja a las personas venezolanas pocas alternativas más que buscar refugio en otro lugar.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela ha encontrado, de manera consistente, que hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Su último informe documenta la represión selectiva y el cierre del espacio cívico. Las personas de Venezuela están siendo sometidos a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, criminalización de la disidencia, censura y descalificaciones políticas. Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación en curso en la Corte Penal Internacional. Es esencial, desde una perspectiva de derechos humanos, que Venezuela encuentre un camino hacia la restauración de la democracia.
Esta reciente decisión en torno al TPS es parte de una expansión significativa bajo la administración de Biden de vías legales para personas migrantes y solicitantes de asilo. El 18 de septiembre, el TPS fue extendido para personas originarias de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán. Pero Guatemala aún no ha sido designada para el TPS, a pesar de repetidas solicitudes por parte de congresistas, organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno guatemalteco.
Asimismo, a julio de 2023, cerca de 160.000 personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití llegaron a EE.UU. en los primeros seis meses del nuevo programa de parole, que permite el ingreso de hasta 30.000 personas por mes para nacionales de estos países que puedan ser patrocinados por una persona estadounidense y cumplan con otros criterios.
En junio de 2023, los signatarios de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección reafirmaron su objetivo común de promover la estabilidad y la asistencia a las comunidades más afectadas por los flujos de personas migrantes y refugiadas; ampliar las vías legales para la migración y la protección internacional; y gestionar nuestras fronteras humanamente.
En 2022, la administración Biden había proporcionado más de US$800 millones para apoyar una respuesta regional a la migración y ha solicitado fondos adicionales en el presupuesto del año fiscal 2024 para abordar las causas raíz de la migración y apoyar la gestión hemisférica de la migración, incluyendo vías legales mejoradas y acceso a protección.
Si bien son medidas importantes, WOLA continúa alarmada por la continua presión de Estados Unidos sobre los gobiernos de la región para que reduzcan los flujos migratorios y restrinjan los viajes, lo que ha empujado a migrantes y solicitantes de asilo a manos de traficantes de personas, exponiéndolos a mayores riesgos y abusos y ha impedido el acceso a protección. Seguimos opuestos a las medidas ilegales adoptadas por la administración Biden que limitan y restringen el acceso al asilo en la frontera.
