(AP Photo/Moises Castillo)

27 Oct 2021 | Pronunciamiento conjunto

Aumenta el riesgo de violaciones contra el derecho a la vida y contra defensoras de derechos humanos en Guatemala, incluyendo organizaciones internacionales de acompañamiento como ACOGUATE

Las organizaciones internacionales que suscribimos este memorial lamentamos y condenamos los recientes ataques en contra de organizaciones de derechos humanos que brindan acompañamiento internacional a personas y organizaciones del movimiento social y de derechos humanos en Guatemala. Es el caso de ACOGUATE, una organización de reconocida trayectoria y honorabilidad que trabaja en el país desde hace más de veintiún años.

El pasado 12 de octubre del 2021, ACOGUATE realizó la observación internacional de la actividad denominada “Marcha por la Dignidad”. Posteriormente a ello, ACOGUATE ha sido objeto de  amenazas en redes sociales por personas particulares y por algunas autoridades del país, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y el ex Ministro de Gobernación, así como la Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz. El abogado de la municipalidad capitalina, Jorge Mario de Jesús Cajas, ha buscado criminalizar a ACOGUATE al  solicitar una investigación judicial a la organización internacional. Además, el grupo denominado Guatemala Inmortal presentó una querella en contra de ACOGUATE, así como contra el Comité de Unidad Campesina (CUC), y desde su página web ha dirigido mensajes de amenazas,  odio, y  difamación contra estas organizaciones.    

Ante tales hechos las organizaciones internacionales expresamos nuestra solidaridad con ACOGUATE y con el CUC, y exigimos a las autoridades del Estado de Guatemala respetar a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de la manifestación pacífica.  Asimismo solicitamos a la comunidad internacional que analice su apoyo a Guatemala y asegure que no se esté financiando a instituciones estatales o de la iniciativa privada que tienen  vínculos con grupos que criminalizan, amenazan y violentan los derechos humanos de comunidades indígenas,  organizaciones y  defensores y defensoras de derechos humanos.